El pasado 12 de julio el expresidente brasileño Luiz Inácio “Lula” da Silva (2002-2010) fue condenado a 9 años de cárcel por corrupción, en el marco de las investigaciones de la operación Lava Jato. Sin embargo, el expresidente sostiene su inocencia y sus allegados califican la condena como una persecución política, para evitar que pueda volver a la presidencia en 2018.

Por eso, esta semana, Lula presentó la primera apelación a la sentencia (aquí el texto completo), cuya base es el cuestionamiento de la imparcialidad del juez que lo condenó, Sergio Moro, una de las superestrellas de la Lava Jato.

La operación Lava Jato es una una investigación de corrupción liderada por la Policía Federal de Brasil, que tiene bajo el ojo de la tormenta a más de un expresidente latinoamericano. En el 2016 comenzó a expandirse por el continente, cuando la constructora Odebrecht reconoció que pagó sobornos en los países que operaba. Se ha dicho que ésta es “el soborno más grande la historia”

De acuerdo con la sentencia de Moro, Lula habría recibido más de 2,2 millones de reales (alrededor de 700 mil dólares estadounidenses, bajo el tipo de cambio actual) como sobornos de la empresa constructora OAS, los cuales se habrían dado mediante la compra de un apartamento al expresidente.

“Es del todo lamentable que un expresidente de la República sea condenado criminalmente, pero la causa de eso son los crímenes por él practicado y la culpa no es la de la regular aplicación de la ley. Prevalece, al final, el dicho ‘no importa cuán alto estés, la ley todavía está encima de ti’”, escribió Moro en la sentencia.

Sin embargo, de acuerdo con la defensa de Lula, la sentencia de Moro contiene omisiones, contradicciones y obscuridades.

El juicio no pasó de ser una ceremonia legal, para registrar un veredicto ya dictado por la prensa y por la opinión pública que ésta generó”, señala la apertura del documento de apelación presentado por la defensa de Lula.

Los abogados del expresidente brasileño afirman que Moro no tomó en cuenta los testimonios de defensa y condenan el valor probatorio que el juez le dio al testimonio del contratista Léo Pinheiro, de la OAS, y del exsenador Delcídio Amaral.

De acuerdo con la defensa de Lula, el juez no fue imparcial, y seleccionó solo los elementos probatorios que le convenían para comprobar lo que ya había decidido que sería la sentencia.

Moro rechazó el martes 18 de julio los puntos expuestos por la defensa, negando cualquier contradicción en su sentencia.

Pese a la envergadura de lo que significa que un expresidente sea condenado por corrupción, el caso contra Lula es de los menores en cuanto a montos de corrupción en todo el esquema de la operación Lava Jato, que se ha llevado a decenas de políticos del país tras las rejas, y que inclusive ha permitido revelar casos de corrupción en otros países latinoamericanos.

Tras la destitución de la expresidenta Dilma Rousseff –la cual no estuvo relacionada con ningún caso de corrupción, propiamente–, Lula da Silva se perfilaba como posible ficha para que el Partido de los Trabajadores (PT) regrese al poder en 2018.

De quedar en firme la sentencia de Moro contra Lula, el expresidente quedaría inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos durante 19 años.

“El presidente Lula es inocente. Por más de tres años, Lula ha sido objeto de una investigación políticamente motivada. Ninguna evidencia creíble de culpa fue producida, mientras que pruebas aplastantes de su inocencia son descaradamente ignoradas. Este juicio políticamente motivado ataca el Estado de Derecho de Brasil, la democracia y los derechos humanos básicos de Lula. Es una gran preocupación para el pueblo brasileño y para la comunidad internacional”, dijo la defensa del expresidente, el día de su condena.

Brasil vive una crisis política que pareciera no tener final. El actual presidente, Michel Temer –del partido de centro-derecha PMBD–, está a las puertas de un posible proceso de impeachment, y la dimensión de los esquemas de corrupción involucra a cada vez más políticos en prácticamente todos los partidos que cuentan con representación en las cámaras del Congreso del país.