Alex Morazán dejó su tierra natal en Honduras del 31 de enero de 2013 e inició un recorrido en autobús de dos días hacia lo incierto en el sur. Su destino era Costa Rica, y su objetivo preservar su vida, ante las múltiples amenazas que vivía en su país por el simple hecho de ser un hombre gay.

Cuando tomó la decisión de hacer su viaje no sabía nada sobre la condición de refugiado ni sobre los procesos migratorios y engorrosos trámites por los que tendría que atravesar. Es más, ni siquiera sabía cómo se las arreglaría para subsistir. Con solamente $10 en su bolsillo llegó a San José el 1 de febrero de ese mismo año, dinero que tendría que rendirle para recomenzar desde cero.

“Ya no es como antes, que pensaba todo el mundo que vienen a Costa Rica por el ‘Pura Vida’ o para hacer dinero. Eso no existe para nosotros los que venimos en refugio. Venimos en refugio para tener una oportunidad para vivir, eso es lo único, no estamos pidiendo más al país. Salvar nuestra vida, es todo”, afirmó Morazán.

Al igual que él, decenas de hondureños, principalmente, pero también otros centroamericanos del triángulo norte de la región (que incorpora además de Honduras a El Salvador y Guatemala) se han visto forzados a dejar sus países sin ninguna garantía, pues la violencia homofóbica, lesbofóbica y transfóbica está enraizada no solo en sus sociedades, sino también en las fueras policiales y militares, políticas y jurídicas que deberían defenderles.

Así lo aseguran voceros de la organización centroamericana Casabierta, una ONG que está levantando la voz con respecto a esta situación. Para denunciar lo que sucede, la organización presentó al Gobierno de Costa Rica un informe llamado “Libro Blanco”, en el cual se hace un recuento de la situación de violencia hacia la población de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT) de la región.

Solo en Honduras, desde el golpe de Estado de 2009, se han registrado al menos 120 asesinatos motivados por la orientación sexual o el activismo de personas LGBT. Eso sin contar que estos son solo los casos registrados por la prensa y las ONG, pues en dicho país no existe la tipificación de crimen de odio.

“Las estadísticas son bajísimas en todos esos países, comparadas con la realidad, por el hecho de no estar tipificadas en los códigos penales. También hay casos de violencia que no son denunciados, porque muchas veces el hacerlo pone en peligro tu vida, la propia Policía podría asesinarte”, señaló Zoilamérica Ortega, integrante de la organización.

No existen datos oficiales sobre la cantidad de personas que han solicitado el estatus de refugiados en Costa Rica por orientación sexual, pues la Dirección General de Migración y Extranjería, al igual que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) consideran estos datos como sensibles, y los manejas con suma confidencialidad.

Sin embargo, una aproximación extraoficial proporcionada por fuentes cercanas al trámite de los casos sugiere que al menos 60 solicitudes se están tramitando actualmente en Costa Rica, de las cuales la gran mayoría corresponden a ciudadanos hondureños.

LOS PRIMEROS CASOS

Dennis Castillo, activista de Casabierta, es también uno de los primeros refugiados que Costa Rica reconoció en función de su orientación sexual. En Honduras, su vida se vio amenazada por el activismo que realizaba en favor de sus derechos.

En 2013, junto con otros dos activistas de ese país, se convirtieron en la primera vez en que las autoridades costarricenses otorgaban el estatus de refugiado a personas perseguidas por su orientación sexual.

En su momento, Vanessa Leandro, oficial del Acnur en Costa Rica dijo que esta resolución se dio gracias a la incorporación de la causal de género en marzo de 2010 en los estatutos nacionales para conceder asilo.

Pocos días después de esto, se concedió a tres activistas de la diversidad sexual de Nigeria, y después de ellos el Acnur y Migración dejaron de dar información sobre el trámite de los casos de refugiados. No obstante, la actual viceministra de Gobernación -entidad a la que está adscrita la Dirección General de Migración y Extranjería-, Carmen Muñoz, reconoce que en todo 2014 no se otorgó ni una sola condición de refugiado a ninguna persona, sin importar la causal de su solicitud, lo cual preocupa a los activistas en esta materia.

LAS AUTORIDADES TICAS

Muñoz ingresó al gobierno el año pasado, nombrada por el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, quien venció las elecciones de 2014 con la promesa de campaña de otorgar igualdad de derechos a las personas LGBT.

La actual viceministra fue conocida por su paso como diputada en la Asamblea Legislativa por ser la primera congresista abiertamente lesbiana, e impulsar los proyectos de ley de uniones gay, por lo cual este es un tema en el que está ampliamente sensibilizada.

Muñoz aseguró que conoce de estos casos de refugio por orientación sexual de centroamericanos, y que entiende que Costa Rica se ha convertido en un punto de destino para este tipo de población.

“Hay alrededor de unos siete casos pendientes de resolución y sí ya tenemos personas reconocidas con la condición de refugiadas por orientación sexual, pero no solamente por eso, sino porque en razón de eso son perseguidos, son violentados, amenazados”, indicó la viceministra.

La jerarca definió esto como un “nuevo perfil de refugiados”, el cual el país debe comprometerse en atender. Por ello, aseguró que se han realizado campañas de sensibilización con la Comisión de Refugio y los jueces del Tribunal Administrativo Migratorio, que resuelve en segunda instancia las peticiones.

A pesar de ello, Muñoz reconoció que aunque Costa Rica se presenta como un país garante de los derechos humanos, en ninguna nación del mundo, los refugiados van a encontrar todas las condiciones que requieren, por tratarse de individuos especialmente vulnerables.

“El refugiado en general se convierte prácticamente en un costarricense más, en cuanto a derechos (…) Yo podría pensar que igual que tenemos algunas debilidades para reconocer derechos patrimoniales y personales de personas no heterosexuales en general, pues esta población que viene de esos países tendrá también limitaciones en ese sentido. Sin embargo, sí puedo decir que el país garantiza la integridad física y la protección de estos ciudadanos, además es una obligación”, expresó la viceministra.

La organización Casabierta, que está trabajando con este nuevo perfil de refugiados, envió en enero representantes a una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington DC, Estados Unidos, en la cual los comisionados se mostraron sorprendidos no solo por el nivel de violencia discriminatoria, sino también por el hecho de que las migraciones se estuvieran dando hacia al sur, y dentro de la misma región a un país centroamericano como Costa Rica.

Ortega, de Casabierta, quien además es de origen nicaragüense, afirma que a Costa Rica le corresponde asumir una gran responsabilidad en la recepción de refugiados, para la cual tal vez no esté al 100% preparada -al fin y al cabo, también es un país pobre.

Sin embargo, cree que la mayor responsabilidad debe recaer sobre los estados del norte de Centroamérica, que deben sentir la presión internacional para solucionar la violencia profunda que está haciendo que sus ciudadanos LGBT escapen en búsqueda de refugio hacia un sur supuestamente más pacífico.

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