Las manifestaciones estudiantiles en Chile no cesan. En los últimos meses se han expandido en varios puntos del país. Tampoco cesa la represión que ejerce la Policía en contra de estos grupos en la vía pública. Los estudiantes demandan una educación gratuita, de calidad y sin lucro. Además de considerar que los avances en la materia del gobierno de Michelle Bachelet son lentos, y no tan significativos como prometió cuando asumió el poder en 2014.

El 4 de julio pasado, a pesar de las duras críticas que ha tenido, la presidenta Bachelet envió al Congreso el Proyecto de Ley de Educación Superior. Los estudiantes organizados consideran que la reforma mantiene las bases del actual sistema, “consolida el mercado” y beneficia a intereses económicos y financieros de unos pocos.

“No responde a la necesidad de reconstruir la educación pública, a la necesidad de ampliar la matrícula y de regular a las instituciones privadas, acá están primando los intereses de unos cuantos personajes que sólo han hecho un negocio con la educación”, explica en un comunicado la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.

Tampoco están conformes con la reforma los rectores de las universidades públicas. Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile y presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, declaró a los medios que el proyecto es “paupérrimo”. Vivaldi considera que no hay ninguna preoucupación por recuperar la responsabilidad del Estado, no asegura garantías para los estudiantes ni una educación de calidad.

3 puntos principales de la reforma de la educación superior:

1. Gratuidad universal:
El proyecto propone llegar a la gratuidad universal a través de un plan de financiamiento. La gratuidad irá creciendo en escalones conforme pasen los años, y según el crecimiento de la economía en el largo plazo. Tal como se viene desarrollando hace un año, accederán a la gratuidad los alumnos que pertenezcan a los cinco primeros deciles de menores ingresos, que estudien en las institucione que cumplan los requisitos. En el 2018 se extenderá a los alumnos pertenecientes al sexto decil. Cuando los ingresos fiscales estructurales representen al menos 23,5% del PIB tendencial del país el beneficio se extenderá al séptimo decil. Para llegar a la gratuidad universal, se requerirá superar un 29,5% del PIB tendencial.

Tanto la oposición como el mismo gobierno han declarado que llevará bastante tiempo lograr la gratuidad universal. Hasta se ha llegado a afirmar que podrá ser dentro de 20 años.

2. La nueva institucionalidad:
La reforma también refuerza el carácter mixto de la educación superior, donde conviven instituciones estatales y privadas con un marco regulatorio común. Se creará una Subsecretaría de Educación Superior, una Superintendencia de Educación Superior, y un Consejo para la Calidad de la Educación. Así se pretende fortalecer la educación superior estatal.

3. Cambios en la Prueba de Selección Universitaria:
El test estandarizado que se realiza en Chile desde 2003 como proceso de admisión a las universidades tradicionales y privadas pertenecientes al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas. Según la reforma, la propuesta es mejorar el sistema de admisión, ya que sus resultados están correlacionados con el origen socioeconómico de los postulantes, lo que refuerza la segregación.