La Cámara de Diputados de Brasil aprobó el domingo 17 abrir un procedimiento de juicio político, también conocido como “impeachment”, contra la presidenta Dilma Rousseff, con 367 votos a favor, 137 en contra y 7 abstenciones.

El Senado tiene ahora en sus manos la decisión definitiva: si ratifica la aprobación del juicio político, la mandataria será removida del cargo por hasta 180 días mientras es investigada por el Congreso. Se le acusa de haber manipulado las cuentas fiscales de 2014, para aparentar mayor equilibrio entre ingresos y gastos.

En las últimas tres décadas cinco presidentes latinoamericanos han sido sometidos a juicio político acusados de corrupción o mal desempeño de sus funciones, y cuatro de ellos fueron obligados a dejar el cargo.

Fernando Collor de Mello (Brasil, 1992)

Fernando Collor de Mello llegó a la presidencia en 1989, inaugurando el regreso a la democracia tras más de dos décadas de dictadura militar. Pero tres años después, su hermano Pedro destapó un escándalo revelando que el mandatario había utilizado un esquema de lavado de dinero y tráfico de influencias encabezado por el tesorero de su campaña electoral.

De Mello fue acusado de haber financiado ilegalmente su camino a la presidencia, y de pagar los gastos de su casa con dinero de empresas fachada. El 2 de octubre de 1992 el Senado aprobó la decisión de la Cámara de Diputados de abrir un juicio político, y quedó suspendido en el cargo por 180 días; renunció el 29 de diciembre y perdió sus derechos políticos por ocho años pues fue hallado culpable.

Carlos Andrés Pérez (Venezuela, 1993)

Presidente de Venezuela de 1974 a 1979, Carlos Andrés Pérez regresó al poder de la mano del partido Acción Democrática en 1989. Durante ese año enfrentó una crisis económica y social con violentos disturbios, que llevó a que se decretara el estado de emergencia y se movilizara al ejército en las calles. El “Caracazo”, como se conoció a ese periodo, culminó con una cifra oficial de 276 muertos, la mayoría víctimas de militares y policías, y una estimación extraoficial de hasta dos mil desaparecidos.

Para 1992 Carlos Andrés Pérez vio surgir la rebelión de algunos oficiales del ejército, liderados por el entonces teniente coronel de paracaidistas Hugo Chávez Frías. Un año después, el 11 de marzo de 1993, el fiscal General de la República, Ramón Escobar Salom, envió a la Corte Suprema de Justicia una solicitud de antejuicio (retiro de la inmunidad) contra el mandatario, por el delito de corrupción.

Pérez fue acusado de malversación de fondos equivalente a 250 millones de bolívares (17 millones de dólares al tipo de cambio vigente). La Corte Suprema dio trámite al antejuicio o “impeachment” el 20 de mayo de 1993 y el Senado suspendió al presidente mientras duraba el proceso. El 31 de agosto fue destituido del cargo de manera definitiva.

Ernesto Samper (Colombia, 1995)

Ernesto Samper Pizano fue candidato presidencial del Partido Liberal colombiano (PL) durante las elecciones de 1994. Llegaba como exministro de Desarollo Económico y ex embajador en España, y superó en segunda vuelta al candidato del Partido Conservador, Andrés Pastrana, con el 50.3% de los votos. Poco después de conocerse su victoria, su rival lo acusó de recibir 3.7 millones de dólares del cártel de Cali para financiar su campaña.

El 8 de agosto de 1995, sólo un día después de la toma de posesión de Samper, el Congreso inició una investigación contra el mandatario conocida como “Proceso 8.000”. El 14 de diciembre de ese año la comisión acusadora exoneró a Samper y archivó el caso, que resurgió en 1996 cuando el fiscal General de la Nación, Alfonso Valdivieso, denunció formalmente al presidente por enriquecimiento ilícito, fraude electoral y otros delitos. En junio de ese año el Congreso lo absolvió por falta de pruebas.

Fernando Lugo (Paraguay, 2012)

El 15 de junio de 2012 campesinos y policías se enfrentaron en una zona conocida como Campos Morombí, en Curuguaty, al sureste de Paraguay. El saldo fue de 11 pobladores y seis policías muertos, y desató una crisis política contra el presidente Fernando Lugo.

Los diputados paraguayos aprobaron la acusación contra el exobispo, por su responsabilidad en los hechos violentos de Campos Morombí, el 21 de junio de 2012. Un día después Lugo fue convocado a declarar al Congreso y 39 de los 45 senadores votaron por su destitución, señalando mal desempeño de funciones.

Otto Pérez Molina (Guatemala, 2015)

La Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala (Cicig), un órgano independiente de carácter internacional, descubrió un esquema de corrupción conocido como “La Línea”, en 2015. El 21 de agosto de ese año el Ministerio Público (MP) pidió investigar al presidente Otto Pérez Molina por su participación en esa red de sobornos y fraude aduanal.

El 1 de septiembre los 132 diputados presentes en la sesión aprobaron por unanimidad quitarle el fuero a Pérez Molina, para que fuera investigado por las acusaciones hechas en su contra por el MP y la Cicig; renunció al cargo dos días después.

Otto Pérez Molina fue aprehendido el mismo día de su dimisión, y el juicio que enfrenta por corrupción continúa abierto.

Abdalá Bucaram (Ecuador, 1997)

El caso de Abdalá Jaime Bucaram Ortiz es singular. “Destituido por loco presidente de Ecuador”, tituló el diario colombiano El Tiempo una nota del 7 de febrero de 1997, en la que informaba que con 44 votos a favor, 34 en contra y dos abstenciones, el Congreso unicameral de aquel país había declarado que Bucaram estaba mentalmente incapacitado para gobernar.

La propuesta de destitución –que prosperó sin juicio de por medio– la realizó el conservador Partido Social Cristiano, y estuvo enmarcada por multitudinarias manifestaciones contra Bucaram, debido a las contradicciones entre sus promesas de “nacimiento de un gobierno popular” y sus acciones en dirección contraria, dirigidas a reducir el papel del Estado en la economía al grado de querer privatizar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Aunque destituido por incapacidad mental, Bucaram también fue acusado formalmente de corrupción, de manera particular por un sobreprecio en un programa social para proveer de mochilas escolares a los niños. El proceso continúa abierto mientras el exmandatario se encuentra exiliado en Panamá, desde donde asegura que volverá en 2017, año en que caducará el juicio en su contra, de acuerdo con El Comercio.

Si quieres leer una aproximación académica al tema, puedes consultar Juicio político al presidente y nueva inestabilidad política en América Latina, de Aníbal Pérez-Liñán, académico de la Universidad de Pittsburgh que ha estudiado ampliamente el fenómeno. También El impeachment en América Latina: Argentina, Brasil y Venezuela, de Mario D. Serrafero, doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid, y quien aborda los casos de Fernando Collor de Mello, Carlos Andrés Perez, y el intento de juicio político contra María Estela Martínez de Perón.

(Con información de ABC Paraguay, Centro de Barcelona para Asuntos Internacionales, BBC Mundo y La Prensa Libre, El Tiempo y El Comercio).