Desde 2007, Ecuador es dirigido por un partido de izquierda progresista. Sin embargo, eso no ha significado un avance tan significativo para los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersex (LGBTI).

Actualmente Ecuador ha tenido algunos avances, como el reconocimiento de las uniones entre personas del mismo sexo. Sin embargo, dicho reconocimiento se hizo con una figura distinta al matrimonio. Además, las parejas del mismo sexo deben pagar US$120 para reconocer su unión, mientras que las parejas heterosexuales lo hacen gratis.

Asimismo, si bien no existe una fuerte persecución en contra de las personas que defienden los derechos de la población LGBTI, el gobierno de Rafael Correa (ahora expresidente) les hizo frente por considerarlos opositores, y según Freddy Lobato de la organización ¡Igualdad de derechos YA!, esto fraccionó el movimiento.

“No existe ningún caso de persecución por defender derechos LGBTI. Sin embargo, por defender nuestra posición y derechos, el gobierno de (Rafael) Correa nos tachó de odiadores, dividió el activismo y cooptó a grupos de activistas de forma clientelar para tamizar su imagen de defensor de derechos, pese a bloquear algunas demandas como acceso al matrimonio y registro de filiación de hijos de parejas homoparentales, por puro prejuicio religioso moralista. Al tacharnos de odiadores, los activistas y organizaciones fuimos bloqueados de cualquier diálogo o acceso a instituciones del Estado”, dijo Lobato a Distintas Latitudes.

Entorno político

Ante este contexto político, Freddy Lobato considera que el activismo se ha divido mucho en varias organizaciones, con visiones e intereses distintos. El objetivo puede ser el mismo, pero según Lobato la política e intereses personalistas se mantienen y eso ha polarizado mucho la causa.

Con el nuevo presidente, Lenín Moreno Garcés, quien es del mismo partido que Correa, el movimiento Alianza PAIS, la situación podría mejorar con respecto a los enfrentamientos y estancamientos que se dieron durante la administración anterior.

“Más que él, el movimiento Alianza PAIS del que es parte ha tenido posturas abiertas al reconocimiento y garantía de derechos, que estuvieron limitadas a la visión del tema GLBTI del expresidente Rafael Correa. Entendería que Moreno mantendrá las políticas de equidad e igualdad. Sí nos ha causado una reacción positiva escuchar de él una postura en contra del denominado Plan Familia que es un programa de gobierno para tratar la educación sexual adolescente y prevención de embarazos adolescentes desde la visión de los grupos Opus Dei y pro vida, relacionados con la abstinencia y el bloqueo de tratamiento de información sobre sexualidades y diversidad sexual, es decir, tapar todo lo GLBTI. Ojalá lo cumpla”, dijo Lobato.

Uniones e identidad

Con la Constitución de 2008, se reconocieron las uniones entre personas del mismo sexo. Se hizo una reforma al Código Civil y la Ley de Datos, por la cual se permite el acceso en la cédula de identidad a registrar la condición de “Unión de Hecho” como un estatus de Estado Civil. Sin embargo, no existe acceso al matrimonio igualitario.

Las parejas del mismo sexo aún deben ir donde un notario a registrar o dar fe de nuestra unión (antes nos requerían declarar estar en unión al menos dos años de convivencia monogámica), sin embargo, el trámite notarizado cuesta alrededor de US$120, mientras que las parejas heterosexuales solo acuden al Registro Civil a casarse pidiendo reserva de su trámite y no les cuesta nada”, dijo Lobato.

“Se le ha querido llamar de unión civil a lo nuestro, cuando no es estrictamente eso, aunque la Constitución garantice que ese derecho de registro de unión de hecho tiene los mismos derechos en estatus, que el matrimonio, pero desde su trámite, no es igual, y eso afecta incluso a una pareja heterosexual. Son las ambigüedades del correísmo y de Correa, porque es su visión impuesta en las leyes, debido a su conservadurismo”, agregó.

De acuerdo con Lobato, en lo escrito se habla de igualdad para las parejas del mismo sexo, pero en la realidad aún subsisten varios prejuicios institucionalizados y desde el Estado. Existe una constitucional al limitar el acceso al matrimonio o la adopción. No se reconocen en los hechos a las familias homoparentales, e incluso se han puesto barreras a los casos tramitados en la Corte Constitucional.

En el caso de la identidad de género, no existe un proyecto de ley en particular, aunque existe protección constitucional. No obstante, hacer el cambio de nombre y de sexo registral no es tan sencillo.

“Puede cambiarlo (el nombre) y queda registrado en su cédula, no así el histórico documental de su partida de nacimiento. Las cédulas de identidad de personas transgénero son un documento de excepción y deben llevar testigos para dar fe de lo expresado. Debe perfeccionarse el trámite o simplemente, como demandan algunas activistas, que se elimine el registro de sexo y género en la cédula para convertirlo en el sexo universal, como se da en otros países con los documentos de identidad, como Brasil”, dijo Lobato.

Antidiscriminación y otras normativas

El artículo 11 de la Constitución estipula que está prohibida la discriminación. Además, hay varias leyes secundarias que garantizan este principio. En contraposición, también existen leyes discriminatorias per se, donde se aplica la exclusión explícita de derechos para las personas LGBTI, como el Código Civil en cuanto a matrimonios y adopción.

Durante el gobierno de Rafael Correa se estableció un mecanismo de seguimiento de los temas de inclusión LGBTI: identidad de género, no discriminación, inclusión afirmativa en el trabajo y prevención de la discriminación.

No hemos visto que el factor clave de prevención, que es la educación, tenga un plan a largo plazo y que tenga real injerencia en el cambio de mentalidad. Se debe entender que es complejo el tema, pero al menos debería trazarse un plan de acción o plan piloto para tratar el tema en el sistema educativo. Y eso, creemos que no hay”, enfatizó el activista de la organización ¡Igualdad de derechos YA!

Reformas urgentes

Teniendo en cuenta este panorama, ¿qué reformas legales y culturales harían falta para que en Ecuador mejoren las condiciones de vida para las personas LGBTI? Lobato puntualiza las siguientes:

  1. Eliminación de barreras legales que impiden la igualdad plena y real: “Hay temas aún bloqueados en la Constitución (matrimonio y adopción) y en trámites de reconocimiento de familias homoparentales que se ventilan en la justicia constitucional. Esperamos que, con la salida de Rafael Correa, los jueces competentes dicten sentencias apegadas a la norma jurídica del derecho y el apego también a los demandantes que reclaman igualdad”, señaló el activista.
  2. Ampliar participación de grupos LGBTI en mesas de diálogo con el gobierno: “Esperamos que las mesas de trabajo se mantengan con (Lenín) Moreno y se cumpla dicha agenda o se amplíe a la participación de grupos que no han sido afines al oficialismo, y sea menos corporativista esa relación del Estado con esos grupos”, agregó.
  3. Fomentar la educación en cuanto a igualdad y derechos de las personas LGBTI.

La cooptación de los movimientos sociales por parte de los gobiernos es un problema que se ha dado frecuentemente en América Latina. En el caso de Ecuador, si bien han existido avances, persisten exclusiones y situaciones de discriminación legal que parten desde la propia Constitución, lo cual hace suponer que la lucha está lejos de llegar a buen puerto.


Fotografía: Facebook de ¡Igualdad de derechos YA!