«With fingernails that shine like Justice»

Cake- Short Skirt, Long Jacket

En El Salvador, octubre es frío. Frío en el trópico son 20°C, 19°C. Es frío y hace viento; el sol se alza poco después de las cinco de la mañana, llenando de luz naranja  a un pueblo que suele despertar a las cuatro. Los clasemedieros despertarán más tarde, a las cinco treinta; se ducharán y tomarán un bus que los lleve adonde deben ir. Saldrán y volverán con el sol, empujados por la necesidad. Es hermoso, pero es frío.

Yo daría lo que fuera por quedarme durmiendo, pero no puedo. A diario, a las seis de la mañana, tomo un bus que me lleva a una universidad partida en dos: una mitad queda en la capital y la otra mitad en el municipio más rico del país, Antiguo Cuscatlán. Mi salón queda en su jurisdicción. Hasta ahí llego a diario a que me hablen de Derecho, de esa despreciada y nauseabunda profesión que persigo porque, para mi desgracia, nací con el maldito gen que hace vibrar el alma cuando alguien dice “justicia”.

No voy a mentir: mi acercamiento a la justicia fue plenamente ideologizado. Me llegó a los once años cuando mi papá me dio una copia del reporte de la Comisión de la Verdad. Los crímenes cometidos en el marco de la guerra eran tan asqueantes que decidí que mi vida iba a ser eso: procurar darle acceso a la justicia a quien el sistema se la negó. Abrazando la idea de la justicia social fue que llegué al Derecho, hasta que aprendí que el concepto acá es mucho más político que jurídico, pero para eso habría de pasar algún tiempo.

Los catedráticos insisten siempre en que ellos llegan a enseñar el “deber ser” de las cosas. Eso es el Derecho, el deber ser. Y justicia… justicia es otra cosa. Lo fundamental de esta vocación es saber equilibrar las dos, saber por cuál decantar en un momento dado en el que ambas pueden llegar a oponerse. Cuesta. Especialmente en un país como éste, en donde una se levanta un jueves a las cinco treinta, revisa el periódico antes de irse a clases y descubre que para desayunar hoy hay leche, Chocokrispis y la noticia oficial: El Salvador es ya el país más violento del mundo. Una se enoja, llora un poquito y se va a la escuela sin el más mínimo deseo de recordar que en un país con trece o más muertos diarios, por cada cien homicidios, solo uno llegará a juicio. Una no quiere recordar nada, pero el bus pasa frente a una sede de la Fiscalía General de la República que se alza impune, burlesca. Una ve el logo del edificio, toca la  recopilación de leyes penales que lleva en el bolso y, ante la desazón, clava la vista en el suelo.

La labor del abogado, la verdadera, es hacer aterrizar las utopias: la libertad, la paz, la igualdad, la justicia. Especialmente la justicia. Uno pasa años imaginando que encontrará la manera de fortalecer o desmontar las estructuras establecidas, hasta que la realidad lo golpea con puño de acero y le habla con cifras: la mora judicial en lo penal es de más de tres años; incluso si se consigna a los culpables, les procesa y condena, el sistema penitenciario tiene ya una sobrepoblación del 300%[i]. Las víctimas del crimen violento pueden ser cualquiera: jóvenes entre 18 a 29 años, mujeres, de procedencia urbana, sin discriminar estrato social[ii]. Si solo en el área metropolitana de San Salvador viven más de 2 millones de personas (de un total nacional de 5 millones), casi la mitad de la población tiene el potencial de ser víctima de un asalto, de un fuego cruzado, de extorsión, homicidio o desaparición.

Las ramas del Derecho son muchas y aunque uno decante por el Constitucionalismo –oficio de guajiro, el que vela por la estructura del Estado y los derechos fundamentales, el más político de las ramas del Derecho y el único en El Salvador que parece tener funcionalidad[iii]–, vive en un país tan lleno de muerte que no tiene más opción que notar los índices y preguntarse qué se puede hacer sin ser penalista, sin convertirse en fiscal. El problema es que los números no son sólo eso: son el miedo de mi hermano caminando a la escuela, de mi mamá saliendo de trabajar tarde, de los cuentos de los amigos extorsionados y familias que deben irse. Eso y la tradición autoritaria, que busca siempre en la represión la solución, a pesar de estar comprobadísimo que no nos funciona porque El Salvador sigue lleno de muerte.

En los noticieros de mediodía suele verse la típica encuesta de calle que le pregunta a la gente qué opina sobre un suceso nacional dado y qué propone. La respuesta es endurecer las leyes o fortalecer el rol del ejército en la seguridad pública[iv] y ahí se manifiesta uno de los vicios de  la sociedad salvadoreña. La Asamblea Legislativa es concebida por la sociedad como una fábrica de leyes y a eso ha visto reducido su rol en los últimos veinte años. La Asamblea no es más aquel organismo que permite el nacimiento de nuevas iniciativas nacionales, sino un centro de construcción de leyes que surgen del carácter reaccionario después de más de treinta años de trabajar al unísono con el Ejecutivo. Virtualmente cada suceso de importancia nacional decanta en un grito popular en demanda de más y mejores legislaciones. El diputado, el técnico legislativo es entonces  es un ensamblador de normas expeditas y vacías que caen en la inaplicabilidad porque fallan en un punto neural: no se evalúa jamás el ethos colectivo.

Crear leyes no implica solamente apegarse a un manual de procedimientos, estar al pendiente de la redacción de las normas y conciliar los intereses partidarios y de los grupos de consulta, sino también tomar en cuenta las particularidades de los normados bajo la misma, los receptores de las leyes dictadas. Las características de la sociedad salvadoreña no han sido tomadas en cuenta en la redacción de regulaciones porque no son consideradas de relevancia.

«El pueblo pide leyes y el pueblo las tendrá», afirmó alguna vez un secretario general del Órgano Legislativo, pero cuando se redactan leyes sin tomar en cuenta al receptor de las mismas se está legislando a ciegas. Miles de reformas a la Constitución, los Códigos o los reglamentos podrán escribirse, mas estas seguirán siendo inefectivas e incluso inaplicables si no se han examinado las razones por las que estas caen en el vacío de la falta de presupuesto, la poca relevancia en la vida cotidiana o el olvido cómplice de quienes deben aplicarlas.

En El Salvador se mata y se tortura. Los motivos no son recientes. Se mata y se seguirá matando y este rotundo desprecio por la vida en todas sus formas debe ser estudiado  si se busca avanzar como país para perder ese deshonroso título del país más violento del mundo. A nadie le gusta afirmarlo, a nadie le gusta decir que vivimos en una sociedad putrefacta y mucho me temo que no nos animamos a estudiar el ethos de nuestra sociedad porque le tenemos franco miedo. En estas fechas de Bicentenario[v] en que tanto se habla de resaltar las bondades de la patria, de celebrar la libertad y la igualdad, esto es particularmente importante. Hablar de El Salvador es siempre complicado, pero nunca lo es más que cuando se estudia Derecho y se debe plantear ante un lector extranjero qué es la justicia en este rincón vilipendiado del continente.

El primer día de clases en la universidad el maestro de Derecho entró al salón y dijo: «hay veintiún mil abogados y notarios facultados para ejercer en El Salvador». A pesar de ello, la mora judicial sigue creciendo en todos los juzgados, la investigación del crimen sigue dejando sin resolver 99 de cada 100 asesinatos. El principal acusado de este absurdo es el presupuesto. La Fiscalía General de la República pidió para el ejercicio fiscal 2012 un presupuesto de $60 millones de dólares, de los cuales solo le serán otorgados un poco más de $33 millones. Vuelven a salir las entrevistas de calle en los noticieros de mediodía preguntándole a la gente ahora qué opina del recorte al presupuesto de la Fiscalía y un transeúnte responde: «Está bien, porque de todas maneras no hacen nada», el periodista cerrará la nota hablando del hartazgo del pueblo ante la «ola de criminalidad» –¿Qué tan ola es, si lleva imparable casi diez años?– y uno se pregunta si algo en este país tiene el mínimo ápice de congruencia.

Se termina el noticiero de mediodía y uno apaga la televisión. Revisa su bolso y saca sus libros, porque hay que hacer la tarea. Hojea uno de sus textos de referencia y el libro se abre en el apartado que trata sobre el doble estándar valorativo del Derecho, con Mario Álvarez Ledesma diciendo que justicia no es otra cosa que el equilibrio de  la validez formal aunada a la validez material de una norma dada. Una norma balanceada en su contenido y su estructura es una norma justa. Todos los autores clásicos en mi cerebro de estudiante se agolpan a decirme que esa afirmación no es del todo cierta. Los filósofos del Derecho, los más afortunados, habrán de decirme que la justicia es una utopía enterrada allá lejos, cubierta de cuerpos, de sangre seca, de trajes sastre y celdas asquerosas; debajo de edificios de gobierno y mora judicial. Sepultada, brilla. Y al ingenuo estudiante de la rama de las Ciencias Sociales más odiada de todas le toca espantarse las moscas que revolean sobre la realidad, desempolvar su Constitución, meterla a su bolso y caminar hacia la utopía.



[i]  Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2010) “Observaciones preliminares de la visita de la Relatoría sobre los Derechos de las personas privadas de libertad en El Salvador” Documento oficial, consultado el 30 de octubre de 2011. Disponible en: <http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2010/104a-10sp.htm>

[ii] «Los ciudadanos más jóvenes, las personas que ocupan los estratos más altos de recursos socioeconómicos y los que viven en zonas urbanas metropolitanas tienden a ser víctimas más frecuentes de la violencia criminal que el resto de la población. Estos resultados en general concuerdan con algunos de los obtenidos en años anteriores y sugieren la consistencia del efecto de tales variables sobre la criminalidad.

Sin embargo, un resultado que llama mucho la atención porque parece ser contradictorio con la variable de

medición de riqueza es el que muestra que las personas que consideran que su situación económica familiar es precaria porque el salario no les alcanza suelen ser víctimas más frecuentes de la violencia que las personas que consideran que su situación económica no es tan precaria. En otras palabras, la victimización por crimen es más frecuente entre quienes tienen más recursos pero, al mismo tiempo, entre quienes se perciben con mayores problemas económicos. En el fondo, esto significa que la disponibilidad de recursos socioeconómicos de las personas no siempre corresponde con su propia percepción de prosperidad.»

Córdova Macías, Ricardo; Cruz, José Miguel y Selligson Ph.D, Mitchell A. (2010), La cultura política de la democracia en El Salvador, 2010. Capítulo IV. Estado de derecho, criminalidad, delincuencia y corrupción Pág. 91. San Salvador: FUNDAUNGO/USAID/IUDOP.

[iii] A fuerza de muchos conflictos frontales con los otros órganos del Estado, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es la única que opera con independencia y ha logrado reducir en dos años la mora histórica de diez años (2009) a apenas dos (2011).

[iv] El ejército salvadoreño, dada la situación de criminalidad existente, suele acompañar las labores de patrullaje de la Policía Nacional Civil. Esta labor fue aprobada mediante un decreto transitorio.

[v]  El Primer Grito de la Independencia centroamericana se dio en San Salvador el 5 de noviembre de 1811.