El 17 de diciembre de 2010 la prensa reportó que la Procuraduría General de la República contabilizaba 30,196 “muertes violentas asociadas con el crimen organizado” entre el 01 de diciembre de 2006, cuando tomó posesión el Presidente Felipe Calderón, y ese día.[1] Entre enero y noviembre de 2010 la cuenta era de 12,456. Se ha cuestionado en algunos lugares si esas muertes son a causa de las acciones del gobierno federal contra el crimen organizado, si son una señal del éxito o del fracaso de esas acciones, o si deben considerarse clara evidencia de los problemas de seguridad en México o si más bien son un reflejo de sólo algunas regiones.[2] Igualmente, puede criticarse que la prensa, al reportar estos crímenes, lo hace fuera de contexto y con un tono claramente amarillista, lo que llevaría a distorsiones en la percepción sobre la violencia en México.[3] Estas cifras de muertos, cuyo uso apunta a un interés en el cómputo de cadáveres y no a la pérdida de vidas humanas, y la mayor parte de las discusiones alrededor de ellas, que han terminado por volverse clichés o sin utilidad, indican que nos encontramos ante una novedad, cuyo riesgo más grande es la evasión de cualquier responsabilidad al respecto: la banalización de las muertes violentas en México, eliminando de ellas su sustancia, el fin de una vida humana a manos de una persona, para convertirlas en una cosa, sea un medio de transmisión de mensajes o un indicador de que algo “va bien”.

Tomando en consideración las diferencias entre el terror nazi y los problemas relacionados con el crimen organizado en México, las observaciones de Hannah Arendt pueden ayudar en los esfuerzos de comprensión de la banalización de los más de 30,000 muertos de los últimos cuatro años. En 1950, Hannah Arendt publicó dos ensayos sobre algunas

observaciones de la vida en Alemania durante la postguerra y sobre la novedad que representaron los campos de extermino para los conceptos y técnicas con los que las ciencias sociales habían trabajado hasta ese momento.[4] Comenta, por ejemplo, que “la extraordinaria dificultad que tenemos al tratar de entender la institución del campo de concentración y para incluirla en el registro de la historia humana es precisamente la ausencia de [un] criterio utilitario” en las muertes que ahí se producían, que “en lo que respecta a los guardias de la SS [que estaban a cargo de los campos], desafortunadamente debemos descartar la noción de que constituían una élite negativa de criminales, sádicos y personas medio enfermas mentales”, o que “mientras que nuestro sentido común está perplejo cuando se confronta con acciones que no están inspiradas por la pasión ni son utilitarias, nuestra ética no es capaz de lidiar con crímenes que los Diez Mandamientos no previeron.”[5] Asimismo, le llama la atención, por ejemplo, que “en ningún lugar esta pesadilla de destrucción y horror se sienta menos y se hable menos de ella que en la misma Alemania”, que se “la realidad de las fábricas de la muerte se transforma en una mera potencialidad: los alemanes sólo hicieron lo que otros eran capaces de hacer […] o lo que otros harán en un futuro cercano”, o que se “haya desarrollado el hábito de tratar hechos como si fueran meras opiniones” y le preocupa mucho que “tal escape de la realidad es también, por supuesto, un escape de la responsabilidad […]; todos los pueblos de Europa Occidental han desarrollado el hábito de culpar de sus infortunios a alguna fuerza fuera de su alcance”.[6]

Por un lado, los asesinos han banalizado el acto de matar y a sus víctimas porque las convierten en un medio para enviar mensajes; no les basta con matar, sino que la forma en la que se mata y lo que se hace con los muertos es fundamental para comunicar algo, lo que ahora se hace de manera casi sistemática. Aceptando, como hace el gobierno, la cuenta de muertos en esta administración, el promedio es de poco más de 20 homicidios diario. Sin embargo, no se trata sólo de matar regularmente, sino cómo se mata y en lo que se transforman los cadáveres. Éstos se descubren colgados en un puente, luz pública o semáforo, semidesnudos o mutilados, al lado de un mensaje firmado por algún cártel; cabezas en un lugar público y cuerpos degollados a la mitad de la sierra; irrupciones en lugares donde se encuentran grupos de personas, como fiestas o centros de tratamiento de adicciones, con armas de fuego automáticas;  o barriles con ácido donde se disuelven los restos humanos. En todos los casos hay un mensaje: quien haya cometido ese crimen[7] quiere mostrar que tiene la fuerza física necesaria para enfrentarse a quien sea (organizaciones rivales o autoridades).

El objetivo de los narcotraficantes no es sólo la obtención de una ganancia económica, sino la obtención de esa ganancia económica y el control a toda costa de los mercados de bienes o servicios ilegales. Los 20 muertos que se encuentran diario se vuelven un medio de comunicación y un mensaje. Esos mismos muertos y su transformación en una muestra del desdén a cualquier límite que quiera imponérseles indican que la vida humana y las personas asesinadas son tan exiguas para los criminales como el sonido de una oración que se pronuncia. Esto, además, representa un nuevo reto: ¿cómo castigar esas atrocidades? O, para comenzar por algo más elemental, ¿cómo definirías penalmente? En general, un delito implica un daño a una persona, pero una decapitación casi sistemática de cadáveres o su utilización como medios de comunicación escapa a los daños que son concebibles en nuestra legislación o a los alcances de impartición de justicia de nuestros sistemas ético y legal.

Por otro lado, el gobierno también ha banalizado las más de 30,000 muertes de los últimos 4 años. Menciono dos ejemplos explícitos de lo anterior. El 19 de abril de 2010, el Presidente Felipe Calderón, en un discurso frente a empresarios turísticos de todo el mundo, al responder una pregunta aseguró que “la gran mayoría, más del 90 por ciento [de las muertes violentas; no dio cifras], se refieren a acciones de criminales contra otros; ni siquiera es la gran mayoría contra las autoridades mismas y mucho menos contra civiles y mucho, mucho menos contra turistas”, lo que sería una señal de éxito “[p]orque, ciertamente, en parte la acción del Estado y en parte la búsqueda territorial de su acción los ha llevado [a los cárteles de la droga] a situaciones de inestabilidad interna, de confrontación interna entre ellos y de lucha unos contra otros”.[8]

Se utiliza la palabra “criminal” casi como una categoría sociológica y psicológica, no como un término jurídico, lo que originalmente tendría que ser. Entre las características que se atribuyen a los criminales se infiere que están ser sádico, no tener interés por la vida humana (ni la propia), necio (y, por ello, casi mentalmente enfermo) ante el poder del Estado y las leyes, y cuyo casi único derecho es estar a la merced y justicia de otros criminales. En ningún caso se les ve como personas; en el mejor de los casos se les ve como personas ya muertas. Y del mismo modo parece aislárseles; no son parte de la sociedad,  sino ajenos a ella, y lo único que cabe esperar de ellos es que se maten entre sí.

La violencia que se observa en tantas muertes y su banalización requiere una atención particular que considere al menos dos elementos. En primer lugar, independientemente de quién las cause, cómo resulten en comparación con otros países o su concentración geográfica, es inaceptable que el promedio de muertes violentas “relacionadas con el crimen organizado” sea de alrededor de 20 en esta administración. Ahora, la pérdida de vidas humanas pareciera haberse vuelto algo cotidiano, incluso esperable, y por ello, entre otras cosas que mencioné antes, banal. Además, tal cantidad de homicidios refleja una decisión del Estado de retraerse en la aplicación del derecho y la procuración e impartición de justicia frente a los grupos criminales, lo que no puede entenderse sino con la misma banalización de la existencia de las personas que pertenecen a las organizaciones delictivas. Del mismo modo, al permitir que los cárteles de la droga deciden quién vive y quién muere el gobierno evade cualquier responsabilidad de las muertes relacionadas con el crimen organizado que ocurran en el país, dejando, de nuevo, la administración de justicia en otras instancias. En segundo lugar, los conceptos sociológicos, legales y políticos con los que ahora contamos no son suficientes para explicar y contribuir a mejorar la situación de violencia del país. De seguir utilizando las mismas referencias hasta ahora, se mantendrán la banalización y la evasión de cualquier decisión o responsabilidad sobre las muertes. Las nuevas ideas han demostrado ser sumamente eficaces para la atención de viejos problemas.


[1] http://www.eluniversal.com.mx/notas/730999.html; consultado el 5 de enero de 2011.  La nota también puede consultarse, por ejemplo, en http://www.milenio.com/node/602669, http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/86429. En todos los casos se hace poco más que referir las cifras de la PGR.

[2] Fernando Escalante ha hecho revisiones sobre la cifra de muertes en México. Los artículos están en la edición en línea de la revista Nexos: http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=776, http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=1943189; consultados el 5 de enero de 2011.

[3] Sobre el papel de la prensa y el “código de conducta” que podría seguir al reportar este tipo de información véase, por ejemplo, el artículo de Raymundo Riva Palacio, “Regresar a lo básico”, en la edición de septiembre de 2010 de la revista Este País: http://estepais.com/site/wp-content/uploads/2010/08/06_eticayperiodismo_rivapalacio.pdf (consultado el 6 de enero de 2010).

[4] “Social Science Techniques and the Study of Concentration Camps”, en id., Essays in Understanding, 1930-1954. Formation, Exile and Totalitarianism, ed. de Jerome Kohn, Nueva York, Schocken Books, 1994, pp. 232-247 (en adelante “Concentration Camps”), y “The Aftermath of Nazi Rule: Report from Germay”, en ibid., pp. 248-269 (en adelante “Aftermath”). Todas las traducciones de citas son mías.

[5] “Concentration Camps”, pp. 234, 239 y 242, respectivamente.

[6] “Aftermath”, pp. 249, 250, 251 y 250, respectivamente. Hannah Arendt obtuvo esas conclusiones a partir de conversaciones con algunos ciudadanos alemanes, por lo que aunque podrían no ser representativas de toda la sociedad alemana, sí podrían tener un alcance más general que individuos aislados. Además, los rasgos que Hannah Arendt identifica en el pensamiento y el habla de los alemanes en la posguerra contrasta con sus recuerdos de discusiones más sensatas hasta antes de la llegada de los nazis al poder en 1933.

[7] El gobierno no ha aclarado cómo se realiza la distinción entre las muertes que causa el crimen organizado y otro tipo de muertes violentas. En algunos casos, como cuando se coloca un mensaje firmado por una organización criminal, o cuando hay enfrentamientos con las Fuerzas Armadas, generalmente puede achacarse sin muchas dudas una muerte a un cártel del narcotráfico en particular. Esto es más difícil cuando se trata de cadáveres que se encuentran abandonados o que no incluyen alguna “marca” del asesino.

[8] http://www.presidencia.gob.mx/index.php?DNA=109&page=1&Contenido=55399; consultado el 5 de enero de 2011. La prensa recogió la declaración anterior bajo encabezados como “Minimiza Calderón matanzas contra civiles” (http://www.jornada.unam.mx/2010/04/17/index.php?section=politica&article=002n1pol; consultado el 5 de enero de 2010).