Honduras.- Una noticia que generó impacto hace una semana en Honduras fue el robo del expediente del caso de Berta Cáceres, ambientalista asesinada hace siete meses en su casa. Actualmente seis personas están presas, dos de ellas exempleadas de DESA (Desarrollos Energéticos S.A.), empresa contra la cual Cáceres y su organización Copinh emprendían una lucha por la instalación de una represa hidroeléctrica que no fue debidamente consultada con el pueblo lenca en su rango de afectación.

El robo fue tan insólito, que la Misión de Apoyo contra la Impunidad (Maccih) de la Organización de Estados Americanos recién instalada en Honduras se pronunció y calificó de “inadmisible” que un expediente como el de este caso, que incluso se guardaba en secreto, fuera robado.

Sin embargo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia dijo que era “intrascendente” que se haya extraviado el expediente, ya que existe copia del mismo y perfectamente se puede reconstruir. “No existe la posibilidad que se dilate el juicio incoado contra los presuntos responsables”; dijo Rolando Argueta, titular de la CSJ.

Este robo no es intrascendente, especialmente para los abogados de Cáceres y su familia, quienes desde el inicio del proceso judicial mostraron desconfianza en el sistema de justicia hondureño y pidieron una investigación independiente a través de una comisión liderada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta petición fue negada por el Estado de Honduras como también el acceso al expediente.

Recorre las redes sociales

Lo más alarmante según el abogado de la familia de Cáceres, Víctor Fernández, es que el asunto va más allá del extravío del documento, el peligro radica en la fragilidad y lo expuesto que está todo. Y ejemplo de ello es que este jueves se filtró en redes sociales un grupo de imágenes del expediente con declaraciones de uno de los imputados: Sergio Ramírez, exempleado de DESA, que guarda prisión preventiva durante el juicio.

En un comunicado, acompañado por varias organizaciones sociales de Honduras aglutinadas en la Plataforma del Movimiento Social y Popular, las agrupaciones cercanas a Cáceres así como sus apoderados legales expresaron que no creen en la versión oficial de cómo se dio el robo a la magistrada ya que estos funcionarios de gobierno no se trasladan sin protección policial, mucho menos con un expediente en estado de secretividad, poniendo en duda que haya sido un accidente y que posiblemente sea algo premeditado para alterar el rumbo del caso. 

La Maccih también cree que es irresponsabilidad del Estado sacar un expediente como este sin protección.

La Plataforma del movimiento social exige que se declare el expediente como no secreto, ya que hay otras personas que han tenido acceso a él, así se puede verificar que no se extravíen pruebas y los implicados en el asesinato puedan salir con impunidad.

“Queda entonces evidenciado una vez más, la importancia de contar con una investigación imparcial de expertos internacionales apoyados por Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que transparente la investigación y garantice que no habrá impunidad para ninguno de los implicados en el asesinato de Berta Cáceres”, reza el comunicado.

Por su parte, la hija mayor de Cáceres, Olivia Zúniga, dijo en medios de comunicación nacionales que  “reponer el expediente no debería ser el tema central en este caso del robo,  sino lo que esto implica porque hay que preguntarse qué pasa con los testigos, con los declarantes que se supone que son protegidos”.

Agregó que no solo está en riesgo la vida de esas personas,  sino que también la vida de los peritos que expusieron toda la prueba científica del asesinato de Berta Cáceres. Esto no ha sido bien tratado por las autoridades nacionales, según Zúniga. El riesgo es aún mayor cuando comienza a filtrarse información no verificada en redes sociales.

La Organización de Naciones Unidas también expresó “graves preocupaciones” sobre el riesgo de impunidad en el caso.

“El robo del expediente original del caso de Berta Cáceres es muestra de la vulnerabilidad del sistema judicial hondureño y da cuenta, en este sentido, del problema de fondo que perpetúa la impunidad en Honduras: la incapacidad o falta de voluntad de las autoridades hondureñas para investigar y sancionar violaciones graves a los derechos humanos”, dijo este jueves Michel Frost, relator especial sobre la situación de defensores de derechos humanos.