Foto de la Marcha de la Diversidad 2017 en Managua, por Wilfredo Miranda.

Nicaragua vive una situación política compleja, en medio de la enorme acumulación de poder que tiene la pareja presidencial (Daniel Ortega, presidente, y su esposa, Rosario Murillo, vicepresidenta). En medio de ese panorama, ¿cómo viven las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersex (LGBTI) en esa nación centroamericana?

Y además de eso, ¿existe persecución, en un régimen tildado por algunos de autoritario, para las personas que defienden los derechos de esta población? De acuerdo con Cristina Arévalo, activista feminista y LGBTIQ (la ‘q’ es de queer) de la organización nicaragüense La Corriente, ella no se atrevería a decir que hay persecución del tipo policial por lo menos, como sucede en otros países.

“Hay casos de discriminación y violencia, ya que las ideas que existen sobre el ser mujer o ser hombre están fuertemente permeadas por el sistema patriarcal que cruza la cultura. Cualquier persona que se salga de la norma con seguridad será tratada de manera diferente. A eso habrá que cruzarle la discriminación por raza, clase social, etcétera.  Se sabe que hay particularmente violencia cotidiana muy fuerte para las mujeres trans. Sin embargo, la discriminación para las lesbianas no es menor, sobre todo si son pobres, indígenas o rurales”, dijo Arévalo a Distintas Latitudes.

Entorno político

Dentro de este escenario, ¿cómo se organiza el movimiento LGBTI nicaragüense?, ¿está consolidado y unido? Según Arévalo, aún no existe un movimiento con estas características.

Existen articulaciones de organizaciones que en fechas importantes o momentos coyunturales se unen para tener presencia a nivel local o nacional, pero no se ha trascendido de esto.

Por otra parte, el activista independiente y profesor nicaragüense, Elvis Salvatierra, considera que no existe disposición política de parte del gobierno de Ortega para involucrarse en estos temas.

“Me atrevo a decir que el gobierno actual tiene disposición para poco casi nada, poca disposición para los derechos de las mujeres, de la niñez, de ancianos y ancianas, poblaciones indígenas y afrodescendientes, obreros, campesinos y por supuesto para nuestra comunidad la de la disidencia sexual y de género. No creo que tengan disposición alguna para trabajar con nadie que no se sume total y completamente a sus intereses particulares”, dijo Salvatierra a Distintas Latitudes.

Uniones e identidad

En Nicaragua no existe el matrimonio igualitario ni tampoco una ley de identidad de género. Tampoco existe un proyecto de ley en ninguna de las dos materias. De hecho, de acuerdo con Arévalo, ni siquiera hay un posicionamiento entre las organizaciones con respecto a este tema.

“Sin embargo, a pesar de esto nos enfrentamos a que el Código de la ​​Familia no reconoce a las parejas del mismo sexo, solo reconoce a las familias conformadas por hombres y mujeres​”, dijo Arévalo.

No existe ningún mecanismo para que las personas trans cambien de nombre y de sexo registral. Actualmente hay articulación entre organizaciones trans para preparar un proyecto de ley de identidad de género.

Antidiscriminación y otra normativa

Hasta el 2006 la “sodomía” estuvo penalizada en el Código Penal de Nicaragua. Ese año se despenalizó. No existe alguna ley que penalice explícitamente la discriminación por orientación sexual e identidad de género.

“En los últimos años se ha hablado de ordenanzas municipales en contra de la discriminación a las personas de la comunidad LGBTIQ, pero no han sido ni firmadas, ni aprobadas, también hemos sido testigos de la promesa de una ley de identidad para las personas trans, pero jamás se les consultó siquiera a las mismas compañeras trans sobre su elaboración, mucho menos sobre su aplicación, todo lo referente a materia legal de las personas LGBTIQ es puro discurso y buenas intenciones y si acaso papel, que aguanta todo”, dijo Salvatierra.

​Por otro lado también existe en Nicaragua una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual, que dirige Samira Montiel, una lesbiana activista fundadora de uno de los colectivos lésbicos más antiguos de Nicaragua y que sigue funcionando. Sin embargo, no se conoce a ciencia cierta cuál es la función de la Procuraduría y cuáles han sido los avances que se han logrado.

Salvatierra explicó que el Ministerio de Salud de Nicaragua publicó una resolución en el año 2014 que promueve la no discriminación en unidades de salud, tanto públicas como privadas, por orientación sexual, identidad y expresión de género, por ser portadora o portadora de VIH o por ejercer trabajo sexual.

“En la práctica esto no acontece de manera fidedigna a lo establecido en el documento puesto que las personas que tienen funciones públicas en Nicaragua, prestan servicios a la población desde sus creencias personales, este es un problema que va desde la enfermera que debe inyectarte hasta el diputado que debe votar por aprobar una ley en contra de la despenalización del aborto en Nicaragua, por poner un ejemplo”, dijo Salvatierra.

“Los funcionarios públicos de todos los niveles han pasado por procesos de formación y sensibilización decenas de veces, pero el poder de los fundamentalismos religiosos es de terror, las personas no actúan por la razón sino por el mito, aquí hay, de parte de ellos, un afán de preservar el “orden natural” siendo policías de género como dice Marcela Lagarde en nombre de Dios y porque no de los poderes del Estado”, agregó.

Reformas urgentes

Teniendo en cuenta este panorama, ¿qué reformas harían falta para que en Nicaragua mejoren las condiciones de vida para las personas LGBTI? Según las respuestas de Arévalo y Salvatierra, serían primero acciones internas del movimiento.

  1. Denunciar y combatir el machismo dentro de la población LGBTI: “Hay homofobia dentro de nuestro movimiento, lesbofobia, bifobia, transfobia y un sinnúmero de situaciones dañinas que, al contrario de fortalecernos y colocarnos como un movimiento por los derechos humanos, nos posiciona como una trinchera de protagonismos”, dijo Salvatierra.
  2. Aliarse más con el movimiento feminista: “A mí se me hace súper importante la alianza con el movimiento feminista y en tal sentido poder unirnos en fuerzas para demandar acciones concretas al Estado de Nicaragua”, dijo el activista.

“Entiendo que me hayas preguntado esto en el sentido de la legalidad, pero creo que para poder tener claridad de que queremos debemos hacer de nuestros espacios, lugares verdaderamente democráticos e inclusivos, de lo contrario dudo mucho que lo podamos lograr”, concluyó Salvatierra.