Cuatro días antes que terminara el año 2016 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México anunció un incremento en el precio de la gasolina, de entre 14 y 20 por ciento dependiendo del tipo de combustible y la región.

2017 comenzó con protestas y bloqueos en varias carreteras del país contra el anuncio de la SHCP, además de robos a pipas con combustible y gasolineras. Pero el 3 de enero comenzaron los saqueos: un grupo de sujetos –algunos de ellos encapuchados– llegaba a una tienda departamental, forzaba los accesos y comenzaba a robar productos, decenas de personas se unían después a la rapiña robando televisores, juguetes, ropa y alimentos.

Aunque en medios y comunicados de prensa oficiales se relacionaron los saqueos con las protestas por el aumento a la gasolina, la mayoría de ellos ocurrieron sin que existiera una manifestación previa, y la mayoría de estas se llevaron a cabo en paz.

En todo el país hubo mil 50 tiendas saqueadas, de acuerdo con agrupaciones de comercio, y mil 500 detenidos, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación, pero al menos en el Estado de México, entidad colindante con la Ciudad de México, gobernada por el PRI y donde iniciaron los saqueos, familiares de personas capturadas por la policía denunciaron detenciones arbitrarias, acusaciones falsas o desproporcionadas y maltrato por parte de las autoridades.

El jueves 5 de enero Diana Laura y Marcos caminaban por el fraccionamiento La Esmeralda, en el límite entre el municipio de Zumpango, Estado de México, y Tizayuca, Hidalgo, cuando observaron a un grupo de personas robar productos de una sucursal de Farmacias Guadalajara, vandalizada el día anterior y que había quedado sin resguardo.

De acuerdo con Gerardo, el padre de Marcos, Diana Laura comenzó a grabar los hechos con su celular. A unos metros de ella dos niños, de entre 12 y 13 años, robaban jugos y libretas cuando policías los detuvieron y también arremetieron contra Diana Laura y Marcos, acusándolos de participar en el robo junto con los menores. En ese mismo lugar detuvieron a Guadalupe, quien había acompañado a su esposo a abordar el transporte público.

Los tres detenidos tuvieron audiencia en el juzgado penal de Zumpango el domingo 7 de enero. Ahí Gerardo se enteró de que a su hijo y a su nuera, así como a la señora Guadalupe, los acusan de robo con violencia; a Diana Laura le atribuyen el robo de un jugo de dos litros. El agente del ministerio público encargado del caso solicitó dos meses para hacer la investigación, por lo que los imputados permanecerán en prisión preventiva hasta el 8 de marzo, a menos que sus abogados comprueben que viven en el municipio de Zumpango y un juez les permita llevar su proceso en libertad.

Diana Laura tiene 21 años, un embarazo de cinco meses y padece preeclampsia, una complicación que provoca hipertensión y puede ser riesgosa para ella y su bebé. La mañana del lunes 10 presentó problemas de salud y tuvo que ser revisada por el médico del penal en el que está internada desde el domingo, dijo vía telefónica la madre de Marcos.

Otro saqueo ocurrió el 5 de enero en la Bodega Aurrerá de la colonia Sauces, en el mismo municipio de Zumpango. Esa tarde Bryan, de 19 años y ayudante de telefonista, llegó temprano a su casa pues no hubo mucho trabajo. Para aprovechar el tiempo y obtener más dinero tomó un costal de botellas de plástico para venderlas y le avisó a su madre que regresaría a comer y compraría un refresco de camino.

Junto con él partieron su hermano y un amigo, ambos de 14 años, dijo el 6 de enero la madre de Bryan, entrevistada por Distintas Latitudes afuera del ministerio público de Cuautitlán Izcalli –a dos horas de Zumpango y a donde fue trasladado el joven.

“Me habla y me dice ‘mamá, ven por nosotros porque están pasando muchas patrullas y se están llevando a todos’”, dijo la señora María de la Luz. De acuerdo con su relato, Bryan no se encontraba junto al comercio saqueado, sino a dos calles de distancia, cerca del Estadio Bicentenario.

La madre de Bryan salió a buscarlo y lo encontró en una patrulla, luego lo alcanzó en el ministerio público de Zumpango donde él pudo contarle entre lágrimas que lo revisaron sin encontrarle algún objeto robado, lo detuvieron, lo golpearon y lo acusaron de haberse robado un balón, un estéreo, un casco de juguete y tres prendas de ropa junto con otros seis muchachos.

La señora María de la Luz aseguró que mientras ella hablaba con su hijo en el ministerio público, policías golpeaban a los demás detenidos y que una funcionaria municipal respondió a sus reclamos diciendo “no hubiera dejado salir a su hijo”.

Las pertenencias de Bryan, su bicicleta, su costal con botellas de plástico y su celular, desaparecieron. A su hermano de 14 años también lo detuvieron y lo subieron a una patrulla, pero lo tiraron a la calle desde el vehículo en movimiento, denunció su madre.

 

De igual manera la señora Leobarda dijo en entrevista con Distintas Latitudes que policías estatales detuvieron a su esposo, que es policía federal, afuera de la plaza comercial Zumpango Town Center, mientras ambos caminaban con su hija para llevarla al doctor. Los agentes separaron a su esposo de su hija y lo subieron a una patrulla sin asegurarle algún objeto robado; lo acusan de robo con violencia, dijo Leobarda.

Familiares de Irma Areli, quien fue detenida en San Sebastián, Zumpango, contaron una historia similar. “Lo que pasa es que ella salió a comprar tortillas y verdura para la comida, lo cual pasó donde hubo disturbio y ahí mismo había unas agüitas en las orillas, a ella se le hizo fácil tomarlas y ya cuando vio ya la estaban metiendo a la patrulla”, dijo su esposo, entrevistado por Distintas Latitudes afuera del Centro de Justicia de Cuautitlán Izcalli.

 

Hasta las 22:00 horas del domingo 8 de enero habían 662 personas detenidas por su probable participación en los saqueos, informó el lunes 9 la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Cuatrocientos noventa y siete de ellos son adultos (402 hombres y 95 mujeres) y otros 165 son menores (146 hombres y 19 mujeres). La autoridad judicial decretó la legalidad de la detención de 466 personas y 293 de ellas se encuentran en prisión preventiva. A los 165 menores de edad se les otorgó la libertad, en términos de la Ley Nacional de Sistema de Justicia para Adolescentes, pero se formulará la imputación correspondiente en su contra, informó la fiscalía mexiquense.

Si el monto de los productos supuestamente robados no excede treinta veces el salario mínimo, es decir, si no rebasa los dos mil 401 pesos, los imputados podrían enfrentar penas de seis meses a dos años de prisión. La agravante de haber cometido el delito con violencia sobre un bien implica penas adicionales de dos a cuatro años de cárcel, de acuerdo con el Código Penal del Estado de México.