Resulta escabroso hablar sobre los crímenes contra periodistas en México porque se trata de una problemática que no necesariamente apunta hacia un mismo origen, lo cierto es que ser periodista en este país se ha convertido en oficio de alto riesgo (por la numerosa cantidad de agresiones y asesinatos a comunicadores), y ha orillado a los medios de comunicación a omitir información (entendido esto como autocensura) en aras de preservar la vida.

La situación actual de los trabajadores del periodismo, mientras no pertenezcan a las grandes empresas noticiosas ni ostenten cargos directivos, es de vulnerabilidad en principio porque es un empleo mal pagado. Aún así hay quienes se esmeran en desarrollar investigaciones sobre temas sensibles (narcotráfico, secuestro, corrupción, enriquecimientos ilícitos, derechos humanos), pero éstas los conduce a otro nivel de vulnerabilidad: ser agredidos. Y las agresiones pueden ser de muchas formas (censura, exclusión, amenazas, vejaciones, levantones, tortura, asesinato) y provenir de diversos emisarios (grupos de poder, crimen organizado).

El escenario es desalentador porque el problema es multifactorial: implica un contexto de violencia nacional, corrupción añeja y arraigada cual idiosincrasia, deficiente impartición de justicia, ambiente de temor y terror. Esto último deriva en tomar nuevas medidas de seguridad, como la no cobertura de ciertos temas, lo que a su vez conlleva a un estado de desinformación de las circunstancias reales del país.

Periodismo maniatado

El incremento de crímenes contra este sector (sean periodistas, colaboradores, columnistas, editores, reporteros gráficos) en la última década se vincula a la delincuencia organizada, en específico a los cárteles de la droga, a quienes se les atribuye los asesinatos, secuestros, desapariciones y amenazas hacia miembros de los medios de comunicación justamente cuando éstos investigan y revelan la identidad (rostros, nombres y apodos) de los criminales.

La autoría de dichos ataques se presume del crimen organizado no sólo por conjetura en base al modus operandi (que generalmente consta de rafagueos con armas de alto poder y balazos a quemarropa) ni por las temáticas que las víctimas publicaron, sino además por mensajes directos que los asesinos dejan (o narcomensajes) en los que continúa la intimidación hacia el resto de los reporteros y periodistas, con frases que advierten el mortífero destino de quienes sigan investigando al narco o determinado grupo criminal. Auténtico terrorismo.

El antropólogo Víctor Clark Alfaro, director del Centro Binacional de Derechos Humanos (Tijuana, Baja California) y profesor en la Universidad Estatal de San Diego (California, EU), en entrevista para Distintas Latitudes articula el incremento de estos ataques con el fortalecimiento de los cárteles de la droga, y señala que las víctimas frecuentes son reporteros jóvenes, quienes por egresar de universidades (o sea, cuentan con una preparación académica) están deseosos de transformar el mundo, y por ello investigan con nuevos métodos los temas que más importan a la sociedad. Es decir, al realizar investigaciones a profundidad acerca de los grupos criminales generan una reacción de molestia e irritabilidad del crimen organizado, cuya manifestación –como en toda otra acción relacionada a sus actividades ilícitas– es violenta y con fines de amedrentar.

Clark Alfaro se refiere a dos generaciones de periodistas en México: los viejos y los jóvenes; éstos con preparación universitaria dado el auge de escuelas de Comunicación y Periodismo en la década de los noventa, y los primeros formados mayormente en el empirismo (aludiendo que son periodistas que hoy tienen 60 ó 70 años). En ellos, el antropólogo observa diferencias en cuanto al manejo profesional:

“Los periodistas de la primera generación se movían de otra forma, no digo que eran corruptos pero había otro tipo de acuerdos y de componendas que esta generación nueva no tiene, mi impresión es que no ha caído en ese tipo de arreglos, no dudo que los haya pero en términos generales no sucede así, o sea, no son jóvenes que con facilidad se les compre o se les mande a callar. Seguramente sus deseos de cambiar y hacer un periodismo nuevo los ha puesto en grave riesgo y las consecuencias las estamos viendo”.

Y así es, las consecuencias son visibles: decenas de periodistas muertos a lo largo del país y ningún caso resuelto, a pesar de que la Procuraduría General de la República (PGR) creó en el 2006 la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP). El Principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [1] queda en abstracto.

Cuántos y porqué

El profesor y columnista Remberto Hernández Padilla hace un recuento de las víctimas mortales [2] desde el asesinato al periodista Manuel Buendía en 1984, ya que dicho crimen puso de manifiesto la vulnerabilidad del sector periodístico, unió al gremio y elevó las voces de exigencia para dar justicia a las víctimas. Manuel Buendía abordaba temas de corrupción, principalmente. En el conteo fatal, Remberto Hernández registra 127 periodistas asesinados (un total de 84 en los últimos diez años; de esos, 49 acaecidos desde diciembre del 2006, fecha en que tomó protesta Felipe Calderón como presidente de México, de los cuales 15 fueron ejecutados en 2010). Sin embargo, anota que antes de Buendía existieron otras 54 víctimas. A esta cifra habría que sumarle la de aquellos reporteros agredidos pero no muertos (los amenazados, secuestrados, violentados, desaparecidos).

Reporteros Sin Fronteras (organización que a nivel mundial defiende a los periodistas encarcelados o perseguidos por su actividad profesional y denuncia los abusos y crímenes contra los comunicadores) en su clasificación de ‘países donde más vale no ser periodista’ ubica a México junto a Afganistán, Paquistán y Somalia, calificándolos como “países abiertamente en guerra, teatro de un conflicto larvado o de una guerra civil”. Y en 2010 advierte que “México se ha convertido en el país más peligroso del continente para los medios de comunicación. La actividad de los cárteles de la droga, sumada a la ineficacia y la corrupción de las autoridades explican en gran parte este panorama” [3].

Vuelvo entonces al término ‘escabroso’, porque este fenómeno no responde únicamente a la presencia de los cárteles, también a los lazos de éstos con fuerzas policiales y altos funcionarios, y a la imperante impunidad (el estado de confusión y violencia ha servido para enmascarar crímenes de orden común). Ante esta situación no se percibe voluntad (en acciones, sólo discursos) por parte de las instancias encargadas de procurar justicia para esclarecer estos delitos (como ocurre con tantos otros: feminicidios, pederastia, trata de personas) lo que supone colusión, complicidad, corrupción. Ésta es otra conjetura que muchos analistas exponen sin tomar los riesgos –como es entendible– de señalar responsables, porque ha quedado claro que publicar sospechas (fundadas o especulativas) pone en riesgo la vida.

Medidas de seguridad

El antropólogo Víctor Clark lo lee, al menos de la frontera con Estados Unidos: “el periodismo entendió el mensaje, se autocensuró”. De tal manera que los reporteros de la nota diaria –por instrucción de los directivos de los medios– trabajan o se entretienen en declaraciones políticas, difusión de programas de desarrollo social, cobertura de actos oficiales, notas de color… Esto genera la ilusión de no pasa nada, todo está bien. Es un círculo vicioso, pues la desinformación mantiene la ignorancia, y la ignorancia permite la manipulación y la violencia.

Las principales medidas de seguridad son no investigar, omitir sucesos (como balaceras de las que nadie escribe) y firmar lo publicado como ‘Redacción’ a fin de no exponerse. Pero tales estrategias (vitales, sin duda) atentan contra la propia libertad de expresión, de información, de prensa.

En el 2009 me lo explicó Alejandro Páez Varela [4] (periodista, editor y escritor originario de Ciudad Juárez, Chihuahua): lo mejor es no entrarle a ciertos temas, simplemente no tiene caso. Una postura comprensible. Aunque también mencionó como posibilidad la cautela de hacer un periodismo incisivo desde lugares ocultos, quizá blindados.

Ésas son algunas medidas para evitar ser blanco de ataques. Otros, los que pueden (que son minoría), de plano andan con guaruras y hasta chalecos antibalas.

Es imposible no mencionar al semanario Zeta como un referente, pues se trata de un periódico especializado en temas del narco que ha pagado los efectos con la vida de algunos de sus integrantes. El semanario mantiene un ‘reclamo permanente’ hacia las autoridades por el asesinato de uno de sus fundadores: Héctor “el Gato” Félix Miranda, muerto a balazos en 1988, año en que escribía una columna acerca del narcotráfico, corrupción y enriquecimientos ilícitos sin detenimiento por acusar a personas con nombre y apellidos. Luego, en 1997, Jesús Blancornelas (cofundador) sobrevivió un atentado que se vinculó a sus publicaciones sobre el líder del cártel Arellano-Félix y supuestos nexos de éste con la policía municipal de Tijuana. Y en el 2004, fue asesinado el coeditor del semanario Francisco Javier Ortiz Franco, igualmente por su actividad periodística. Al tratarse de una publicación con tales características (semanario especializado y atacado), Zeta adopta mayores medidas de seguridad.

Agresiones impunes

Se puede ver a todas luces que las agresiones no siempre provienen de los cárteles. El asesinato de Manuel Buendía, por ejemplo, se ha denunciado como un crimen de Estado [5], el de “el Gato” Félix involucra como autores materiales a guardias de potentados [6]. Y el caso más conocido de agresión por un origen distinto al narco (dada su exposición mediática) es la periodista Lydia Cacho [7], a quien le fueron violentados sus derechos humanos en el 2005 (al ser privada de la libertad bajo un fuerte operativo policial) en un acto de intimidación orquestado entre el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, y el empresario Kamel Nacif, según evidenciaron llamadas telefónicas entre ambos que se hicieron públicas. Lydia Cacho se encontraba al momento difundiendo el fuero que daban políticos y empresarios a una red binacional (México-Estados Unidos) de prostitución y pornografía infantil y, por supuesto, detalló a cada implicado.

Existen numerosos grupos, organismos, asociaciones, individuos (periodistas, en su mayoría) y campañas en torno al periodismo agredido, entre ellos el movimiento Los Queremos Vivos [8]. Reclaman protección a los comunicadores, justicia para los ultimados, defensa de las libertades de expresión, prensa e información, pero –cosa de una ironía cruel– luchan desde la misma posición de vulnerabilidad que reprueban (se ha visto: aquel que alza la voz en repudio a los crímenes, que exhibe verdades, que incomoda, pone en peligro su seguridad). Y hasta puedo decir que todas aquellas plumas y voces que tratan los temas prohibidos con algo de sentido, al margen de una labor periodística propiamente, se convierten en potenciales mártires: lo hemos atestiguado con hombres y mujeres que claman justicia por sus muertos y desparecidos, por las violentadas y aniquiladas de Chihuahua, por los derechos de sus pueblos, por sus tradiciones de herencia indígena, por sus bosques y selvas, por sus hijos violados, por sus presos torturados, por los migrantes…

En este contexto, imagino que la situación del periodismo ha de cambiar (mejorar) cuando el país mismo lo haga: con instituciones funcionales, justicia social, cabal cumplimiento de los derechos (humanos y constitucionales), sistemas económico y educativo incluyentes, procesos electorales confiables, exterminio de la corrupción. Un verdadero Estado de derecho, como apunta Jon Lee Anderson (periodista estadounidense experto en temas de América Latina y conflictos bélicos). Pero frente a las evidencias esto suena a lista de deseos.

Como recordatorio a la sociedad, reclamo a las autoridades y homenaje a los compañeros muertos, el profesor Remberto Hernández propone se declare al 5 de febrero ‘Día del Periodista Asesinado’. Con ello fija un contundente posicionamiento, porque el 5 de febrero ya es en México día conmemorativo: aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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[1] El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión, por lo que es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación del daño adecuada.

http://www.cidh.org/Basicos/Basicos13.htm

[2] Relación de periodistas asesinados en México

http://elfigaropozarica.blogspot.com/2011/02/relacion-de-periodistas-asesinados-en.html

[3] Reporteros Sin Fronteras

http://es.rsf.org/report-mexico,184.html

[4] Estrategia equivocada del gobierno mexicano

http://www.oem.com.mx/elsoldetijuana/notas/n1439615.htm

[5] Estrictamente personal

http://www.eluniversal.com.mx/columnas/65423.html

[6] Proyecto impunidad

http://www.impunidad.com/caso.php?id=72&idioma=sp

[7] Cronología: caso Lydia Cacho

http://www.eluniversal.com.mx/notas/511533.html

[8] Los queremos vivos

http://www.facebook.com/pages/Los-Queremos-Vivos/101762773214618