Por Noelia Rendón desde La Paz

En Bolivia, al igual que en otros países de América Latina, grupos conservadores y la población LGBTI mantienen una disputa en torno a derechos civiles y sociales. El caso más reciente que da cuenta de estas pugnas en este país andino, que poco a poco ha logrado avances en acceso a derechos básicos para lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales, tiene como punto medular a la ley de Identidad de Género ante la cual miembros de la Plataforma por la Vida y la Familia presentaron una acción de inconstitucionalidad para echarla por tierra.

El avance que se quiere eliminar

La Ley N° 807 de Identidad de Género fue promulgada el 21 de mayo de 2016. Esta ley permite el reconocimiento del cambio de los datos del nombre, el sexo y la imagen de las personas transexuales y transgénero a través de un proceso personal-administrativo. Esta ley se concretó luego de ocho años de gestión y lucha de distintas agrupaciones como la Organización de Travestis, Transgéneros y Transexuales Femeninas de Bolivia (OTRAF) y Trans Red Bolivia (TREBOL).

Antes y después de la promulgación de dicha ley, las iglesias católica y evangélica expresaron su rechazo a la norma argumentando que atenta contra la familia y la calificaron como un “golpe letal a las familias bolivianas y una muestra de que organizaciones foráneas han violado la soberanía nacional”. Posteriormente se declararon en emergencia y convocaron a una marcha el miércoles 22 de junio de 2016.

Meses después, el 11 de octubre, varios senadores, diputados titulares y suplentes entre ellos, Leny Chávez, Horacio Poppe y Gróver Huanca de la alianza de oposición Unidad Demócrata (UD) redactaron y firmaron el memorial de acción abstracta de inconstitucionalidad contra la Ley de Identidad de Género, la cual fue presentada ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) el 13 de octubre por miembros de la Plataforma por la Vida y la Familia, acompañados de senadores y diputados.

Entre los alegatos que contiene la acción de inconstitucionalidad están que la Ley N° 807 podría dar pie a matrimonios y familias de personas del mismo sexo (la constitución boliviana contempla solo la unión entre un hombre y una mujer). Al respecto, Tamara Núñez del Prado, adjunta de la Defensoría del Pueblo, señaló que “todos sus argumentos son religiosos, hablan de matrimonio igualitario cuando la ley no habla de ese tema”.

Y fue el 18 de enero de este 2017 cuando el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia notificó que admitió el recurso contra la Ley de Identidad de Género.

Actualmente la acción abstracta de inconstitucionalidad se encuentra en la fase de alegatos, pruebas, descargos, amicus curiae y otros.

A favor y en contra de la ley

“El tema de fondo que va a resolver el Tribunal Constitucional es básicamente sobre el derecho a cambio de nombre y sexo en los documentos, me preocupa más porque es la parte medular de la ley” señaló Ronald Céspedes, quien fue vocero nacional del movimiento TLGB en la Asamblea Constituyente de Bolivia.

En tanto que Elisa Lanza, vocera de Plataforma por la Vida y la Familia, comentó a Distintas Latitudes lo siguiente: “Observamos que cualquier persona puede cambiarse de nombre, pero el querer cambiar de sexo, viola una verdad material, puede traer consecuencias, tras ese aspecto presentamos este recurso”. Y consideró que los miembros de los colectivos LGTB son grupos minoritarios “entonces por qué queremos hacer leyes para grupos tan reducidos, se supone que las leyes deben favorecer a muchos”.

En contraste, Luna Sharlotte Humerez Aquino, representante nacional de jóvenes TLGB de Bolivia y quien se convirtió en la primer mujer trans que contrajo matrimonio civil en Bolivia, explicó a DL: “Yo veo esta acción de inconstitucionalidad, como querer quitarnos nuestro derecho, no es lo correcto porque la Ley 807 es totalmente constitucional, lo único que están haciendo es incitar al odio y a la discriminación”.

Luna Humerez, ejerció su derecho como cualquier ciudadana mujer al contraer matrimonio civil, argumentando que no hay ciudadanos de primera ni de segunda clase. Mucho antes que se promulgara la ley de identidad de género, Luna pensaba en su matrimonio, sin embargo, las condiciones no eran óptimas para su realización, y prefirió esperar para poder hacerlo de manera legal. “La constitución me respaldaba, la ley también y decidí casarme (…) no tengo por qué pedir permiso a nadie para ejercer un derecho que se me otorga”, aseguró en la breve entrevista con Distintas Latitudes.

Lo pendiente

Miembros de la Plataforma por la Vida están a la espera de una respuesta oficial por parte del TCP en cuanto a la acción de inconstitucionalidad, mientras ésta se da planean una movilización por el mes de mayo en toda Bolivia esta ocasión en defensa de la vida y en contra de la despenalización del aborto. Por otro lado, el colectivo TLGB de Bolivia realizará un congreso nacional el próximo 24 de abril para poder definir qué acciones se tomarán en torno a la Ley Nº 807.