Para los críticos del gobierno sandinista ya no queda duda: Nicaragua está al borde de una dictadura mal disfrazada de democracia, a medida que el presidente, Daniel Ortega y el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), se hacen con el poder en todas las instituciones del poder público en ese país centroamericano. Te lo explicamos en 9 puntos:

  1. El pasado jueves 29 de julio, por orden del Consejo Supremo Electoral (CSE), 16 diputados propietarios y 12 suplentes del principal partido político de oposición, el Partido Liberal Independiente (PLI), fueron destituidos de sus escaños, por riesgo de “transfuguismo político”.
  2. La historia se remonta al pasado 8 de junio, cuando la Corte Suprema de Nicaragua despojó a Eduardo Montealegre, de la representación legal del PLI, dejando al partido sin candidato para las elecciones presidenciales de noviembre, y pasando el mando de la agrupación política a Pedro Reyes.
  3. Pedro Reyes es una figura poco conocida en el escenario político nicaragüense. En 1996 el diario La Prensa de Nicaragua lo llamó “El candidato a la vicepresidencia desconocido”. El abogado y periodista, y asesor legal de la Confederación de Cámaras de Comercio de Nicaragua y miembro del Club Rotario de León. Luego de que la Corte Suprema le diera el control de PLI emitió un comunicado en que se posicionó como de “centro-izquierda” y “opuesto a las dictaduras”.
  4. Reyes fue acusado por miembros de su partido de ser instrumento de Daniel Ortega, y como los diputados se rehusaron a seguir sus órdenes, el CSE los destituyó. Según el órgano electoral, la decisión obedece a la vigilancia que realizan siguiendo los propios estatutos de los partidos políticos. Sin embargo, tanto el CSE como la Corte Suprema de Nicaragua son controladas por los sandinistas, por lo cual su independencia política es muy cuestionada.
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Tanto la candidatura como la victoria de Ortega fueron cuestionadas en 2011. Fotos: Creative Commons Wikimedia.

  1. Ya anteriormente (2011) la Corte Suprema había dado muestras de no ser independiente cuando dio el visto bueno para la candidatura presidencial de Daniel Ortega para un nuevo período, a pesar de que la constitución nicaragüense dice que “No podrá ser candidato a Presidente ni Vice-Presidente de la República: a) El que ejerciere o hubiere ejercido en propiedad la Presidencia de la República en cualquier tiempo del período en que se efectúa la elección para el período siguiente, ni el que la hubiere ejercido por dos períodos presidenciales”. Ortega cumplía con las dos condiciones negativas en aquel momento. En su propia conformación es posible observar cómo los magistrados del Corte son principalmente sandinistas. De 16 magistrados, 11 son del FSLN. Los resultados de dicha elecciones, supervisados por el CSE, también fueron ampliamente cuestionados y hubo acusaciones de fraude.
  2. Con esta nueva movida, incluso su larga luna de miel con los sectores empresariales parece haber terminado, ya que el pasado viernes 30 de julio el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), principal agrupación empresarial de Nicaragua, pidió respetar la Constitución y evitar la concentración del poder.
  3. Aunque no se han realizado sondeos posteriores a esta último movida del gobierno sandinista, Ortega y su esposa, Rosario Murillo, quien también tiene una importante participación en el gobierno, tienen índices de aprobación superiores al 80%. Ortega lleva 10 años consecutivos en el poder, sin contar su presidencia entre 1985 y 1990 (5 años).
  4. Por ahora, pareciera que los Ortega y su partido concentran la toma de decisión en todos los poderes del Estado, pues cuentan con 62 de los 91 diputados de la Asamblea Nacional, y se deshicieron de 16 opositores, 18, si se cuenta la renuncia Elman Ramón Urbina Díaz y Víctor Manuel Aráuz Orozco, también del PLI, hoy (1 de agosto), en solidaridad con sus colegas.
  5. En medios de comunicación internacionales y de Nicaragua ya se especula que el actual gobierno da indicios de moverse en la misma dirección de la dictadura de los Somoza en Nicaragua (1934-1979), misma que, paradójicamente, la Revolución Sandinista luchó para derribar.

“Sin oposición y con todos los poderes bajo su control, ahora a Ortega solo le falta solucionar un problema: encontrar una fórmula más o menos legítima para garantizar la sucesión familiar en el poder y fundar una nueva dinastía”, sentencia Carlos Salinas en El País.