Durante los meses de abril y mayo, la justicia argentina tomó decisiones que hicieron retroceder los avances en materia de derechos humanos que hizo en la última década el país. Aquí un resumen de las tres más importantes.

  • 18 de abril. La Corte Suprema de Argentina revocó un fallo que le negaba el arresto domiciliario a un militar condenado por delitos de lesa humanidad. De 85 años de edad, el teniente coronel retirado Felipe Jorge Alespeiti fue condenado a 22 años de prisión, y tiene varios problemas de salud. La Corte aseguró que se merece un trato digno.
  • 3 de mayo. La Corte Suprema de Argentina decidió que los ex militares condenados por delitos de lesa humanidad pueden computar como dobles los días que han pasado en prisión antes de su condena definitiva. La decisión se tomó en base a la caduca ley conocida como 2×1, sancionada en 1994. Una norma que buscaba beneficiar a las personas detenidas sin sentencia firme, pero que nada tiene que ver con las condenas por delitos de lesa humanidad.
  • 15 de mayo. La Justicia argentina procesó a Hebe de Bonafini por el presunto delito de “defraudación contra la administración pública” por más de 260 millones de dólares en la construcción de 300 viviendas a cargo de la Fundación Sueños Compartidos, que ella misma lidera. Bonafini, de 89 años de edad, activista histórica por los derechos humanos y fundadora de Madres de Plaza de Mayo, una asociación de madres de detenidos-desaparecidos durante el último régimen militar en Argentina (1976-1983).

Bonafini es un actor preponderante en el escenario de los derechos humanos del país, que por su rebeldía e irreverencia, sus declaraciones jamás pasaron desapercibidas. Hace seis años que se investiga la causa en la que está involucrada, y han sido noticia las repetidas veces en que la llamaron a declarar a tribunales y no acudió. A Bonafini se la procesó sin prisión preventiva por considerarla “partícipe necesaria” del caso; lo mismo para José López, ex secretario de Obras Públicas del gobierno de Cristina Fernández; y Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas. Pero son los hermanos Sergio y Pablo Schoklender (ambos protagonistas del asesinato de sus padres en 1981, un caso que conmocionó a la Argentina), ex apoderados del Proyecto Sueños Compartidos, a quienes se consideran responsables directos de la maniobra del fraude.

Meses turbulentos para los activistas y defensores de los derechos humanos en Argentina. Con la llegada de Macri a la presidencia nadie esperaba lo contrario, y las manifestaciones en contra de estas medidas se suceden cada vez más en las calles argentinas.