¿Qué clase de historia de nuestro

 pueblo se construiría, si se hiciese

oídos sordos a estas historias que

representan, para este periodo,

la densidad de las relaciones de poder?

Ranahit Guha

 

Para hablar -especialmente, desde la Ciencia Política- del proceso de resolución del conflicto armado en Colombia es necesario no soslayar la complejidad del tema y dejar a un lado los lugares comunes que dejan ver una interpretación simple y maniquea de una realidad social compleja, dolorosa, polarizada, violenta y ahora esperanzada.

He leído con atención y suma sorpresa el texto ¿Negociar con las FARC? No de la estudiante colombiana Catalina Valencia, publicado por la revista Distintas Latitudes. He dicho que he leído el texto con sorpresa porque hay una serie de argumentos que me parecen bastante polémicos, los cuáles han generado en mí varias preguntas pero también ciertas respuestas. Con el afán de diaĺogo y de conocer un poco más el lugar,  la perspectiva del otro, es que me permito escribir al respecto, advirtiendo que no es mi intención hacer una apología de la acción política-militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En primer lugar es necesario diferenciar las violencias, pero es más necesario incluso señalar a los responsables de dichas violencias. Así, si hablamos de “buenos” y “malos”, también incluiremos al Estado colombiano en alguna de estas “categorías” y podremos verlo también como Catalina percibe a las FARC, como “un simple malvado [que] se puede convertir en monstruo”. Porque si algo hay que decir respecto a este “monstruo” es que formalmente los únicos que violan los derechos humanos son los Estados. Lo que comenten los grupos organizados son crímenes. Y tergiversar el discurso diciendo que los criminales violan derechos humanos es quitar responsabilidad al Estado que comete las violaciones.

Y a propósito de los pronunciamientos que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos1, no es el Estado colombiano “quien (sic) da la cara, asume y corrige”, porque precisamente es el Estado el que niega su responsabilidad directa en la desaparición forzada de miles de personas. ¿Cuándo aceptará el Estado colombiano y el ex presidente Álvaro Uribe Vélez su responsabilidad política, por mencionar un ejemplo, en los casos de las 17 madres de Soacha, a quienes integrantes de las fuerzas armadas desaparecieron y asesinaron a sus hijos para presentarlos como guerrilleros abatidos en combate? El Estado colombiano es responsable porque ha sido partícipe en acciones perpetradas por miembros de la fuerza pública2, fuerzas paraestatales o paramilitares, las cuales actuaron bajo auspicio, respaldo y connivencia de éste en diversas zonas del país.

No coincido con que a “los colombianos [les] hace falta carácter”, porque carácter han tenido todas las víctimas de violencia de Estado que se han articulado política y socialmente, pese al hostigamiento y persecución por su activismo. Y cuya demanda central es “el restablecimiento de los derechos a la verdad, justicia, reparación integral, garantía de no repetición y a la memoria de centenares de miles de hombres y mujeres”.3 Tampoco les hace falta carácter a los índigenas del norte del Cauca, que en su comunicado4 del 15 de julio de 2012 dirigido a Timoleón Jiménez, comandante de las FARC, les recuerdan que:  “[…] no le hemos declarado la guerra ni a la guerrila ni al Estado.  No aceptamos sus fuerzas guerrilleras en nuestros territorios. No las queremos y no las necesitamos”. Es hora de ver el carácter de los/as colombianos/as cuando alzan la voz contra las injusticias, cuando reclaman sus derechos y cuando se organizan colectivamente pese a ser perseguidos y amenazados.

En el marco de este proceso de negociación es hora de reconocer que la paz no ha llegado a Colombia en parte porque el Estado colombiano también es generador de una violencia sistemática que incluye la violación a los derechos humanos de miles de personas a través de la limpieza social, por ejemplo. No se conocerá  la paz si sólo se llega a un acuerdo con los grupos armados de origen político y  no se lucha por erradicar a los otros generadores de violencia, como los paramilitares. Si se va a hablar de terrorismo en Colombia, que no solo se hable del terrorismo que ejercen los grupos al margen de la ley, sino también que se hable del terrorismo de Estado. Así, veremos que el  laberinto colombiano no se explica en dos bandos de buenos y malos.

Si se renuncia a la negociación con las FARC, se estará negando su condición de actor político, militar y criminal, asimismo se estará negando que han asumido voluntad política  para generar un proceso de paz, pues ya han accedido a debatir  la reintegración social y política de sus guerrilleros, el desarme, los derechos de las víctimas, el fin de la producción de drogas y la participación en las “comisiones de la verdad y la responsabilidad”  para averiguar los crímenes cometidos durante más de cincuenta años.

Espero que las mesas de Oslo estén acompañadas por una estrategia sólida de integración de las FARC dentro de la política electora, así como la imputación por sus crímenes cometidos y la desmovilización definitiva del paramilitarismo en Colombia.

Catalina hace un llamado a “[…] escritores, poetas, periodistas, ingenieros, médicos, jardineros, diseñadores, cantantes, bomberos, carpinteros, abogados, administradores, políticos y colombianos, que al lado de militares valientes, lo dejen todo a donde lleguen. Que combatan desde sus espacios a los terroristas. Que ganen la batalla política, que acaben los males de la Nación. Su Nación”. Yo le diría que muchos/as de ellos/as han acudido a ese llamado desde hace tiempo ya, no precisamente al lado de los militares pero sí dejándolo todo por acabar con los males de la nación: la injusticia, el engaño, la impunidad, la mentira, la pobreza y la indiferencia.5 Colombia estará cerca de conocer la paz cuando los actores políticos se desarmen, pero sobretodo cuando exista justicia social.

1  Véanse los casos contenciosos de la CIDH en el caso Colombia: http://www.corteidh.or.cr/pais.cfm?id_Pais=9 y los informes en materia de derechos humanos que ha publicado la misma corte.

2  De los casos más sonados de la parapolítica colombiana en las últimas semanas se encuentra el del general (r) Mauricio Santoyo, quien mientras fungía como jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe aceptó tener nexos con paramilitares.

3  Véase más información en http://www.movimientodevictimas.org/

4  Véase el comunicado completo en: http://www.nasaacin.org/comunicados-nasaacin/4327-acin-carta-a-las-farc

5  El diario colombiano El Tiempo brindó espacio para que personas representativas de diferentes sectores de la realidad nacional expusieran sus ideas en torno al proceso de paz. Véase:http://www.eltiempo.com/politica/esta-es-mi-propuesta-de-paz_12245741-4