Paradojas y contradicciones

Primer acto. En Costa Rica, los diputados más conservadores de la Asamblea Legislativa se rasgan las vestiduras y exigen “defender la soberanía del país” ante la injerencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (que tiene su sede en la capital del país, San José) y piden se incumpla la sentencia que obliga a practicar la Fertilización in Vitro (FIV).

Segundo acto. Esas mismas voces solicitan al Jefe de Estado de otra nación –el Papa Francisco- que “interceda” ante el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, “exhortándolo” a que detenga la elaboración de una normativa que establecerá con claridad cuándo y cómo debe practicarse el aborto terapéutico, que ya es legal en el país.

Tercer acto. El viernes 27 de mayo, el presidente Solís se reúne con el Papa Francisco, en el marco de su gira por Europa. Allí le acompaña la delegación de diputados que entregó una carta al pontífice, firmada por 19 de 57 legisladores, haciendo la inusual petición.

Aurora y Ana

El aborto terapéutico es legal en Costa Rica desde hace más de 75 años, y actualmente está regulado por el artículo 121 del Código Penal, que dice, textualmente:

“No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios”.

En América Latina, como en la mayor parte del mundo, este tipo de aborto es permitido, con la excepción de El Salvador, Honduras y Nicaragua. Sin embargo en Costa Rica la norma se ha aplicado de manera antojadiza (a criterio personal de los médicos) por falta de normativas técnicas que establezcan con claridad cuándo debe practicarse.

Dos casos de los últimos años demuestran la falta de rigurosidad en la aplicación del aborto terapéutico, que ha dejado por fuera a mujeres que lo necesitaban, lo pidieron, y se les negó.

El caso de “Aurora” (cómo ella se ha identificado públicamente) se dio en 2012, cuando estaba embarazada y se diagnosticó que su hijo nacería muerto o moriría antes de que concluyera el embarazo. Las autoridades no vieron en esta situación un riesgo a su salud (a pesar de que en Costa Rica la salud se contempla como integral, tanto física como mental) y la hicieron pasar por todo el período de gestación, hasta que a las 29 semanas tuvo su parto, y el bebé no vivió al nacer.

Una situación similar pasó “Ana” en 2009. Estando embarazada, a su hija se le diagnosticó una malformación en la cabeza, con pronósticos de incompatibilidad con la vida extrauterina. A pesar de que muchas veces estuvo a punto de dar a luz de forma casi abortiva, se le retrasó el parto en los hospitales, prolongando la angustia y el dolor, pues finalmente su hija también nació sin vida.

Ahora, ambas plantearon una denuncia contra el Estado costarricense ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las autoridades del país fueron notificadas de la situación el 5 de enero de 2015, y el 5 de mayo del mismo año respondieron a la Comisión solicitando un procedimiento de solución amistosa. El caso es llevado por la abogada feminista y especialista en derechos humanos, Larissa Arroyo.

“Uno de los compromisos que tomó el Estado costarricense fue precisamente regular a nivel técnico –porque no es jurídico, eso ya está regulado en el artículo 121 del Código Penal- la figura de aborto impune, que es lo que se conoce como aborto terapéutico. Ya se había intentado hacer un reglamento en 2009, pero este proceso se detuvo por injerencia de mandos medios y el departamento legal del Ministerio de Salud. Ahora se está iniciando un nuevo proceso nacional”, dijo Arroyo a Distintas Latitudes.

Y aquí es cuando entran los 19 diputados y la intercesión del Papa Francisco. De acuerdo con la abogada, la voz de diputados conservadores y evangélicos ha tergiversado el espíritu con el que se plantea esta normativa, lo cual ha generado también confusión y desinformación por parte de medios de comunicación ticos. Estos legisladores han planteado que lo que se pretende con la creación de una norma es “ampliar” los alcances del artículo 121 del Código Penal, lo cual, según señala Arroyo, es jurídicamente imposible.

Así también lo ha tenido que aclarar el doctor Allan Varela, Jefe de la Unidad de Servicios de Salud de Atención Directa a las personas del Ministerio de Salud y encargado de la Comisión institucional que redactará dicho documento.

“El proceso de elaboración de la norma recién comienza, encontrándonos definiendo asuntos organizativos. Debe aclararse que no se han recibido presiones de ningún tipo para dirigir la norma en uno u otro enfoque. En todo caso, se tiene claro que una norma técnica no puede ir más allá de lo establecido por el Código Penal costarricense”, dijo Varela en una carta dirigida a la diputada del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC), Laura Garro.

Los “defensores de la vida”

Son los mismos que lucharon contra la aceptación de la sentencia que obliga a Costa Rica a practicar la FIV. Los mismos que luchan contra el reconocimiento de los derechos para las parejas del mismo sexo, y aunque son pocos, han logrado que su voz tenga resonancia en las bancadas de los partidos más grandes del Congreso.

Se autoproclaman defensores de la vida, y creen que “el tema de género” no tiene cabida al hablar sobre regulación del aborto. Su meta es que el aborto terapéutico solo aplique en caso de que la vida de la madre esté en riesgo inminente, pese a que la ley plantea que también debe hacerse cuando está en peligro la salud.

“Hay legisladores que iniciaron una campaña irresponsable de chismes para obstaculizar la elaboración de la norma técnica. Su actitud es reprochable porque pretender retrasar la redacción de ese documento es jugar con la vida de las mujeres costarricenses”, dijo el diputado oficialista Marvin Atencio en un comunicado difundido por el PAC el pasado 2 de junio.

“Este es un tema de derechos humanos y del derecho a la vida de las mujeres. No es justo que por dogmatismos, o por la intención de hacer show político de algunos diputados, se detenga el trabajo de la comisión”, agregó.

Aunque han sido varios los legisladores que han salido ante cámaras a “denunciar” lo supuestos intentos de “abrir” el aborto por cualquier causal con este reglamento, una de las caras más notorias ha sido la del legislador cristiano, Fabricio Alvarado, quien fuera periodista de Canal 6, uno de los más vistos en Costa Rica.

“¿Qué pretenden entonces agregarle al artículo 121 del Código Penal? Que por medio de estos protocolos y esta norma técnica se presuma que porque la madre, a raíz del embarazo, está teniendo demasiados achaques, por ejemplo, ya esto es motivo para autorizar el aborto terapéutico porque está en riesgo su salud, o porque le produce dolores de cabeza, o incomodidad para dormir o arratonamientos en las piernas, o incapacidades laborales o pérdida del apetito…”, dijo Alvarado en una intervención en el Plenario a finales de mayo.

Alvarado también dijo, durante esa misma semana, que “haría todo lo posible” para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no reciba dinero de Costa Rica. Esto desencadenó una serie de ataque en su contra en Twitter que llevaron a que el diputado cerrara su cuenta en la red social.

Para la abogada Arroyo, lo que único que buscan este tipo de diputados es tergiversar, pues todavía ni siquiera existe un texto al cual oponerse o sobre el cual hacer observaciones de este tipo.

Mezclando derecho y religión

Lo que inició como una oposición al cumplimiento de la sentencia por FIV –esfuerzos que ya se vinieron abajo, pues se permitió al Estado regular la práctica por la vía ejecutiva, sin necesidad de una ley-, continúa ahora como una campaña para evitar que se reglamente algo que ya está permitido legalmente en Costa Rica.

Y ambos casos tienen un punto en común: la mezcla entre derecho y religión, cuya máxima expresión se ve en la carta enviada al Papa a finales de mayo.

“No están apelando a las instancias que corresponden. En materia de derechos humanos corresponde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos o el Sistema Universal de Naciones Unidas. Pero en vez de eso, se apela a un líder religioso, que es además el líder de un estado, que es el Vaticano. Eso sería como consultarle a Nicaragua si el presidente Luis Guillermo Solís tiene que cumplir alguna normativa. Así de ridículo es. Tanto que han hablado de soberanía, y de repente le tocan la puerta al líder de otro país para que nos diga lo que hay que hacer. Es un poco contradictorio”, dijo Arroyo.

Citado por el diario La Nación, el presidente Solís manifestó que le parecía “un poco raro” que los 19 legisladores hayan enviado esa carta al Vaticano. En su reunión con el Papa, él asegura que le habló sobre las posiciones de su gobierno con respecto a la FIV, el aborto terapéutico y las uniones entre personas del mismo sexo (a favor de las tres), y asegura que fue una conversación respetuosa en la cual el pontífice no emitió opinión.

“Tenemos una diferencia con la Iglesia Católica sobre esos temas (…) No veo por qué meter al Papa a decirle algo al Presidente, que el Presidente tiene clarísimo. No tengo ningún problema con ese procedimiento, como lo digo. Existe una ley que permite el aborto solamente en caso de riesgo de la vida de la madre, es una ley que no tiene reglamento, que tiene que ser reglamentado por un comité científico y técnico, que es lo que se ha propuesto, donde habrá un debate para garantizar que ello ocurra, y se tiene que hacer con toda la transparencia del mundo”, fue la reacción del Presidente.

Costa Rica ha tenido una imagen de ser respetuosa y promotora de los derechos humanos, una imagen que se vio perjudicada con la sentencia contra el país por la FIV. Ahora, el Estado tiene la oportunidad de evitar un nuevo bochorno a nivel internacional. La mesa está servida…