Texto: Monse Chávez desde Durango, México.

La nueva Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes de la República Mexicana entró en vigor el pasado 18 de junio del año 2016, dicha ley busca homologar las legislaciones de los 32 estados que integran México para otorgarle seguridad personal al infractor y, después, reintegrarlo en la sociedad sin discriminación.

Al entrar en vigor, además de que los estados empezaron a aplicar sistemas orales acusatorios. En México este sistema garantiza que los medios de pruebas se desahoguen ante un juez, donde él mismo los valorará, a diferencia del sistema anterior, donde había pruebas constituidas. De esta manera las medidas de internamiento para menores de edad se homologaron a:

Edad de los adolescentes

Años de sentencia

16 a 18 años de edad

5 años

14 a 16 años de edad 3 años
12 a 14 años de edad No pueden ser internados

Anteriormente, había grandes diferencias entre los estados, pues las entidades al norte del país tenían la mayor cantidad de años en sentencia, mientras que los estados del sur y centro tenían medidas menos gravosas, cinco años como máximo. Por ejemplo, Aguascalientes tenía como condena máxima para un menor infractor 20 años de cárcel; situación que lo convertía en el estado con mayor años de sentencia.

ESTADO AÑOS DE INTERNAMIENTO ANTES DE LA NUEVA LEY
Aguascalientes 20 años
Baja California 10 años
Baja California Sur 6 meses a 5 años
Campeche 7 años
Coahuila *una tercera parte del mínimo al máximo de una pena correspondiente a adulto*
Colima 5 años
Chiapas 10 años
Chihuahua 15 años
Ciudad de México 6 meses a 5 años
Durango 10 años
Guanajuato 4 años
Guerrero 8 años
Hidalgo 7 años
Jalisco 7 años
Michoacán 6 meses a 10 años
Morelos 3 a 5 años
Nayarit 8 años
Oaxaca 9 años
Puebla 7 años
Yucatán 4 años
Veracruz 7 años
Tlaxcala 5 años
Tamaulipas 4 a 8 años
Sonora 5 años
Sinaloa 7 años

Información proporcionada por Alejandro Ramón Fuentes, magistrado presidente del Tribunal para Menores Infractores del Poder Judicial del Estado de Durango.

El Magistrado Presidente del Tribunal para Menores Infractores del Poder Judicial del Estado de Durango, Alejandro Ramón Fuentes, comentó que pese a que los años de sentencia eran muy altos en los estados del norte, no es posible precisar si esta medida otorgó mayor seguridad en la entidad o si tuvo un impacto real, ya que en los último 10 años no se registraron o guardaron los datos debido a la ausencia de un sistema nacional de datos estadísticos, hasta ahora.

Lo que sí se sabe con seguridad es que los años tan disparados y desiguales en algunas entidades no se debía a que tuvieran más incidencia de delitos, más bien los Congresos de los Estados estaban facultados para legislar y ellos decidían los años de sentencia de acuerdo con sus consideraciones y necesidades, aún cuando violaban los derechos humanos de los menores.

Asimismo, cada estado tenía un catálogo de conductas sujetas a internamiento. Con la nueva ley se restringió y especificaron los delitos que sí ameritan sentenciar al menor, como lo son secuestro, trata de personas, terrorismo, extorsión agravada, delito contra la salud (narcomenudeo), portación de arma de fuego exclusivo del ejército, homicidio doloso, violación y lesiones dolosas que pongan en peligro una vida o provoquen una incapacidad; en el caso de robo, sólo será grave si se cometió con uso de violencia física.

Por otra parte, cuando esta ley se vio reflejada en las sentencias algunas víctimas estaban inconformes con los años que le imputaban al acusado, manifestando que el delito cometido ameritaba un mayor castigo. Sin embargo el magistrado explicó que “un adulto tiene toda su formación desarrollada y el menor, en cambio, se encuentra aún en desarrollo, además de que es más fácil de manipular, porque tiene una concepción de la vida diferente. El sistema penal busca castigar y sancionar; en el sistema de menores se busca educar”.

Es decir, en caso de que se trate de un adolescente de 15 años y si se le otorgaba una pena de cinco años, una tercera parte de su vida iba a estar internado y siendo que en los jóvenes la percepción del tiempo es distinta que a la del adulto, el menor podría presentar problemas emocionales como depresión y problemas para reintegrarse a la sociedad.

A un año de que la Ley de Justicia Penal para Adolescentes entrará en vigor en la República Mexicana, aún es precipitado saber el impacto que ha tenido en materia legal. Por dar un ejemplo, en el Estado de Durango sólo se han suscitado 64 procedimientos de los cuales sólo unos cuantos han tenido sentencia; es decir, los menores que fueron sentenciados con la nueva Ley se encuentran actualmente cumpliendo con la medida, ninguno ha finalizado.

Según señaló el magistrado, él se ha puesto en contacto con otros tribunales y le han manifestado que sus entidades se encuentran un poco retrasadas en procedimientos, ya que sólo algunos estados de la República están en proceso de dictaminar las sentencias que marca la nueva Ley.

Esta situación no ha permitido dar un seguimiento puntual a los casos. “Siento que este año todavía sería muy precipitado evaluar el sistema, retomando que en el anterior sistema para evaluarlo tuvimos un periodo de diez años para ver el funcionamiento y lo que se requería”, apuntó el magistrado Alejandro Ramón Fuentes.

De esta forma, a partir del 18 de junio del presente año, las autoridades tienen  tres años para tener todas las adecuaciones y dos años para terminar la implementación.

Pese a ello, en lo que sí ha arrojado buenos resultados es en la parte de especialización, pues Durango es la entidad con mas avances, el  97.4% de los trabajadores del Tribunal para Menores Infractores acreditaron ya la especialización en los términos de la Ley Nacional y se han realizado hasta el mes de marzo 45 conferencias para capacitar abogados, estudiantes y público en general.

Asimismo, aunque la Nueva Ley no lo establece como obligatorio, en 12 estados de 32, como Durango, Tlaxcala, Ciudad de México, Baja California Norte y Sur, ya fue instalada la Subcomisión de Justicia para Menores, misma que se encuentra dentro del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y tiene la responsabilidad de dar mayor atención a los jóvenes y vigilar que la Ley se cumpla.

Como se mencionó anteriormente, Durango se encuentra con mejores avances, pues en marzo fue instalada la Subcomisión y hasta la fecha el plan de trabajo está en ejecución, donde también surgió una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para incorporar la unidad especializada y establecer que los agentes del ministerio público cumplan con los requisitos.

A nivel nacional la Nueva Ley de Justicia para Adolescente se encuentra en un 50%, de avance y se prevé que en tres años ya haya resultados concretos para conocer como impactó la homologación de los años de sentencia en los adolescentes y su comportamiento durante y después del internamiento.