Al norte del país, entre el Estado de Chihuahua y Zacatecas, se localiza Durango, una entidad de climas extremos, que se ha caracterizado por albergar una sociedad conservadora, temerosa del cambio político, cultural y social.

Guiados por la tradición católica, los duranguenses salen a votar en fechas de elecciones y, sea cual sea el candidato y propuestas, una buena parte de la población opta por elegir al partido político que conserve los valores tradicionales como el no aprobar o apoyar la diversidad sexual o matrimonio entre personas del mismo sexo.

Este último, el matrimonio igualitario, se ha convertido en un tema controversial en Durango. En los últimos diez años, los colectivos de la comunidad Lesbiana, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual y Queer (LGBTTTIQ) han impulsado y propuesto políticas públicas para la aceptación y flujo de información sobre la diversidad sexual. Sin embargo, poco se ha logrado.

Una iniciativa que avanzó entre obstáculos

En el año 2012 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución para que todas las entidades de México reconocieran el matrimonio igualitario. No obstante, la mayoría de los estados mexicanos aún no han legislado a nivel local sobre este tema. En 2015, se presentó una iniciativa para reconocer el matrimonio igualitario ante la Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Durango.

La iniciativa fue aprobada en la comisión por tres de los cuatro diputados que la integraban. El único que votó en contra fue el priísta Rosauro Meza, quien siempre se mostró en contra del tema.

A pesar de haber sido aprobada en comisiones, la iniciativa estuvo congelada más de un año y medio: los diputados se negaron a discutirla, llevarla al pleno y votarla, en gran parte por la presión de los grupos religiosos y conservadores.

Fue a finales de 2016 que con el triunfo en el estado de la coalición entre el conservador Partido Acción Nacional (PAN) y el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), la esperanza para las parejas del mismo sexo renació y consideraron una oportunidad para por fin ver el tema ser votado: a favor o en contra, pero votado.

Sin embargo, los meses siguieron su curso y no se vieron señales de que los diputados del PAN o PRD rescataran la iniciativa. Las asociaciones como “Nosotras Nosotros”, “Comunidad Gay Durango” y “Durango por la igualdad” comenzaron a insistir y presionar en el Congreso del Estado.

Una votación inesperada

Tras señalamientos, discusiones, mesas de trabajo y manifestaciones, sorpresivamente el miércoles 1 de febrero de 2017 los diputados decidieron subir al pleno y votar el tema. Al Congreso llegaron miembros de Red Familia para expresar su rechazo al matrimonio igualitario; en el lugar ya se encontraban miembros de la comunidad LGBTTTIQ para colocar y alzar la bandera arcoíris.

A pocos minutos de ser iniciada la sesión, miembros de Red Familia comenzaron a señalar a los diputados y entre gritos pedían una consulta ciudadana, mientras que en papel blanco se leía la frase “Nos vemos en el 2018” y “Durango por la Familia”.

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En plena madrugada se votó en el pleno la iniciativa del matrimonio igualitario, entre gritos de Red Familia para que no se aprobara. Los diputados votaron. Finalmente, con 4 votos a favor, 15 en contra y 4 abstenciones, fue rechazado el matrimonio entre personas del mismo sexo en el Estado de Durango.

Quienes votaron a favor fueron las perredistas Mar Grecia, Elia Estrada, Rosa Isela de la Rocha y el panista Jorge Salum del Palacio. Tal situación se interpretó como una división de opiniones personales y políticas entre los panistas.

El camino al amparo

Los activistas por el matrimonio igualitario deseaban que la votación sucediera, independientemente del resultado, pues esto les da pie para ir a la Suprema Corte de Justicia y solicitar un amparo que proteja sus derechos. Según ellos, las leyes estatales deben ir en concordancia con la resolución de la Corte en 2012 sobre el tema.

El amparo se encuentra en elaboración. Se prevé que dentro de un mes se presente y en aproximadamente ocho meses tengan una resolución que podría abrir el camino a la legalización del matrimonio igualitario en uno de los estados más conservadores de México.