Hijos de la guerra

“Para que las drogas no lleguen a tus hijos” es el lema de la campaña mediática que puso en marcha el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa para promover su principal política pública en materia de combate a las adicciones y a la inseguridad: su tristemente célebre “guerra contra las drogas”. En los últimos años, se ha comenzado a estudiar el alcance de los daños sociales que ha dejado la guerra de Calderón. Uno de estos “daños” es el número de niños y niñas que han quedado huérfanas. En octubre de 2010, el visitador de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Chihuahua, Gustavo de la Rosa, estimó que para enero de ese mismo año la cifra de huérfanos en ese estado oscilaba entre 11 mil y 12 mil niños. Extendido al resto del país, el cálculo de huérfanos, para finales de 2010, ascendía a 50,000.

Preocupa saber que la guerra contra las drogas está afectando a niños y niñas de todo el país. Igualmente preocupante es ver que el Estado ofrece poco o nada para remediar su situación. Con las prioridades puestas en el combate al tráfico de drogas ilícitas con destino a EE.UU. –se ha aumentado las filas del ejército y la policía federal, comprado armamento o invertido en nuevas y más grandes prisiones–, la asistencia social para estos niños y niñas no existe ni en el discurso, ni en el presupuesto gubernamental. La consecuencia, ya advertida por muchos, es que nuestros huérfanos y huérfanas quedan aun más expuestos y vulnerables ante la violencia de crimen organizado, sea como víctimas o como reclutas.

A esta cifra de huérfanos, sin embargo, hay que agregar otro número de niños y niñas que, para efectos prácticos, también quedan huérfanos. Se trata de los hijos e hijas de quienes han sido apresados por delitos contra la salud. Al igual que los hijos/hijas de quienes han fallecido en enfrentamientos o en fuego cruzado, estos niños y niñas quedan al amparo de familiares, vecinos o de la poca asistencia social que brinda el Estado o algunas asociaciones civiles. Un costo necesario, dirán quienes también afirman que lo son los muertos que venimos contando desde que inició la guerra contra las drogas. Un costo necesario que, como sociedad, tenemos que asumir para lograr erradicar la delincuencia organizada.

Si analizamos los pocos datos que se han hecho públicos sobre quiénes son detenidos por las autoridades en la guerra contra las drogas, vemos que se trata principalmente de consumidores, poseedores sin ánimo de lucro y narcomenudistas; no de los capos, sicarios, secuestradores u otros peligrosos delincuentes que tienen azorada a la sociedad. El reporte de la Washington Organization for Latin America (WOLA), presentado a finales de 2010, por ejemplo, señala que de las personas detenidas durante el 2008 por delitos contra la salud, 75% eran consumidores o poseedores (principalmente de marihuana o cocaína) sin ánimo de lucro.

La población carcelaria ha crecido vertiginosamente en los últimos 10 años. En el año 2000 hubo un promedio de 154,765 personas presas en los reclusorios del país. Para 2010, el promedio ascendió a 222,330, casi el doble. En el Distrito Federal, de 2002 a 2009, hubo un aumento de 84% en la población carcelaria. Según datos del INEGI, del total de condenados en 2009 en el fuero federal (que representan cerca del 25% de los presos del país), 45% fueron condenados por delitos contra la salud. Del total de procesados en el mismo año en el fuero federal, 48% fueron procesados por delitos en materia de narcóticos. De estas cifras se desprende que cerca de la mitad del aparato de justicia penal (es decir, la mitad de los recursos de la justicia federal penal) se ocupa en procesar casos de narcomenudistas y consumidores de marihuana y cocaína; y no en otras materias de su competencia como son la corrupción de funcionarios públicos federales o ciertos delitos contra el medio ambiente. Actualmente, a nivel nacional (del fuero común y fuero federal), más de 20 mil personas se encuentran detenidas por delitos contra la salud.

Cárceles, mujeres y drogas

Las cifras también muestran una disparidad de género en la población carcelaria por delitos contra la salud. Del total de presos en el país en 2010, 212,216 eran hombres (95.5%) y 10,114 eran mujeres (4.5%). En 2009, de acuerdo con el INEGI, 59.5% de las mujeres condenadas en el fuero federal lo fueron por delitos en materia de narcóticos. En el caso de los hombres, 44.3% de los condenados en 2009 en el fuero federal lo fueron por la misma causa. Las cifras sobre procesados son similares. En el caso de ellas, se trata de “jóvenes, pobres, analfabetas o con bajo nivel de escolaridad y, casi siempre son madres solteras encargadas de cuidar a sus hijos” (WOLA, 2010). Principalmente, estas mujeres están acusadas por transporte de drogas o introducción de drogas a los penales. En otras palabras, se trata de mulas que cargan pequeñas cantidades de droga y que ocupan los escalafones más bajos en las redes de narcotráfico.

El perfil de la mujeres acusadas por delitos contra la salud no es reciente. Otro estudio realizado por Marcela Briseño en 2002 señala que 2 de cada 3 internas estaban presas por delitos contra la salud. Allí también, los resultados muestran que “la dinámica de este delito está focalizada en el tráfico y transporte de la droga.” Más aun, según el estudio, 91.7% eran primodelincuentes y “se trata de mujeres pobres que ven en el transporte de pequeñas cantidades de drogas la oportunidad de obtener un ingreso”.

Esta situación no es exclusiva de México. En el capítulo sobre Colombia del reporte de WOLA, por ejemplo, Uprimny y Guzmán señalan que “la mayoría de las mujeres reclusas han perdido su libertad por drogas”. También en el caso colombiano se trata de mujeres sin trabajo estable y con bajo nivel de escolaridad. Peru, Brasil y Argentina muestran cifras y perfiles similares. Ecuador parece el caso extremo: en 2009, “80% de las mujeres detenidas en la cárcel del INCA, la prisión ecuatoriana para mujeres más grande del país, se encontraba detenida por delitos de drogas.”

Una diferencia importante entre la población masculina y femenina en reclusión es el papel que cada uno desempeña en el cuidado de los hijos(as). De acuerdo con la última encuesta del CIDE sobre reclusorios en el Distrito Federal y el Estado de México (Delincuencia, Marginalidad, y Desempeño Institucional, 2009), del total de los varones entrevistados, 69% dijo tener hijos/hijas; entre las mujeres este porcentaje fue de 86%. En el estudio de Briseño, realizado en reclusorios de Chiapas, Morelos y Jalisco; más del 95% de las presas dijeron ser  madres. Al ser preguntados acerca de quién cuida a sus hijos/hijas; 78.9% de los hombres encuestados en el estudio del CIDE señaló a la madre de sus hijos/hijas como la encargada de cuidarlos. En el caso de las mujeres, 21% señaló al padre como responsable. 31% de las mujeres dijeron que su madre o padre cuidaba de sus hijas/hijos, mientras que 4% de los hombres dijo que su madre o padre cuidaba de ellos. Finalmente, el 16% de las mujeres señalaron a “otro familiar” y sólo 2.9% de los hombres señalaron a “otro familiar” como responsable del cuidado de sus hijos/hijas. El estudio del CIDE concluye que “los hijos de las mujeres internas quedan expuestos a un nivel mayor de desestructuración familiar que los hijos de los varones presos. Es decir, mientras que los hijos de éstos últimos quedan, en la gran mayoría de los casos (casi un 80%) al cuidado de la madre, los de las mujeres internas quedan a expensas de distintos arreglos familiares que usualmente suponen la pérdida tanto de la madre como del padre e incluso de los hermanos y del hogar que habitaban.” No quiero aquí hacer una declaración sobre el rol que las mujeres deben tener en el cuidado de los hijos(as), sino señalar que, dado que en nuestras sociedades el cuidado de los niños es asignado a las mujeres, la pérdida de la madre significa, muchas veces y sobre todo en los contextos sociales más desfavorecidos, la desintegración del núcleo familiar.

La paradoja del uso de cárceles

Sabemos poco sobre los efectos que tiene la pérdida de la madre o el padre, por encarcelamiento, en el desarrollo de los niños y las niñas de nuestro país. Los estudios que se han realizado en Estados Unidos sobre el tema señalan que el encarcelamiento de la madre tiene mayores y más graves efectos negativos que el encarcelamiento del padre. (Con ello no quiero decir que es mejor llenar nuestras cárceles de hombres –me parece que cada vida en la cárcel es una vida perdida o, en el mejor de los casos, mermada.) Los estudios, además, señalan que el encarcelamiento de cualquiera de los progenitores tiene en los niños y niñas una correlación positiva con conductas negativas como: abuso de sustancias, embarazos en la adolescencia (hasta en un 60% más que otros niños), comportamientos agresivos, participación temprana en actividades ilícitas (hasta en un 40% más que otros niños), problemas de ansiedad, sentimientos de soledad, tristeza, enojo, resentimiento y abandono, y distintos problemas de salud. Un estudio de Barnhill y Dressel (1991) afirma que los hijos e hijas de personas encarceladas tienen hasta 6 veces más probabilidades que otros niños de terminar en la cárcel.

Cuando hablamos de la guerra contra las drogas, pareciera que si bien el altísimo número de muertes es inaceptable, no lo es el uso desmedido de la cárcel ni la restricción permanente a nuestros derechos y libertades. En especial, para combatir los delitos de narcotráfico, el encarcelamiento se ha convertido en una primera respuesta del Estado indecente -que no ofrece alternativas de vida, ni razones, a las miles de personas que hoy permanecen presas o a sus familias. Quizá sea hora de preguntarnos qué es más importante: evitar que las drogas lleguen a nuestros hijos o asegurarnos que sus madres y padres lo hagan.

Catalina Pérez Correa

Instituto de Investigaciones Jurídicas

Bibliografía:

Barnhill, S & Dressel, P, Three generations at risk, Aid to Imprisoned Mothers, Atlanta, Georgia, EUA (1991).

Briseño, M,  Garantizando los derechos humanos de las mujeres en reclusión, Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), México (2006).

Delincuencia, Marginalidad, y Desempeño Institucional, Resultados de la Tercera Encuesta a población en reclusión en el Distrito Federal y el Estado de México, CIDE (2009)

WOLA-TNI, Sistema sobrecargados, Leyes de drogas y cárceles en América Latina (1a. ed.). (P. Metaal, C. Youngers, Eds., A. Armenta, B. Martínez, & L. E. Bossio, Trans.) Washington-Amsterdam (2010).