“El asunto no es crear miedo o paranoia, pero debemos estar preparados”. Esa idea fue repetida a finales de julio en diversas reuniones de cualquier ministerio y/o sistema organizado vinculado al gobierno nacional venezolano. La mayoría de los funcionarios públicos la escucharon y debatieron.

Era el ego herido y la lección aprendida de los que se vieron desorganizados durante el golpe de estado de abril del 2002, que duró pocas horas. La experiencia marcó al oficialismo. Ocho años después, el conflicto colombo-venezolano más grave de los últimos cien años levantaba todas las sospechas y alarmas por su condición inédita.

En Venezuela ya no es sencillo ridiculizar las teorías conspirativas políticas. Esta coyuntura y sus otrora inverosímiles situaciones han logrado que las coincidencias sean cada vez menos creíbles. El gobierno venezolano y un importante sector de la población expresan diariamente su certeza de que las sietes bases militares estadounidenses en Colombia, la movilización militar estadounidense en Costa Rica, la crisis económica y energética intensificada por el desastre de BP en el Golfo de México y los escenarios bélicos en Irán, entre otros, no son hechos aislados. Tienen argumentos y antecedentes históricos a su favor. Es por eso que la movida de Álvaro Uribe, a días de culminar su presidencia, de nuevamente acusar al gobierno venezolano de proteger grupos guerrilleros irregulares, fue interpretada en su peor escenario, como el primer paso en una escalada violenta que tendría como finalidad una intervención colombo-estadounidense a Venezuela. Un golpe letal a la izquierda latinoamericana con intervencionismo estadounidense en busca de petróleo. A eso se sumaba el gravísimo antecedente de las incursiones armadas del gobierno colombiano en suelos extranjeros. El secuestro de Rodrigo Granda en Venezuela en 2005 y el asesinato de Raúl Reyes en suelo ecuatoriano en el 2008. Fueron dos incursiones ilegales armadas en nombre del Plan Colombia, que violaron la soberanía de dos países y que iniciaron graves crisis diplomáticas.

La ofensiva colombiana se inició con un comunicado del embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos, Luis Alfonso Hoyos: “Ha quedado confirmada la solicitud que Colombia le hizo a la OEA. El próximo 22 de julio, jueves, a las 10:00 de la mañana, tenemos una sesión extraordinaria del Consejo Permanente, para poder presentar el caso de la presencia de grupos narcoterroristas en territorio venezolano, que afectan la seguridad nacional de Colombia”. El carácter de urgencia, según el propio Hoyos, fue consecuencia de no haber obtenido respuesta alguna del gobierno venezolano y de terceros involucrados a las repetidas denuncias sobre el hecho.

Ese 22 de julio, Hoyos inició su enérgica y reiterativa intervención. La denuncia principal fue la supuesta existencia de cuatro campamentos de las FARC asentados cómodamente en territorio venezolano, a 23 km de la frontera colombiana, en donde Iván Márquez, y otros líderes FARC estarían presentes. Para ello se valió de imágenes de Google Map, pero exclusivamente para señalar las coordenadas, ya que las imágenes no mostraban evidencia. Adicionalmente, fotos y vídeos de presuntos guerrilleros caminando y conviviendo en su campamento, comiendo cochino y tomando cerveza en una playa, entre otros, fueron presentados como pruebas de su presencia impune y facilitada en Venezuela. La mayoría de los videos y las fotos, según Hoyos, fueron extraídos de la computadora portátil de Raúl Reyes (la cual, desde la incursión armada ilegal a Ecuador, se ha convertido en una fuente inagotable de presuntas pruebas) y de información suministrada por algunos desmovilizados.

Paralelamente, la acción del gobierno venezolano ante el hecho sorprendió a los que estaban seguros que habría censura y/o ocultamiento oficial: los medios de comunicación afectos al gobierno (Telesur, Venezolana de Televisión) transmitieron en pleno la reunión.

Tras algo más de una hora, Las conclusiones de Hoyos fueron unas coordenadas geográficas, una acusación sin pruebas contundentes y un enérgico ultimátum basado en “el que no la debe no la teme”.

El gran problema con las acusaciones es que eran casi idénticas a las que el gobierno colombiano hizo en enero del 2005. En aquel momento el ejército venezolano realizó una incursión de 11 días a las coordenadas señaladas y, tras levantar un informe descriptivo de las zonas y no conseguir nada, decidió desestimar la situación.

Tras la intervención de Hoyos y el casi automático anuncio de Chávez de la ruptura de relaciones, dos visiones generales del hecho empezaron a crearse. La primera, basada en el presunto distanciamiento entre Uribe y Santos y la utilización de un “refrito” para intentar influir en la política exterior del nuevo gobierno colombiano.

“Analistas y expertos han calificado las supuestas revelaciones del gobierno colombiano como un refrito inoportuno, que no contienen información nueva y que llegan en un mal momento” afirmó la revista Semana, antes de describir las posibles razones del distanciamiento. Éste se habría iniciado con los nombramientos de algunos personajes en cargos claves del nuevo gobierno, muchos de ellos fuertemente críticos de Uribe, incluyendo a Maria Holguín (canciller), Juan Echeverry (Hacienda), Carlos Rodado (Minas) y sobretodo a Juan Camilo Restrepo (Agricultura). A eso se le agregaba el llamado a la unidad de Santos (que incluyó un acercamiento con el excandidato del Polo Democrático, Gustavo Petro) y la invitación formal del presidente electo a Rafael Correa y a Hugo Chávez al acto de toma de posesión.

La segunda visión, la de los que no creen mucho en el distanciamiento Santos-Uribe, incluye un respaldo a la oposición política venezolana de cara a las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre, un relanzamiento de la imagen del nuevo presidente colombiano y, sobretodo, el ocultamiento de un descubrimiento macabro. Y es que mientras Hoyos hacia sus acusaciones, obteniendo la total atención mediática de la región, en el pueblo de La Macarena, en la región del Meta, una comisión integrada por 10 dirigentes sindicales y más de 15 delegados y diplomáticos internacionales, certificaban la existencia de la fosa común más grande de la historia reciente en Latinoamérica, con más de dos mil cadáveres. Como coincidencia, sabiendo que ese 22 de julio se haría la inspección a la fosa, el gobierno colombiano logró, tras una solicitud de emergencia, la reunión en la OEA ese mismo día.

El hallazgo debería haber tenido una repercusión de grandes proporciones. Una fosa común con victimas de años recientes, con el ejército colombiano como el ejecutor y con las denuncias de los vecinos de la localidad, que afirmaban que los cadáveres no pertenecían a guerrillero caídos en combates, sino a trabajadores y líderes sociales de la zona. Nuevamente el escándalo de los “falsos positivos” (civiles inocentes asesinados y marcados como “guerrilleros”, posible consecuencia del sistema de  recompensas de las Fuerzas Armadas Colombianas por cadáver guerrillero) cobraba legitimidad.        Éste escándalo salpicaba más a Santos que al saliente Uribe porque, tal como afirmó el escritor Sinar Alvarado de la web Prodavinci, “si Santos se ufana de sus éxitos como ministro de Defensa, también debería cargar con los crímenes que se cometieron durante su gestión”.  Efectivamente, la notoriedad y atención mediática la obtuvo el conflicto diplomático entre Chávez y Uribe. Esta estrategia, iniciada con la intervención de Hoyos en la OEA, le aportó además polémica a la matriz de opinión y punta de lanza de la campaña electoral de la oposición venezolana, rumbo a las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre: la inseguridad y violencia fomentadas por el chavismo. Hoyos, alejándose del tema, dedicó varios minutos de su exposición al problema de la inseguridad en Venezuela.

Diferentes organismos y medios de comunicación nacionales e internacionales parecieron haberse alineado para ignorar el caso de La Macarena y enfocarse exclusivamente en Venezuela. El caso más notorio fue el de CNN en español, que le dedicó seis días seguidos, con coberturas de cuatro horas en el prime time, al documental “Los Guardianes de Chávez”, de David Beriain y Jon Sistiaga, que, más allá de haber sido fácilmente desmontado, fue descrito por uno de sus  creadores como “un poco de exageración europea”. La premisa del material era la existencia de una relación entre Chávez y diversos grupos irregulares violentos. Durante esos días, la mención a La Macarena fue nula. La mención a Colombia más notable durante la programación fueron las abundantes publicidades de www.colombia.travel. Cabe destacar, además, que justo después de la reunión Santos-Chávez y el reestablecimiento de las relaciones el 10 de agosto, CNN ignoró toda mención a las guerrillas colombianas en el documental, y los análisis fueron dirigidos exclusivamente a la inseguridad en Venezuela.

Si Santos necesitaba, además, deslastrarse de su imagen guerrerista y obtener mayor aceptación, ésta fue su oportunidad. Su encuentro con Chávez arrojó resultados inmediatos: según un estudio realizado por el Centro Nacional de Consultoría (Colombia), Santos salía reforzado y registraba, a dos semanas de su toma de posesión, 84% de aprobación. Además, 85% consideraba positiva la reunión con Chávez.

Uno de los pilares de campaña electoral de Santos fue el reestablecimiento de las relaciones económicas con Venezuela, deterioradas desde meses atrás. Según el economista Víctor Álvarez, el impacto más fuerte había sido para Colombia, que colocaba cerca de 6 mil millones de dólares anuales en exportaciones de sus productos hacia Venezuela, lo cual se traducía en numerosas fuentes de empleo para los colombianos. La crisis diplomática fue la excusa perfecta para el “borrón y cuenta nueva” con el gobierno de Chávez.         El gobierno venezolano también salió ganando. Ahora, en pleno año electoral, puede afrontar las elecciones parlamentarias sin una crisis diplomática internacional. Además, una relación sana con Colombia es un paso importante para julio de 2011, fecha de la constitución efectiva del Consejo de Estados Latino Americanos y del Caribe (CELAC), instancia que tiene como intención reemplazar paulatinamente a la OEA.

Sin embargo, la tensión seguirá estando allí. Chávez no olvidará que Santos celebró el golpe de estado que lo derrocó brevemente. Tampoco olvidará las siete bases militares, las cuales, aunque inconstitucionales, no serán la última movida del Plan Colombia. Santos, por su parte, tampoco olvidará los adjetivos propinados por su homólogo venezolano, ni la ligera reivindicación que Chávez ha hecho de las FARC, al no aceptar calificarlas como “terroristas” sino como grupo beligerante.    “Mi relación con Uribe siempre fue tormentosa (…) espero que el presidente electo (Santos) contribuya a que no ocurran cosas más graves” afirmó Chávez el día de la ruptura de relaciones, acompañado del aparentemente descontextualizado futbolista Diego Armando Maradona, que curiosamente andaba de visita en Venezuela.

El Pibe, polémica figura sudamericana, dinamitando el protocolo y la diplomacia, y haciendo lo que ningún periodista oficialista se había atrevido a hacer, le hizo la pregunta que aún hoy todos (por muchas “coincidencias” que enlacemos) nos hacemos y que determinará si el choque ideológico colombo-venezolano, iniciado desde los años de Santander y Bolívar, seguirá traduciéndose en corto y mediano plazo, en congelamientos y amenazas diplomáticas: “Presidente, ¿Santos no es del camino de Uribe?”