En el día internacional del Orgullo LGBT, cientos de personas marcharon en Buenos Aires para pedir el fin de los travesticidios. ¿Por qué los asesinatos? ¿Hay fobia o se trata de odio? ¿Cómo trasladar la igualdad judicial a la igualdad social?

Texto por Matías Máximo. Fotografías de Sol Vazquez. 

En Argentina las travestis están organizadas: a las cinco y media de la tarde del martes 28 de junio, empezaron a llegar las primeras con carteles, banderas, megáfonos y algún redoblante para acompañar los cantos que sonaron como himno. El escenario: la misma Plaza de Mayo de Buenos Aires en la que se juntan las madres para marchar por sus hijos desparecidos en la dictadura. El calor humano puso en paréntesis al invierno y las voces en coro avanzaron hasta gritar frente al Congreso de la Nación: “Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las travestis en la cara de la gente”. Horas antes y muy cerca, en la Cámara de senadores, se presentó un proyecto nacional contra la discriminación con acento en la comunidad LGBT, que deberá ser tratado en los próximos meses. A 47 años de la revuelta de Stonewall –el levantamiento que se dio en un bar de Nueva York para resistir contra las razzias policiales-, y a 25 de la primera marcha del Orgullo en el país, cientos de personas se juntaron para decir “basta de travesticidios”, basta de odio y de indiferencia: “Trava que se organiza, no recibe más paliza”.

 

Basta de travesticidios

Desde 2012 una ley permite que en Argentina las personas elijan para su documento la identidad femenina o masculina, sin importar la apariencia ni los genitales que se lleven al nacer. Lo mismo rige en Uruguay, Bolivia y la Ciudad de México, mientras que Colombia y Brasil permiten el cambio registral aunque solo con la aprobación de un juez. Estas leyes son bienvenidas ¿Pero cómo se traslada una igualdad legal a una igualdad social?

Los asesinatos de travestis no son casos aislados e incluso tienen un neologismo, el travesticidio, donde se contraen las palabras travesti y homicidio para hablar de una forma específica de crimen, con sus violencias y sañas exclusivas. “Queremos instalar la figura del travesticidio porque se nos mata de manera diferente que a las mujeres: cargamos con el estigma de que somos prostitutas, drogadictas y muchas quedamos expulsadas y excluidas de todo ámbito, comenzando por nuestras familias y siguiendo por las escuelas, la salud pública y la justicia. La palabra femicidio viene de la lucha feminista de la cual somos parte, pero queremos nosotras mismas las travestis y transexuales dar la discusión de cómo queremos que se caratulen nuestras muertes”, dijo a Distintas Latitudes Florencia Guimaraes García, presidenta de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual y parte de la organización de la marcha.

En octubre de 2015, la activista travesti Diana Amancay Sacayán apareció asesinada a puñaladas en su departamento de la Ciudad de Buenos Aires, con signos de haber dado una brutal pelea antes de morir. Desde ese día la comunidad LGBT entró en luto, ya que para muchos se perdió a una amiga y referente de la “resistencia trava, sudaca, originaria”, como ella había escrito. Diana impulsó una ley para que en el Estado haya un cupo de trabajo para las personas trans, trabajó en el Instituto Nacional Contra la Discriminación la Xenofobia y el Racismo y recibió su nuevo DNI de manos de la entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. En la investigación de su muerte, por primera vez una identidad travesti llegará a juicio con la carátula de femicidio, una tipología que admite una desigualdad estructural entre hombre y mujer y figura en los Códigos Penales de 15 países de América Latina (se trata de Colombia, Chile, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Panamá, Perú, Argentina y en Venezuela funciona como agravante).

En la marcha nacional contra los travesticidios, “Justicia por Diana” fue una de las consignas principales. Para sus abogadxs es importante que se haya reconocido su DNI y que la carátula sea femicidio, pero consideran que hay rasgos específicos en la identidad travesti que, de considerarse, podrían aportar para futuros protocolos. Por ejemplo al momento de las declaraciones se podrían tener en cuenta los lazos familiares que se forman entre compañeras, que van más allá de los lazos de sangre: la hermandad de las que hacen migración interna de las provincias a la Capital, donde suele haber una travesti mayor, una “tía”, que las ayuda en sus primeros pasos en la ciudad. Esto no tiene que ver con una cuestión sociológica sobre los comportamientos de un grupo humano, sino que podría ayudar a que los jueces y fiscales hagan investigaciones más enfocadas y efectivas.

Marcha contra los travesticidios
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Fotografía: Sol Vazquez.

Una persecución sistematizada

A 50 kilómetros de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, las travestis se organizaron para denunciar el hostigamiento continuo de la policía. “Presentamos un habeas corpus preventivo y el juez escuchó a 14 compañeras trans que le relataron la constante violencia física, las violaciones, cómo les roban lo que recaudan a través de la prostitución y cuál es el mecanismo para inventarnos causas de drogas. El juez hizo lugar a nuestro pedido, resolvió que existe una persecución sistemática de parte de la policía de la provincia y pidió al Ministerio de Seguridad que tome cartas en el asunto”, dijo Claudia Vázquez Haro, titular de Otrans La Plata y coordinadora de inmigrantes y refugiados trans en el consejo consultivo de Cancillería.

El hostigamiento por ser trans se combina entre otras cosas con un desprecio hacia las inmigrantes sudamericanas. El 12 de abril, a partir del testimonio que aportaron policías de investigación que actuaron vestidos de civil, Claudia Córdova Guerra de 32 años fue llevada a la comisaría novena de La Plata por portación de droga. En la detención dijeron que le encontraron 3,5 gramos de cocaína, aunque en el juicio sólo quedaron demostrados 1,6. La resolución del juez de primera instancia Juan José Ruiz fue condenarla a cinco años y tres meses de prisión –hoy paga su condena en domiciliaria-, en un fallo donde se refirió a ella todo el tiempo como “un sujeto travestido” y que incluyó con algo insólito: puso como agravante la “extranjería”, o sea que cometió el delito de ser peruana.

El fallo del juez Ruiz cita a Rebelión en la granja de George Orwell (“Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros”), ilustra con la expulsión de los refugiados sirios de Europa y llega a conclusiones retrógradas de este calibre: “¿Quién de entre nosotros los argentinos, incluso el suscripto, no tiene un abuelo o abuela español, un nono o nona, un opa u oma, un grandfather o grandmather, etcétera, corriendo por la sangre de sus venas? La diferencia es que ellos, vinieron como pide y exige la Constitución Nacional, a labrar la tierra, a desarrollar el comercio y la industria, a enseñar y aprender. ¡No vinieron a robar, vinieron a trabajar! ¿Se ve la diferencia?”.

El caso de Córdova Guerra debela toda una corriente de pensamiento judicial. “La sentencia no solo viola la ley de identidad de género al referirse todo el tiempo a Claudia con artículos masculinos, también es profundamente xenófobo y racista. Como remate persecutorio, el juez intimó al director nacional de Migraciones para que investigue a las compañeras trans migrantes que se encuentran en situación de prostitución. Nuestro pedido es que este juez sea separado de su cargo y también el fiscal que lo acompañó en la causa”, dijo Vázquez Haro y sabe que la resistencia no puede bajar los brazos: en las próximas semanas habrá un nuevo juicio oral en La Plata, en el que se juzgará a 25 travestis que están procesadas por una causa similar.

Crímenes de odio

Para Guimaraes García hay razones para pensar que existe un “travesticidio social”: que lo peor no es solo el momento fatal en que el corazón deja de latir, sino que el dolor es largo y lento, cotidiano: “Estamos condenadas desde el momento en que decidimos hacernos travestis a una seguidilla de violencias que se reflejan en nuestras estadísticas de vida, con un promedio de 35 años. Solo el uno por ciento de nuestra comunidad llega a los 60. Al ser expulsadas siendo niñas travestis, muchas de nosotras terminamos en la calle y caemos en el sistema prostituyente. Esa es una condena impuesta por esta sociedad machista y patriarcal, ya que tenemos que ser nosotras las que podamos elegir de qué queremos vivir y de qué no. Creemos que la sociedad y el Estado son responsables de que nuestras vidas sean tan cortas”.

Al analizar la palabra transfobia es válido desconfiar de su etimología, ya que el desprecio no suele venir de la mano de lo patológico -como pasa en la fobia- sino de algo más primitivo como el odio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos calculó que solo en 2014 fueron asesinadas 594 personas en sus países miembro por ser de la comunidad LGBT o porque se percibían como tales, mientras que 176 fueron víctimas de ataques graves contra su integridad (Relatoría de los derechos de las personas LGBTI, CIDH). En el mismo año, la Organización de los Estados Americanos contó 770 actos de violencia dentro los 25 países que la conforman, y concluyó que podrían ser muchos más, aunque “no se denuncian ya que muchas personas, temiendo represalias, no quieren identificarse como LGBT o no confían en la policía o en el sistema judicial”.

También la Organización de las Naciones Unidas reconoce dificultades para saber cuándo un crimen es por odio. “La cuantificación de la violencia homofóbica y transfóbica es complicada debido al hecho de que pocos Estados cuentan con sistemas para vigilar, registrar y denunciar estos incidentes. Incluso cuando se dispone de esos sistemas, cabe la posibilidad de que los incidentes no se denuncien o se denuncien mal porque las víctimas desconfían de la policía, temen represalias o amenazas contra su vida privada”, publicó la ONU en su informe anual.

Cuerpos en las calles

Esta semana las Naciones Unidas aprobaron por votación designar a una persona experta para la evaluación de las normas internacionales de derechos humanos, “que pueda identificar mejores prácticas y los vacíos que aún existen” en torno a la comunidad LGBT. Y en Argentina, de aprobarse la nueva ley nacional contra la discriminación que se presentó en el Senado, sería tenida en cuenta la elección de género y sexual al momento de sancionar y promover políticas para desmotivar la violencia.

Con cada anuncio de “inclusión” se renuevan otra vez las preguntas ¿Cómo trasladar lo bueno de los tratados y las leyes a la vida diaria? ¿Cómo terminar con la cultura del odio a lo diferente?

Al final del encuentro, la comisión organizadora de la primera marcha contra los travesticidios leyó un comunicado: “Vamos a recordar a todas las travestis víctimas de este sistema capitalista, colonial, patriarcal que parece no darnos respiro. La furia travesti responde con nuestros cuerpos en las calles, manifestándonos contra las políticas de hambre y exclusión en nuestro territorio”.

-¡Furia travesti! –gritó Guimaraes García.

-¡Furia travesti!, ¡Ahora! –resonó en el Congreso.

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Fotografía: Sol Vazquez.