Las investigaciones de corrupción parecen ser un barril sin fondo en las instituciones gubernamentales del país centroamericano. ¿Cómo detener este fenómeno? ¿Cómo evitar que estas investigaciones queden impunes? Para ello, los guatemaltecos quieren llegar al fondo del problema y ahora proponen cambiar su constitución radicalmente. Este es el resumen, las claves y el por qué quieren hacerlo.

Tres magistrados tras las rejas

Para que la lucha contra la impunidad sea exitosa, es indispensable combatir ya, radicalmente y sin descanso, la corrupción judicial”. Este es un tuit publicado por Iván Velásquez (comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) el 22 de diciembre de 2016. A simple vista pinta ser un contenido rutinario. Sin embargo, el mensaje se convirtió en profético.

19 días después un juez llamado Carlos Ruano reveló el primer gran escándalo de este año. La magistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling se reunió con Ruano para “sugerirleque su hijo, Otto Molina Stalling, implicado en un caso de corrupción, le fuera otorgado una medida sustitutiva, ya fuera libertad condicional o arresto domiciliar.

Stalling no era un nombre más en el Poder Judicial. Distintas organizaciones le señalaban de ser la magistrada más influyente en las cortes de la justicia guatemalteca. Sin embargo, su decisión de citar a un juez de un proceso que involucra a su hijo la orilló a ser investigada por el Ministerio Público.

Cuatro semanas después, el Congreso de diputados permitió que se le iniciara causa penal. La semana pasada, la aún magistrada fue capturada, mientras intentaba huir, disfrazada y con pistola en mano. Se le acusa de cometer tráfico de influencias y por eso ahora guarda prisión preventiva.

Con Stalling suman 3 de 13 magistrados tras las rejas. Antes, los magistrados Vladimir Aguilar y Douglas Charchal estuvieron implicados en una concesión anómala de una portuaria guatemalteca. Todos ellos están acusados por aprovecharse de sus cargos para algún beneficio personal o de terceros.

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De izquierda a derecha. Vladimir Aguilar, Douglas Charchal y Blanca Stalling

Por eso, el tuit de Velásquez da razón del por qué varios sectores guatemaltecos buscan cambiar su carta magna: quiere erradicar la impunidad desde la raíz. Ahora veamos qué proponen.

Cambiar la constitución para erradicar corrupción

Las reformas constitucionales para mejorar el sistema de justicia fueron promovidas por los tres poderes del Estado en 2016 y socializadas posteriormente en distintos sectores del país. Luego, el proyecto fue enviado al Congreso. (Puede verse el documento original de reformas dando clic aquí). Ahí los diputados lo analizaron, discutieron, modificaron, consensuaron y ahora está en sus manos aprobarlo o no.

Las modificaciones más destacadas y controversiales que se buscan impulsar son estas:

  • Crear un Concejo Nacional de Justicia (CNJ) que permita desocupar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de sus funciones administrativas. Con ello, los magistrados solo se enfocarán a los temas judiciales.
  • Ampliar el período de magistrados (de la CSJ y la Corte de Constitucionalidad), de los jueces de apelaciones y del Fiscal General.
  • Las universidades, el Colegio de Abogados y otras instituciones dejarán de nombrar candidatos para ocupar altos cargos. Esta labor la hará ahora el CNJ.
  • Solo los profesionales del Derecho que hayan hecho carrera en el Poder Judicial podrán aspirar a ocupar cargos importantes.
  • Permitir que los funcionarios en ejercicio sean investigados y facilitar el proceso para que la Fiscalía les inicie causa penal si cometen ilícitos.
  • Descongestionar el sistema de justicia ordinario, a través del reconocimiento constitucional del derecho indígena, el cual ya es aplicado en diversas regiones del país. Es decir, habrá dos sistemas para aplicar justicia en la sociedad guatemalteca.

Para tener un mejor panorama, acá uno y otro video del portal digital Nómada donde los protagonistas y expertos explican estas propuestas de reforma.

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¿Y por qué tanta división y confusión por el tema?

Como se mencionó anteriormente, las reformas están en manos de los 158 diputados del Congreso. Algunas de las reformas para combatir la corrupción, como los nuevos requisitos para ser magistrado o juez, se han diluido entre muchos otros temas que generan controversia. Dos de ellos, por ejemplo, dividen las opiniones del país: el derecho indígena y la creación del Consejo Nacional de Justicia. Para ahondar en el tema, Distintas Latitudes consultó la versión de dos expertos.

Jackeline Bendfeldt, analista y miembro del movimiento Jóvenes por Guatemala, percibe que, con las reformas, se estaría beneficiando a un sector específico: los indígenas. Ella, junto a otras voces sostiene que se deben revisar estas posibles modificaciones a la constitución.

La justicia debe ser integral y esta reforma nos divide en vez de promover la unión nacional. Es válido estar en contra, eso no me hace anti Guatemala, ni anti indígenas y mucho menos pro corrupción, solo me hace opinar diferente”, aseguró la entrevistada.

Según Gabriel Wer, activista del movimiento JusticiaYa, la falta de información y el racismo estructural han centrado el debate en el tema de la justicia indígena y para él las reformas abarcan mucho más que eso. “Al llegar la propuesta al Congreso se ha visto afectada por los intereses particulares de los diputados y se están planteando enmiendas que no benefician a las reformas”, opinó.

De manera preliminar, los medios locales estiman que los diputados habrían propuesto 60 posibles enmiendas a la versión original enviada al Congreso. Además, la bancada oficialista ha anunciado otros cinco cambios que ellos propondrían en el próximo pleno.

Bendfeldt agrega que la propuesta en vez de arreglar el problema lo hace más grande. “Es cierto que hay que depurar el sistema. Pero eso no se hace con más burocracia. Creo que hay mucha tela que cortar para tener una reforma adecuada”, señaló.

Mientras, Wer plantea una solución para que no sea deformada la propuesta inicial. “Lo mejor que podemos hacer es informarnos y presionar al Congreso para que se aprueben las reformas, sin modificaciones oscuras”, concluyó.