Por Cintia Mamani (Bolivia, 1989), integrante de la 2da generación de la Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas

[Este texto es parte del especial “Lxs calientes en América Latina” que incorpora reportajes, crónicas e investigaciones desde 12 países de la región]


Primer corte: Lorena es el nombre ficticio de una adolescente de 15 años. Cuando tenía 11 años fue raptada de la ciudad de La Paz y llevada hasta el departamento de Potosí al norte de Bolivia, donde por cuatro años vivió en cautiverio, incomunicada y sometida a un hombre de 43 años, quien la agredía psicológica, física y sexualmente. Con apenas 15 años y dos hijos de tres años y ocho meses consecuencia de las violaciones a las que fue sometida, Lorena logra escapar al vecino departamento de Chuquisaca  para denunciar el hecho y reencontrarse con su madre. En la actualidad el agresor se encuentra guardando en detención preventiva en un recinto penal, mientras el proceso investigativo sigue su curso, publicó el citio Fuerza  Especial de Lucha Contra la Violencia FELCV de Chuquisaca

Segundo corte: Carla, nombre ficticio de otra adolescente de 14 años nacida en la ciudad de Sucre del Departamento de Chuquisaca,  fue víctima de estupro; su agresor era un hombre de 30 años que valiéndose de diferentes formas de seducción y engaño sostuvo relaciones sexuales con la adolescente, quedando ella embarazada. A los seis meses de gestación Carla tuvo un parto prematuro, es entonces que familiares perciben que la adolescente estaba embarazada e inmediatamente denuncian el hecho, tres meses después, el autor que se encontraba prófugo de la justicia, es aprehendido y en la actualidad guarda detención preventiva en el recinto penitenciario de Sucre, por el delito de estupro, publicó FELCV Chuquisaca, 2017.

En ambos casos las dos adolescentes no solo tuvieron que atravesar una situación de agresión sexual, sino también como consecuencia enfrentar una situación de embarazo y maternidad, asumiendo una responsabilidad sobre la que no pudieron decidir.

Las agresiones sexuales seguidas de embarazo en mujeres adolescentes tienen consecuencias físicas, emocionales, sociales, poniendo en riesgo la salud y en muchos casos la vida misma de las víctimas.

En el contexto Boliviano los embarazos en adolescentes también se dan a partir de relaciones de noviazgo entre pares, sin embargo muchas  de estas relaciones  tienen connotaciones de machismo y violencia, por lo que si bien podrían ser consentidas a través de diferentes mecanismos de presión o persuasión no siempre son decididas mutuamente.

“Yo lo quería mucho y pensaba que él a mí también, hasta que un día fuimos a ver una película en su casa, entonces empezó a ponerse meloso, yo le decía que pare, pero él me decía que era porque me quería, y también me decía que nada pasaría, que no tenga miedo, que los dos nos queremos, entonces seguimos, yo tenía miedo y vergüenza, en el fondo creo que no quería hacerlo, pero no quería enojarlo. Dos meses después me di cuenta que estaba embarazada y entonces nada volvió a ser como antes”, relató una joven en Historial Real  JCF, 2017.

En los tres testimonios descritos, una niña o adolescenteque tiene que sobrellevar un embarazo seguido de la maternidad, es privada y truncada en su derecho a ejecutar un proyecto de vida libremente.

EMBARAZOS ADOLESCENTES EN  BOLIVIA

En Bolivia la población adolescente de 10  a 19 años de edad, según los resultados oficiales del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, alcanzan poco más del 21% de la población total y la población femenina adolescente constituye el 49%.

Los últimos datos que tuvieron repercusión en diferentes medios de comunicación nacional e internacional al respecto de esta realidad, fueron los de un reporte del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), que señala que en el 2013 se registraron en Bolivia 90 mil embarazos adolescentes, un equivalente a 246 por día y 10 cada hora. Este dato estadístico también se ve reflejado en el Plan Plurinacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes y Jóvenes 2015 -2020, que indica que según datos del Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS) esos 90 mil embarazos corresponderían a menores de 20 años.

Por su parte el gobierno boliviano a través de la ministra de Salud, Ariana Campero, informó que en los últimos años las cifras de embarazo adolescente en menores de 20 años se habrían  reducido discretamente. Según datos recientes del SNIS, la reducción se habría dado de 85 mil 500 casos registrados en el 2014 a  82 mil 416 en el 2015. Lo cual evidencia que el panorama no es muy diferente al primer  reporte establecido en la gestión 2013.

Al respecto otro de los ministerio que reflejó preocupación fue el de Educación, que  durante esta gestión hizo el lanzamiento de una resolución ministerial que establece que una estudiante embarazada no puede ser expulsada o discriminada  y  que además goza de una licencia de maternidad  de 90 días (45 días antes y 45  días después), pero también hizo público un informe que señala que en la gestión 2016 se registraron 2 mil 371 estudiantes solo en etapa escolar embarazadas, siendo Santa Cruz el departamento que encabeza la lista con  798 casos, seguido de Cochabamba con 527. Las edades se reducían hasta escolares de 12 años, siendo el embarazo precoz a más temprana edad.

La última Encuesta Nacional de Demografía y Salud desarrollada en Bolivia que data de la gestión 2008,  señala que 3 de cada 4 embarazos en mujeres entre 15 y 19 años no son planificados, entre un 7% y 17% de embarazos no planificados se producen por violencia sexual.

Por último el estudio del UNFPA también señala que Bolivia se ubica entre los siete países con las mayores tasas de embarazo adolescente a nivel de América Latina y el Caribe, con un promedio de fecundidad de 88 nacimientos por 1000 mujeres de 15 a 19 años, por encima del promedio regional de 50 embarazos por 1000 mujeres.

DETRÁS DE LAS CIFRAS

A partir de los testimonios recogidos, las entrevistas realizadas y los datos analizados, se considera que un común denominador que propicia el embarazo en las adolescentes va desde la poca información, presión de la pareja, violación, imposibilidad de negociar el uso de anticonceptivos o la falla de éste, hasta por su condición socioeconómica y el no acceso a la educación. Elementos que combinados entre sí llegarían a ser causa y consecuencia dentro de un mismo círculo dando como resultado bajas perspectivas para el desarrollo de las adolescentes.

Rolando Encinas, representante del UNFPA en el departamento de Chuquisaca, señaló que en el marco de una investigación realizada en 14 municipios de los departamentos de Cochabamba, Potosí Chuquisaca y La Paz  donde el UNFPA de manera coordinada con el Estado implementa  su programa de País, evidenciaron que a partir de las percepciones desde las propias madres o adolescentes embarazadas sobre las causas del embarazo están ligadas a “la prueba del amor”, seguido por el hecho de no contar con métodos anticonceptivos en el momento preciso y necesario y la falta de conocimiento preciso sobre la utilización de métodos anticonceptivos.

También se afirma que la relación sexual ocurre siempre por iniciativa de los hombres adolescentes, quienes en la mayoría de los casos presionan a sus parejas. Las adolescentes perciben que el embarazo sucede generalmente en las primeras relaciones sexuales entre el primer y sexto mes.

“Él me decía, podrías entregarte a mi, y yo le decía no, porque puedo quedar embarazada y él decía, no, no va pasar eso, yo tenía miedo. No sé cómo habré aceptado”, testimonio de una madre adolescente de 17 años Llallagua–Oruro.

El estudio señala que del total 57 adolescentes embarazadas y madres adolescentes entrevistadas, tres estaban embarazadas o son madres como producto de una violación sexual. En dos de los tres casos las adolescentes se enteraron del embarazo cuando la gestación estaba avanzada, en tanto que la tercera adolescente fue agredida sexualmente a los trece años y pudo someterse a una interrupción legal del embarazo.

Otro dato que se refleja es que muchas de las entrevistadas han iniciado su vida sexual con una violación, por ejemplo cinco de las siete adolescentes entrevistadas en Tiquipaya, departamento de Cochabamba, indican que su primera relación sexual fue  por una violación.

Una mayoría de las adolescentes entrevistadas no utilizó métodos anticonceptivos; algunas tenían conocimiento sobre su existencia, pero no tenían el conocimientos sobre cómo utilizarlos,  o no sabían dónde ni cómo conseguirlos. Se señala que aproximadamente la mitad de las 57 adolescentes entrevistadas desconocía la existencia de métodos anticonceptivos.

VIOLADA Y FORZADA: MATERNIDAD, DESTINO NATURAL

“La mejor terapia para una mujer violada es tener a su hijo, porque así encuentra  sentido a su vida”, son las palabras textuales de Roxana Gonzales, integrante del movimiento “Pro-Vida”, respaldado por la iglesia católica.

En el marco del código penal la normativa nacional establecía que cuando una mujer, niña, adolescente o adulta producto de una violación, estupro o incesto quedara embarazada podía practicarse un aborto terapéutico previa presentación de una autorización judicial; sin embargo el exceso de carga procesal hace que estos procesos se tornen complejos y se prolonguen en el tiempo, lo cual de ninguna manera se constituía favorable,  pues paralelamente la gestación también avanzaba y la interrupción del embarazo se tornaba más compleja, mucho más aún siendo la víctima una niña o adolescente entre 11 o 15 años.

Es así que en la gestión 2014 a partir de la presión social ante todo de colectivos feministas, se da un avance fundamental en el ámbito normativo. Se trata, de la aprobación de la Sentencia Constitucional 206/2014, que determina que una mujer víctima de violación (niña, adolescente, joven o adulta) puede acceder a la interrupción legal  del embarazo con solo presentar  una copia de la denuncia penal por el delito de violación.

Ahora bien, superada parcialmente esta barrera legal, ¿que pasa con una niña o adolescente que sin desearlo y como resultado de relaciones sexuales no planificadas queda embarazada? Según la normativa actual, sino fue violada no tiene otra opción más que asumir  su maternidad, ya que el aborto está penalizado. Sin embargo la realidad nos cuenta que muchas de las adolescentes  al no contar con los recursos económicos suficientes recurren a practicarse un aborto clandestino, en condiciones insalubres e inseguras, poniendo en riesgo sus vidas.

Desde colectivos feministas a partir de datos oficiales del ENDSA 2008, se indica que el aborto inseguro en Bolivia es la tercera causa de mortalidad materna que es de 310 por 100 mil nacidos vivos y alrededor de 185  abortos son practicados  cada día en Bolivia. El 14 % de muertes maternas en Bolivia corresponde a adolescentes entre 14 a 19 años, según datos del Ministerio de Salud de 2011.

Y por si esto fuera poco, una niña o adolescente que busque la interrupción de su embarazo no solo se enfrenta a esta situación, sino también a una serie de prejuicios moralistas de grupos conservadores, entre ellos la  iglesia católica, cuya voz mediáticamente y en la sociedad pese a constituirse Bolivia en un estado laico aún tiene mucho peso e influencia.

Aquello se refleja en un caso emblemático suscitado en la gestión 2015, la víctima era una niña de 11 año que tras ser violada por un taxista quedó embarazada. A los dos meses de gestación familiares de la menor amparados en la normativa, buscaron realizar la interrupción del embarazo, a lo que inmediatamente la iglesia católica reaccionó  e increíblemente un día después tras conocerse el caso, los programas mañaneros de canales de red nacional tenían a un sacerdote hablando sobre el tema.

“No podemos pensar, que se soluciona el problema eliminando una vida inocente, solo Dios y nadie más tiene derecho a decidir sobre la vida”, eran las palabras del arzobispo de Santa Cruz , Sergio Gualberti. Estas declaraciones encendieron un debate público nacional, voces a favor,  voces en contra y de repudio invadían programas televisivos, radiales y las redes sociales, con lo que se avivó nuevamente en Bolivia el  debate sobre aborto.

Finalmente la niña respaldada por su familia, días después alejada del acoso de los medios y el debate público de manera silenciosa procedió a la interrupción del embarazo.

En este contexto la realidad de los embarazos adolescentes en Bolivia, es uno de los principales argumentos que se plantea en la actualidad en un debate por la ampliación de causales para el aborto impune en el marco de las reformas planteadas al sistema de Código Penal, que contempla entre una de sus causales; que en cualquier etapa de la gestación una niña o adolescente embarazada haya sido o no violada  podrá  realizar la interrupción informada y voluntaria de su embarazo con el único requisito del llenado de un formulario de consentimiento.

LAS POLÍTICAS DE PREVENCIÓN SE DILUYEN EN LAS ZONAS RURALES Y LAS COMUNIDADES

Desde las acciones preventivas se cuenta con un Plan Plurinacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes  y Jóvenes (PPPEAJ 2015–2020), que se constituye en el referente básico en Bolivia para las acciones de prevención. El objetivo del Plan es contribuir en la reducción del embarazo en adolescentes y jóvenes, favoreciendo el ejercicio de los derechos humanos, derechos sexuales y derechos reproductivos, a través de acciones preventivo–promocionales, mediante el fortalecimiento institucional a los servicios de educación, justicia  y salud, en un marco de coordinación interinstitucional e intersectorial, con activa participación de la población adolescente, juvenil y de la sociedad civil.

El 2008 se emite la Resolución Ministerial Nº 0941 del Ministerio de Salud de Bolivia, que declara la última semana de septiembre como la “Semana de Prevención del Embarazo en Adolescentes”, destinado al fortalecimiento de las acciones preventivas en todos los niveles de Gobierno y junto a diferentes actores de la sociedad civil.

Sin embargo, “las Políticas de prevención se diluyen en las zonas rurales y las comunidades”, es una afirmación que realizan organizaciones tanto de jóvenes como instituciones que trabajan sobre esta realidad en zonas alejadas de las ciudades capitales en diferentes departamentos.

Para José Rocha Grimoldi, representante de la institución CONBOJU en el Departamento de Chuquisaca, todo se centraría en la sede de Gobierno y no así en municipios y comunidades alejadas como departamentos como Oruro o Chuquisaca; afirma que al ser departamentos distantes las políticas preventivas se diluyen.

Por su parte Wendy Mendiola, del Comité Nacional Adolescente Juvenil para la Prevención del Embarazo en la Adolescencia (CAJPEA) que aglutina a distintos municipios del País, señala que “las políticas implementadas no son suficientes ya que el embarazo en adolescentes en Bolivia no ha reflejado considerable reducción”, asimismo afirmó que las estrategias tendrían que ir más allá de talleres y charlas.

Sin embargo, ambos actores sociales concuerdan que han existido importantes avances en cuanto a políticas públicas pero que las mismas aún no se traducen en legislaciones municipales y que las condiciones, capacidades técnicas y de recursos humanos en los municipios sobre todo de las áreas rurales de Bolivia son limitados.

“Un avance serio en políticas públicas debe sentirse desde plaza murillo de la Ciudad de la Paz, hasta plaza Zudañez o de Tomina (municipios distantes de ciudades capitales). La política pública y la responsabilidad debe ser integral, integrada y de corresponsabilidad”, dijo José Rocha.

“Creemos que es necesario hablar de metas a futuro y reflejar las realidades de adolescentes que les tocó vivir un embarazo a corta edad, dentro del trabajo de CAJPEA, conocimos a Mary tenía 14 años era del Municipio El Villar-Chuquisaca, un día ella estaba pasteando sus ovejas y cuatro hombre las violentaron sexualmente, jamás se supo quienes fueron y a causa de la agresión sexual ella quedó embarazada y a su corta edad asumió la responsabilidad de crianza de su hija, ella no sabía que había una sentencia constitucional, ella no pudo decidir sobre su cuerpo depositario de las más dura expresión del machismo”.

De igual manera ambos coinciden que los avances aún no están dando resultados que puedan realmente palparse, por el contrario “parecería que las altas cifras de embarazos en adolescentes se están normalizando, la sociedad ya no se preocupa ni se alarma si ve a una adolescentes de 14 años embarazada, parecería rutinario y la indignación sólo es expresada cuando es más joven 11 o 10 años”, señalan.

En los municipios estudiados por el UNFPA, en su mayoría distantes de ciudades capitales, se ha identificado que los embarazos se producen a muy temprana edad, incluso en menores de 14 años, lo que tienen implicaciones legales; sin embargo, en los establecimientos de salud  y en las comunidades no se evidenció ninguna denuncia o acción judicial para proteger a las adolescentes.

Asimismo ante todo en estas zonas se informa que un 25% de las adolescentes embarazadas tenía embarazos anteriores, lo que representa una situación crítica para una adolescente que antes de los 20 años ya tiene dos o más hijo/as.

La Constitución Política del Estado boliviano en su artículo 66 garantiza a las mujeres y los hombres el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, estos derechos son violados cuando se limita el acceso a la educación sexual, cuando desde el Estado no se garantiza el acceso a métodos anticonceptivos modernos, o cuando el estado omite o limita acciones que minimicen las barreras culturales para el ejercicio de estos derechos, o se ejerce violencia o acoso sexual entre otros.