[Este texto se publicó originalmente en el medio digital Contra Corriente, en Honduras, el cual puede verse en este enlace]

Cada 11 de junio en Honduras se celebra el día del estudiante y como todos los años el gobierno felicita al alumnado con actividades culturales y diplomáticas. Pero este día no es de fiesta para el estudiante de Periodismo Cesario Padilla, ni para Sergio Ulloa de Trabajo Social o para Moises Cáceres de Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Estos estudiantes fueron declarados culpables por los Juzgados de Tegucigalpa por el delito de usurpación, acusados por la misma universidad donde estudian.

Las autoridades universitarias acusaron a estos estudiantes y el sistema de justicia se encargó del resto. El caso se dio por su participación en la toma de las instalaciones en Ciudad Universitaria en 2015 en protesta contra la cuarta reforma universitaria.

“Hay un grupo de estudiantes, maestros y políticos que son anti-reforma. Están en contra de la Cuarta Reforma Universitaria y por ende en contra del desarrollo educativo”, manifestó Julieta Castellanos, rectora por dos periodos consecutivos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras durante el inicio del conflicto en el 2011.

Desde 2011 la crisis en la UNAH se agudizó, Castellanos promovió junto a universidades privadas un anteproyecto de Ley de Educación Superior, iniciativa que otorgaba autonomía a las instituciones privadas. Fue el primer detonante de la crisis, el segundo fue las Normas Académicas, un paquete de reformas en el nivel superior que movilizó a los estudiantes, entre ellos Cesario, Moises y Sergio.

La sociedad hondureña está inmersa en conflictos: campesinos contra terratenientes, comunidades contra empresas de extracción minera e hidroeléctrica, trabajadores frente a gobierno y estudiantes en disputa con autoridades educativas. Escenarios de enfrentamiento permanente en el que se impone la ley del más fuerte, comúnmente el que tiene el poder económico y político.

“Me pareció un chiste ver a la justicia declararnos culpables por un delito que no hemos cometido y por el simple hecho de protestar. La universidad se impone como una dictadura sobre los estudiantes que no comparten su forma de dirigir la máxima casa de estudios”, expresó Sergio Ulloa minutos después de conocer la resolución de los Juzgados.

El ganador se impone sobre el otro afianzando su propuesta y reprimiendo a su adversario, es una característica de la división social de los últimos años. Hace diez años la problemática estudiantil-gubernamental volvió a sonar en la discusión pública: educación media y superior se encargaron de revivir esa realidad con protestas contra La Ley de Educación Superior, Normas Académicas, Alfabetización y Ley Fundamental de Educación.

El conflicto no ha sido solo a nivel superior, en el área media también se han registrado protestas y cierres de centros educativos, estudiantes de colegios públicos. En el 2015 y 2016 lideraron una lucha contra el programa de Alfabetización que aplicaba la Secretaría de Educación como parte de los nuevos métodos estipulados en la Ley Fundamental de Educación. Para tratar el conflicto el exsecretario de Estado en el Despacho de Educación Marlon Escoto denunció a los estudiantes y maestros que apoyaban la toma, suspendiendo a docentes y expulsando a dirigentes estudiantiles.

La crisis educativa muestra el funcionamiento de la sociedad y relata los métodos de cómo el gobierno y las autoridades tratan los problemas. Ulloa lamenta que la universidad sea un pequeño retrato del gobierno, porque lejos de buscar diálogo o consensos se ampara en la represión, en acusar ante el Ministerio Público o expulsar a estudiantes para imponer respeto o su ley, la del más fuerte.

La rectora de la UNAH, Julieta Castellanos en declaración a medios de comunicación ha dicho que ellos han demostrado su disposición de dialogar, están en un conversatorio permanente de construcción de Normas Académicas, además mencionó que colaboraron para el desarrollo de un congreso estudiantil para que los alumnos se organizaran, en ese sentido dejó claro que ellos tienen voluntad y que el proceso contra los estudiantes no podía ser detenido porque ya no estaba en sus manos, sino en la de la justicia.

Castellanos se convirtió en los últimos años en una figura mediática, en el primer periodo como titular de la máxima casa de estudios su administración fue muy admirada porque había puesto orden en la universidad, al pasar el tiempo y promover reformas a lo interno de la institución el panorama cambió y en este momento muchos sectores entre ellos estudiantes, trabajadores y sociedad civil están en contra de que se reelija nuevamente en su cargo.

El mejor regalo que le podrían dar a los estudiantes en su fecha es retirar los procesos criminales, en dejar de judicializarlos por defender la educación”, reclamó el estudiante de Matemáticas Daniel Morales. Él es un alumno del centro regional del Valle de Sula, Morales ha sido procesado en dos ocasiones por acusarlo de promover tomas del centro en San Pedro Sula, él junto a otros doce estudiantes de diversas carreras fue acusado en el 2015 de detentar espacios públicos, al final la acusación no tuvo éxito y los juzgados sampedranos los declararon inocentes.

En la actualidad hay más de 25 estudiantes judicializados por la universidad. En lo que va de la lucha estudiantil desde el 2013 se registran más de 60 alumnos que han sido judicializados por oponerse a las Normas Académicas, lucha que en el 2016 llevó a una suspensión de más de 20 días de clases en todos los centros regionales.

“Además hay 20 compañeros más en proceso judicial, los que permanecieron en una toma del edificio administrativo, en esa ocasión la universidad también respondió con criminalización”, denunció Ana Irías estudiante de la carrera de Periodismo en Ciudad Universitaria e integrante del Movimiento Independiente Los Brayans.

Ese conflicto culminó con la instalación de una mesa de diálogo entre las partes involucradas. Autoridades universitarias y estudiantes aglutinados en el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), junto a figuras mediadoras que darían legalidad a los acuerdos pactados.

Entre los acuerdos firmados están: la construcción de Normas Académicas consensuadas, aprobación de reglamento estudiantil y el retiro de los procesos criminales contra dirigentes estudiantiles.

“Me parece que es una violación a los acuerdos alcanzados en el última crisis, la criminalización nunca se retiró, las autoridades no demostraron su disposición para que no se le siguiera el caso a los jóvenes estudiantes, ahora ellos están esperando la individualización de la pena”, dijo el analista político Tomás Andino al referirse al conflicto universitario.

Luego de la sentencia de los Juzgados capitalinos, la comunidad internacional como organizaciones defensoras de derechos humanos expresaron su preocupación ante el trato que se les da a los estudiantes que defienden la educación.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) mostró su preocupación ante el fallo del Juzgado que podría traducirse en una pena de hasta cinco años contra los estudiantes acusados de usurpación, ante el reclamo de esta oficina la rectora de la UNAH Julieta Castellanos salió en defensa argumentando que estos sectores deben empaparse primero de lo que ha sucedido.

Para Castellanos los acuerdos del 2016 no se han violentado, porque los procesos judiciales contra los acusados son correspondientes al año 2014 y 2015, momentos donde iniciaban las protestas contra las Normas Académicas.

Durante el juicio contra los estudiantes un agente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) admitió ante el juez que las autoridades universitarias pidieron a esa estructura que infiltraran a sus elementos de investigación en el movimiento estudiantil y de esa forma identificar a los dirigentes que promovían el cierre de las aulas. Esa afirmación fue desmentida por las autoridades en un comunicado.

“Nunca hemos pedido a la ATIC que se infiltre en los estudiantes” expresó la UNAH.

“No se trata de ver si las acusaciones son del 2016, 2014 o 2015, en realidad es comprender lo que hay de fondo, como la universidad nos criminaliza, su apuesta por la represión, es igual a la que usa el gobierno contra los defensores del ambiente, de las empresas públicas o de la educación. Este es un mensaje fuerte para el movimiento en el día del estudiante, un mensaje que le dice a la gente que quiere luchar que la pueden meter a la cárcel si no comparte sus políticas o su pensamiento”, calificó la situación el estudiante de Sociología Ovét Córdova.

Irías cree que las autoridades quieren callar al movimiento estudiantil, intentan meterle miedo con la criminalización. “Ellos tienen temor a que nosotros sigamos movilizándonos”.

Córdova asegura que esto no solo ocurre en educación superior, él recordó las medidas que el exministro Marlon Escoto implementó contra la dirigencia estudiantil que se oponía al programa de Alfabetización. “Es una política de gobierno”.

“Sin consensos, sin diálogo y con criminalización la crisis continuará, ojalá que las autoridades desistan de judicializarnos y que puedan construir pensamiento junto a nosotros”, manifestó Córdova.

“Queremos hacer un llamado a los estudiantes, a las organizaciones, movimiento social, para que nos apoyen y nos respalden, porque no nos vamos a detener, a pesar de la criminalización de la rectora”, detalló Ana Irias.

Por ahora en el conflicto educativo, la UNAH se impone a través de la judicialización, realidad que podría llevar a Moises, Cesario y Sergio tras las rejas durante los próximos cinco años.