Guatemala cuenta con avances muy puntuales en materia de Gobierno Abierto y Datos Abiertos. Por ejemplo, el país tiene una ley de acceso a la información pública, en la cual se establecen todas las obligaciones y procedimientos en cuanto a datos públicos y solicitudes de información. Sin embargo, esos avances aún deben profundizarse y fortalecerse. Para conocer más sobre los retos del país centroamericano, Distintas Latitudes conversó con Congreso Transparente.

Congreso Transparente es un proyecto que surge en el año 2011, y forma parte de una organización llamada Asociación Civil Guatecambia, creada por un grupo de estudiantes de derecho, quienes se inspiraron tras descubrir la plataforma Open Congress en un foro en Washington.

Tras casi seis años de operación, el equipo de ejecución de proyectos de la organización ahora cuenta con seis personas: 4 especialistas de Ciencias Sociales, principalmente de Ciencias Políticas, una diseñadora y una periodista. Ángel Ramírez, director ejecutivo de Congreso Transparente, conversó con Distintas Latitudes sobre la iniciativa. A continuación, la entrevista.


¿Cuál es el principal objetivo de Congreso Transparente y cómo trabajan para conseguirlo?

La línea de trabajo de nuestra organización está englobada en los tres pilares de Gobierno Abierto: transparencia, participación ciudadana y colaboración. Nuestro principal objetivo es ser un vínculo entre la ciudadanía y las instituciones públicas a través de la visión de Gobierno Abierto y sus herramientas.

Hacemos procesos de acceso a la información pública, de reutilización de la información, de divulgarla y hacer la entendible. En participación, tratamos de dar procesos de formación y de acompañamiento a diferentes organizaciones y colectivos de sociedad civil, con el objetivo de empoderarlos para que entiendan la participación ciudadana como uno de los pilares de Gobierno Abierto, y no como un ejercicio aislado. Y en colaboración, hacemos mucho trabajo de incidencia con organizaciones e instituciones públicas, en función de diferentes dinámicas, especialmente de Parlamento Abierto, con los planes nacionales de Gobierno Abierto también.

¿Cómo se vinculan con las demás organizaciones de datos abiertos o gobierno abierto de su país y de la región?

En materia de alianzas tenemos dos perspectivas. Primero, hacer alianzas nacionales que siempre estén en función de un objetivo específico; como, por ejemplo, el Plan de Acción Nacional, o el Plan de Acción de Parlamento Abierto, o alguna iniciativa en específico.

Por su parte, en la perspectiva internacional, lo tenemos muy claro en temas como fortalecer la comunidad de Gobierno Abierto a nivel centroamericano y latinoamericano. Formamos parte de la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa, que somos los que hacemos el Índice de Transparencia Legislativa.

¿Qué tanta apertura existe para dialogar con las autoridades públicas sobre este tema?

Cada vez es mayor el espacio de diálogo de estos temas de datos abiertos y gobierno abierto con las autoridades en Guatemala. Obviamente, como todo esfuerzo de incidencia es poco a poco, esto ha sido un proceso. Son saltos cualitativos, no tan periódicos, pero de bastante calidad.

Nosotros fuimos el Mecanismo de Revisión Independiente del primer Plan de Acción, y hemos participado del Segundo y del Tercer Plan de Acción de manera activa, entonces eso nos ha ayudado a tener un acercamiento mucho más fuerte con diferentes instancias públicas.

En Guatemala, aunque hay apertura, hay una debilidad institucional muy fuerte, con el hecho de que no exista una instancia de gobierno específica que coordine el tema de gobierno abierto. Eso al final de cuentas hace que los esfuerzos sean mucho más difíciles, porque se hacen desde diferentes frentes y no vienen de un solo ente coordinador.

¿Quién les respalda económicamente o con otro tipo de recursos?

Hemos tenido alrededor de tres o cuatro fuentes de financiamiento. La primera fuente de financiamiento fue Hivos. Luego, tuvimos financiamiento de dos fundaciones de Guatemala, una que es la fundación 2020, que fue por un año. Los últimos dos financiamientos que hemos tenido han sido con la Embajada de Canadá, y tenemos el apoyo de una organización alemana, que es del Ministerio de Cooperación alemán, que DW Akademie, que nos apoya no directamente con fondos transferidos a la organización, sino con la ejecución de actividades, con la contratación de una parte del equipo, para poder mantener el trabajo que hemos venido haciendo.

¿Cuáles han sido sus principales obstáculos?

Uno de los principales obstáculos siempre es la sostenibilidad, para poder asegurar el trabajo permanente y de tiempo completo. Por otro lado, el hecho también de poder vincularnos a las distintas iniciativas y que no se conviertan en un potencial riesgo para la organización por el hecho de ser cada vez más trabajo y menos recursos para el equipo. Por otro lado, la apertura con las instancias públicas siempre es un obstáculo para poder lograr ese trabajo de la organización.

¿Cuáles han sido sus principales logros?

El rol activo que hemos tenido, especialmente en Gobierno Abierto en el país, ha sido uno de los grandes logros que hemos tenido. Realmente nos ha dado la oportunidad de posicionar el tema y de convertirnos en un referente para la temática. Por otro lado, también hemos tenido campañas muy exitosas desde Congreso Transparente en redes sociales, y campañas que han tenido incidencia directamente en la toma de decisiones.

¿Cuáles son los cambios o reformas más urgentes en su país para avanzar en transparencia y acceso a datos?

Lo primero es el tema de la institucionalidad. Eso es fundamental, porque permite dar un respaldo público, estatal, al tema de Gobierno Abierto. Por otro lado, también hace falta fortalecer en la mentalidad del funcionario público y de la sociedad civil en esta perspectiva los pilares de Gobierno Abierto y el uso de datos abiertos.

Otro cambio importante, es la necesidad de la Política Nacional de Datos Abiertos para poder fortalecer las diferentes instancias y los diferentes niveles técnicos del Estados y las instituciones públicas para poder tener un lineamiento general de cómo abrir datos, de cómo capacitar a los encargados de abrir esos datos, de cómo eso puede fortalecer la cocreación y el valor público.

Por último, se le debe dar más autonomía a un sistema nacional de transparencia que realmente permita que, por ejemplo, en temas de acceso a la información pública, alguna institución tenga capacidad de control horizontal para sancionar esas faltas, porque por el momento solo podemos tener sanciones morales, y está demostrado que son mucho más eficaces las sanciones administrativas.