En los últimos años América Central se ha convertido en una de las regiones más violentas de todo el planeta. La explicación de este fenómeno se ha reducido casi siempre al papel de puente que ocupa la región en el comercio de droga con dirección a los Estados Unidos –rol que ha jugado en la cadena de transporte de drogas desde la década de los ochenta. Sin embargo, ¿cuál es el papel concreto que juega el comercio de droga en el crecimiento de la tasa de violencia en América Central?

No hay región en el mundo más violenta que América Central. Su tasa de homicidios (41 por cada 100 mil habitantes) duplica la de África Central y es siete veces mayor que la del Sureste Asiático. Cuatro de los seis países y tres de las seis ciudades más violentas del mundo están en América Central. En San Pedro Sula, Honduras, la tasa de homicidios llegó a los 141 por cada 100 mil habitantes en el año 2015 –muy por encima de la de ciudades más mediáticas como Acapulco, Culiacán, Juárez o Tijuana. ¿Cómo explicar estos extremos? ¿Cuál es el papel del tráfico de drogas en esta constelación?

América Central cumple una función de puente en el tránsito de droga. Un porcentaje muy alto –cifras oficiales refieren al 80%– de la cocaína procedente de Colombia que entra a los Estados Unidos pasa por América Central. La región del Darién, una franja espesísima de maleza que se abre entre la frontera colombiana y panameña, impide el traslado de la droga por tierra; sin embargo, los traficantes se las han arreglado para introducir la droga en pequeñas embarcaciones que bordean las costas del norte de Panamá y el sur de Costa Rica. El resto del camino se realiza normalmente por carreteras secundarias hasta llegar a Guatemala. Una vez ahí, la mercancía toma diferentes caminos hacia el norte de México –normalmente por carreteras aledañas al océano pacífico– en su búsqueda por alcanzar el mercado de drogas más grande del mundo: los Estados Unidos.

La relación entre drogas y violencia es compleja. Hay pocas dudas en que el comercio de droga funciona como actividad propulsora de actividades criminales. El mecanismo es sencillo de explicar: ante la ausencia de instituciones legales para la resolución de conflictos, los narcotraficantes acuden a la violencia como alternativa para dirimir sus problemas. Convengamos, pues, que la ausencia de leyes, jueces y reglas formales vuelve a los mercados ilegales más violentos que los legales –sin que eso suponga, ni mucho menos, que los segundos sean siempre pacíficos o que no intervengan en las lógicas productivas y comerciales de los primeros.

A pesar del nexo entre drogas y crimen, la proporción de crímenes relacionados al tráfico de droga no está del todo clara. Como demuestra el caso centroamericano, la violencia resulta no del tráfico de drogas sino de la fortaleza o debilidad del Estado en cuestión. El caso de Nicaragua es ejemplar: país clave en el transporte de cocaína rumbo a Estados Unidos, presenta niveles comparativamente bajos de homicidios frente a sus vecinos. Asimismo, Costa Rica, país en el que se realiza el primer punto de contacto de la droga proveniente de Colombia, mantiene niveles de violencia similares a varios países de Europa Occidental.

La magnitud de las ganancias provenientes del tráfico ilegal de drogas no explica en nada el crecimiento o disminución de la violencia. Así, por ejemplo, el volumen de droga producida y traficada en el Sureste Asiático no es menor que el de América Latina; sin embargo, países como Tailandia, Vietnam e Indonesia tienen tasas de homicidios cinco veces menores a las de América Central. ¿Cómo explicarlo? En la fortaleza o debilidad estatal y en su capacidad para afrontar un fenómeno como el narcotráfico. Países como Guatemala o El Salvador –azotados durante décadas por guerras civiles– no están en condiciones de enfrentar el tráfico de drogas en los términos deseados por los Estados Unidos. Cada vez que sus gobiernos reciben “asistencia económica” contra el tráfico de drogas (vía distintos programas binacionales y multinacionales) aceptan abiertamente la dimensión punitiva y prohibicionista del war on drugs. Sin quererlo, lo que hacen es provocar un círculo vicioso que no cesa de debilitar la estructura estatal. Me explico: la prohibición permite la construcción de una relación parasitaria entre el Estado y los grupos criminales. Así, el narcotráfico penetra en las instituciones políticas y socava la estabilidad democrática. Como las instituciones políticas fallan al asegurar el cumplimiento de la ley, crece la desconfianza frente a los cuerpos de seguridad. Ello reduce la legitimidad de las instituciones estatales y vuelve aún más difícil la gobernanza.

Todo lo anterior provoca una dinámica en la que los Estados pierden relevancia en influir sobre el crecimiento o descenso de la violencia en la región. Sus políticas públicas se vuelven disfuncionales. Otro tipo de factores cobran relevancia; en El Salvador, por ejemplo, se redujo de manera drástica la violencia entre 2012 y 2013 a partir de la celebración de una tregua entre dos de las principales pandillas del país: la Mara Salvatrucha 13 y la M-18. Las instituciones salvadoreñas fueron dejadas al margen de ese nuevo reequilibrio.

La posición de región puente en la cadena de drogas apenas ha cambiado. Sin embargo, ¿Qué dinámicas explican el agravamiento de la situación? Como suele suceder, estos fenómenos son resultado de procesos anteriores.

Al terminar la guerra civil, países como El Salvador o Guatemala redujeron sus ejércitos y servicios de inteligencia. Un buen número de ex policías, combatientes y militares, incapaces de encontrar trabajo bien remunerado o lugar en los partidos políticos emergentes tras las transiciones, integraron las filas del narcotráfico. El excedente de armas resultante de la guerra sólo empeoró la situación.

Otra consecuencia de las guerras civiles fue el desplazamiento de refugiados y migrantes económicos rumbo a los Estados Unidos a finales de la década de los años ochenta. Programas de integración insuficientes, pobreza, y expectativas incumplidas llevaron a miles de jóvenes crecidos en Estados Unidos a integrar bandas criminales en grandes ciudades de los Estados Unidos (más notablemente en Los Ángeles). La emergencia de aquellas incipientes pandillas llevó a políticos conservadores a pedir leyes más duras contra aquellos migrantes o hijos de migrantes con nacionalidad estadounidense. Eventualmente, el gobierno de los Estados Unidos comenzó a repatriar miles de ex convictos y sospechosos a sus países de origen. Así, mientras los programas de “asistencia” continuaban entregando millones de dólares a los gobiernos centroamericanos para la “pacificación de la región”, entre 1998 y 2015 más de 46 mil jóvenes llegaron obligados a América Central –sobre todo a El Salvador, Guatemala y Honduras– sin apenas hablar el idioma y sin tener redes familiares dispuestas a recibirlos. Naturalmente, muchos de ellos integraron nuevas pandillas. (La situación se vuelve aún más esquizofrénica si se toma en cuenta que mientras en algunos estados de los Estados Unidos comienzan a legalizarse ciertas sustancias, en América Central los gobiernos siguen utilizando los recursos provenientes de aquel país para apuntillar la guerra contra las drogas). Aunque no hay evidencia de que estos grupos controlen el mercado de drogas, sí hay datos que señalan cierta repartición de trabajo entre los maras y otras organizaciones del tráfico de drogas (OTD). Ello me lleva a un tercer elemento de cambio presentado en la última década: las OTD mexicanas y su proceso de expansión en América Central.

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El inicio de la guerra contra el narcotráfico en México en diciembre de 2006 llevó a que las principales OTD mexicanas a buscar sitios más seguros para la producción de metanfetamina y otras drogas psicoactivas. Hubo un efecto de desplazamiento de las actividades criminales. Al militarizarse México, las OTD buscaron lugares más seguros para la producción. En concreto, a partir de 2006, las OTD mexicanas comenzaron a producir cada vez más metanfetamina en América Central y a alentar la siembra de mariguana en las montañas de Guatemala y en algunas zonas de Belice. Ello provocó no solamente luchas internas entre las familias que tradicionalmente dominaban el tránsito de droga en la región y las OTD mexicanas, sino también, y más importante, la conversión de Centroamérica en espacio de producción y ya no sólo transporte de drogas.

La actual política contra las drogas no solamente es dañina por la violencia que indirectamente provoca, por atentar contra los derechos de los consumidores o por atraer recursos que en otras circunstancias serían utilizados para tareas de prevención, educación o salud. En este texto se ha mostrado que atrae también problemas de gobernanza que, en el corto y largo plazo, debilitan las instituciones estatales. Si bien los mercados ilegales presentan condiciones para que se desencadenen dinámicas violentas, el mercado de la droga no es violento en sí mismo: son los Estados débiles los que forman las condiciones necesarias para la emergencia de mercados de droga violentos. La prohibición debilita las instituciones y conduce a un círculo vicioso.

En definitiva, en la búsqueda por solucionar los grandes problemas de gobernanza, los gobiernos centroamericanos deben dejar de realizar el trabajo sucio a los Estados Unidos, desacatar las convenciones de la ONU y enfocarse en sus tareas más urgentes: atacar la desigualdad, reducir la violencia a través de programas de prevención y garantizar el respeto a los derechos humanos.