Por Sonja Wolf *

Comayagua, Honduras: radiografía de un infierno

El 14 de febrero de 2012 estalló un incendio en la granja penal de Comayagua, una cárcel de baja seguridad ubicada a 90 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa, Honduras, y cuyos internos se dedican a la producción agrícola. Los vigilantes, bajo órdenes de no dejar salir a nadie para prevenir una fuga masiva, se negaron a abrir las celdas y efectivamente permitieron que los reos se quemaran vivos. Mientras algunos reclusos intentaron romper los techos de lámina, un reo que trabajaba como enfermero y dormía en un cuarto contiguo a la clínica penitenciaria, recogió las llaves que un custodio había tirado antes de huir y logró salvar la vida de muchos de sus compañeros. Cuando los bomberos, quienes habían sido alertados  por vecinos de las casas cercanas, llegaron al centro penal, el personal les impidió el acceso, aduciendo protocolos de seguridad. El incendio carcelario, uno de los más grandes del mundo, provocó la muerte -por asfixia o quemaduras- de 361 personas. Con una capacidad para 250 personas, según un estudio publicado en el 2011 por el hondureño Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), la prisión albergaba de hecho a 852 privados de libertad y apenas el 40% tenía condena.

Según la comisionada en retiro María Luisa Borjas, las víctimas de Comayagua fueron reos comunes y ex miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS). Entre 2002 y 2003 el Triángulo Norte de Centroamérica lanzó políticas de mano dura, supuestamente  para enfrentar a las pandillas (también conocidas como “maras”) y frenar los homicidios que se atribuyeron en su mayoría a estos grupos. Formadas en los barrios de inmigrantes angelinos e implantadas en el istmo cuando Estados Unidos aumentó las deportaciones de no ciudadanos delincuentes a principios de los noventa, hoy día la MS y la Dieciocho son las principales pandillas en Centroamérica. Las estrategias de mano dura, basándose en patrullas policíaco-militares, barridos de barrios y detenciones masivas de presuntos pandilleros, dramáticamente aumentaron la población carcelaria. En El Salvador, por ejemplo, los pandilleros llegaron a formar el 30% de los privados de libertad.

Dada la enemistad mortal entre los dos grupos, sus miembros fueron albergados en penitenciarias segregadas según afiliación pandilleril para evitar enfrentamientos. Sin embargo, el encierro masivo de pandilleros, incluidos muchos líderes, permitió el fortalecimiento estructural de estas bandas y una mayor participación criminal de sus integrantes. Las extorsiones subieron vertiginosamente, volviéndose el principal negocio ilícito de las pandillas, para que estos jóvenes pudieran mantener a sus pares encarcelados. Además, la separación carcelaria no dio los resultados esperados. Las pandillas proliferaron en el sistema penitenciario, creando un mosaico de reos comunes, ex pandilleros e integrantes activos de la MS y la Dieciocho -ambas divididas entre quienes estuvieron en Estados Unidos y juran lealtad a la Mafia Mexicana (“Sur 13”) y quienes no lo hacen- y de otras pandillas. La segregación no sólo complica los procesos de rehabilitación, ya que los privados de libertad no pueden asistir a talleres en territorio rival, sino que también han fallado en evitar los choques violentos.

Sobre el incendio en la granja penal de Comayagua se manejaron inicialmente tres hipótesis: un cortocircuito; un colchón quemado por un preso ebrio o drogado; o un acto premeditado por parte de los custodios, quienes habían recibido una mordaza para matar a un reo de alto perfil. Los familiares de las víctimas sospecharon de un intento deliberado para acabar con la vida de los internos por hacer eco de una serie de sucesos previos. Sin embargo, las autoridades han atribuido el siniestro a una causa fortuita, ocasionada por el hacinamiento, las pobres prácticas de seguridad y la presencia de materiales inflamables.

Crisis carcelaria en América Latina: tragedias y síntomas de descomposición

Aún así, los motines, enfrentamientos y matanzas son recurrentes en las cárceles de América Latina. Algunos de los hechos de mayor connotación ocurrieron en la brasileña prisión de Carandirú, donde en octubre de 1992 la policía militar del Estado de São Paulo cometió una masacre de 111 reclusos. En abril de 2003, en Honduras salieron heridos 39 internos y fallecieron por disparos o quemaduras 69 personas, incluidos 61 pandilleros, en la granja penal El Porvenir, ubicada en la ciudad caribeña La Ceiba. Posteriormente el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) determinó que miembros de las fuerzas de seguridad y de los rondines (reos comunes que desempeñaban funciones de vigilancia y disciplina) habían ejecutado de forma premeditada a integrantes indefensos de la Dieciocho. En mayo de 2004, un incendio en la hondureña cárcel de San Pedro Sula mató a 107 presos, en su mayoría pandilleros de la MS, debido a que las instalaciones eléctricas no cumplían con las mínimas normas de seguridad. El Conadeh concluyó que hubo una grave negligencia por parte del Estado, al permitir las condiciones inhumanas del centro penal y no haber tomado las medidas correctivas a tiempo.

El incidente más reciente ocurrió en México, apenas cinco días después de Comayagua. En la prisión estatal de Apodaca, en las afueras de Monterrey, 44 miembros del Cartel del Golfo fueron aporreados o matados a puñaladas por unos 200 integrantes de los Zetas, su antiguo brazo armado. Al mismo tiempo, 30 miembros de los Zetas se fugaron de la cárcel. Ambos hechos contaron con la complicidad de los custodios quienes admitieron haber recibido sobornos considerables por parte de esta organización. Estos acontecimientos atestiguan no sólo el nexo entre la corrupción y la violencia carcelaria, sino también el alcance de las disputas entre los grupos del crimen organizado. En Honduras, mientras tanto, el incendio de Comayagua volvió a levantar el espectro de las ejecuciones extrajudiciales. Sea como sea, la realidad es que mucha gente aplaudió las muertes de los reos. Agobiados por la crónica inseguridad, incitados por una cobertura informativa estigmatizadora, y alimentados por una percepción generalizada de que los delincuentes han perdido sus derechos, muchos ciudadanos apoyan acciones de exterminio en la falsa esperanza de que la eliminación de los delincuentes ocasione también la eliminación del crimen.

El Salvador, un caso alarmante

Las condiciones que hicieron posible la tragedia de Comayagua no son exclusivas de Honduras. De hecho, los centros penitenciarios en América Latina comparten los mismos problemas. Para empezar, los porcentajes de sobrepoblación en la región oscilan entre el 50% y el 150% por encima de la capacidad instalada. En El Salvador, que alberga a 25,400 presos en un sistema preparado para 8,100, los niveles de hacinamiento superan ampliamente los de otros países. La situación se ha vuelto tan crítica que a mediados de 2011 las cárceles dejaron de recibir a los detenidos. En consecuencia, la policía se vio obligada a poner a disposición sus bartolinas. Con capacidad para 400 personas, en las celdas de las comisarías permanecen actualmente aproximadamente 2 mil arrestados. El hacinamiento, exacerbado por la prolongada detención preventiva y la escasa promoción de las medidas alternativas al encierro, conlleva consecuencias en otros aspectos, como la falta de espacio para la correcta clasificación de los reclusos. Debido al caos administrativo y al tradicional desprecio social y político hacia los privados de libertad, el mantenimiento de registros suele ser altamente deficiente. En El Salvador no hay certeza del número exacto de internos, ni existen perfiles socioeconómicos, psicológicos y delictivos que deberían constituir la base para la política carcelaria y la clasificación de los internos. Los reos pueden incluso ser olvidados en el sistema: un pandillero de la MS permaneció encerrado nueve años después de haber sido declarado inocente. Fue hasta finales de 2010 que la Dirección General de Centros Penales (DGCP) de El Salvador inició, por primera vez, la elaboración de un censo de población penitenciaria y la digitalización de los expedientes de todos los internos.

Más problemas comunes

La complejidad del problema carcelario se expresa también en una infraestructura obsoleta, carencias sanitarias, la deficiente alimentación y la insuficiente atención médica. Las necesidades especiales de las reclusas y sus hijos tampoco se abordan. Los escasos y poco capacitados custodios no son capaces de establecer la seguridad y el control que requieren los centros penales. Los bajos salarios de los vigilantes y del personal administrativo propician la corrupción y facilitan el ingreso de objetos ilícitos en las cárceles. En El Salvador, donde un custodio gana  400 dólares brutos mensuales, la actual DGCP intenta reducir drásticamente la corrupción penitenciaria. Como parte de este esfuerzo se está mejorando la formación en la escuela penitenciaria, y desde el inicio de la administración Funes unos 800 vigilantes han sido despedidos bajo sospecha de corrupción. Sin embargo, los cesados, muchos de ellos ex guerrilleros o militares con pocos conocimientos más allá del manejo de armas, luchan por sobrevivir y son presa fácil para el crimen.

El desorden carcelario permite que los reos establezcan el control, ordenen o ejecuten delitos y dirijan sus propios negocios. Una de las más notorias de estas cuasi sociedades es la granja penal de Pavón, donde -ante la mirada pasiva de las autoridades guatemaltecas- los presos vendían tierras, edificaban casas, establecían negocios, tenían salas de billar y videojuegos y hasta habían nombrado a un presidente. En septiembre de 2006, una operación masiva supuestamente encaminada a retomar el centro penal, terminó con siete internos ejecutados. La intervención, sin embargo, resultó ser un golpe publicitario para el partido gobernante (Gran Alianza Nacional) cuyo candidato presidencial en 2007, Alejandro Giammattei, fue director del sistema penitenciario cuando se realizó el operativo. Hoy día la problemática carcelaria en América Latina ha alcanzado proporciones estructurales que son consecuencia directa de la falta de políticas desde hace décadas. Debido al hacinamiento, los reclusorios no están cumpliendo la finalidad de la pena, que es la rehabilitación y la resocialización. En las condiciones actuales, los daños físicos, psicológicos y emocionales de los reos son tan grandes que probablemente sigan delinquiendo tras su puesta en libertad. En este momento el principal objetivo de las autoridades se limita a la contención de la violencia carcelaria.

América Latina comparte no sólo el problema, sino también la falta de políticas públicas encaminadas a solucionarlos. Según las autoridades, este rompecabezas se debe a los altos niveles de crimen y violencia que aquejan a la región y a la escasez de recursos. El Triangulo Norte de Centroamérica, sobre todo, experimenta extremadamente altas tasas de homicidios, las cada vez más despiadadas pandillas callejeras y la narcoactividad, lo que ha agravado los patrones históricos de violencia. En El Salvador, el sistema carcelario requiere una inversión de 247 millones de dólares para expandir la infraestructura y acomodar el doble de la capacidad actualmente instalada. Sin embargo, el presupuesto para 2012 asigna sólo 100 dólares a este rubro. Para llenar este vacío, el Presidente Funes propuso un impuesto a la seguridad, pero la iniciativa fue tajantemente rechazada por el sector privado.

¿Problema de recursos o de visión?

La carestía de fondos sí representa un grave obstáculo, pero el problema primordial siguen siendo las políticas criminales que se han enfocado principalmente, e independiente de la tendencia ideológica de los gobiernos, a la represión de la delincuencia: políticas de mano dura, el uso de fuerzas policíaco-militares, el agravamiento de las penas o la baja en la edad de imputabilidad penal. La política penitenciaria, supeditada a este enfoque represivo, ha estado desatendiendo la función principal del sistema carcelario, es decir la rehabilitación y readaptación social de los internos. Los altos niveles de crimen y violencia, con una opinión pública que pide soluciones rápidas, han movido a los gobiernos a mantener, si no intensificar, las medidas represivas, incluso otorgándole a las Fuerzas Armadas un papel cada vez más prominente en las tareas de seguridad pública. En El Salvador, donde los militares hasta brindan seguridad perimetral y registran a los visitantes en la mayoría de las cárceles, su desempeño ha suscitado decenas de denuncias de violaciones a los derechos humanos. Esas acusaciones, sin embargo, han sido rechazadas por el Ministro de Justicia y Seguridad Pública y ex Ministro de Defensa, el General en retiro David Munguía Payés, quien las considera parte de una campaña de desprestigio contra las Fuerzas Armadas. Munguía Payés también afirma, sin sustento empírico, que las pandillas son ahora los responsables del 90% de los homicidios en el país, lo cual exige una guerra frontal contra ellas. En este contexto, el Comisionado Héctor Mendoza Cordero, recién nombrado Subdirector de Investigaciones de la PNC, ha prometido aumentar los arrestos, argumentando que no es asunto suyo dónde los detenidos serán confinados. Lejos de indicar firmeza en enfrentar el crimen, esta perspectiva revela la falta de capacidad o voluntad para diseñar una estrategia integral.

Hacia un debate constructivo

La realidad carcelaria en América Latina riñe claramente con los estándares internacionales en la materia. Los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reafirman que las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la readaptación social así como la protección de las víctimas y de la sociedad. En busca de este objetivo, el instrumento pide que se aplique la privación preventiva de la libertad como excepción; prohíbe la sobrepoblación; prevé que los internos sean separados según su sexo, edad y la razón de su privación de libertad, tendrán acceso a instalaciones sanitarias higiénicas, una alimentación adecuada y suficiente, atención médica, psiquiátrica y odontológica adecuada, educación, actividades culturales y deportivas, capacitación vocacional y oportunidades de trabajo. Además, el documento estipula que se dispondrá de personal calificado y suficiente; propone evitar el ingreso de armas y drogas y erradicar la impunidad para prevenir la violencia en los recintos; y recuerda que los registros deberán respetar los derechos humanos.

El incendio en la granja penal de Comayagua debería llamar la atención al problema carcelario y provocar políticas criminales y penitenciarias más efectivas. Sin embargo, semejantes sucesos se olvidan demasiado deprisa en sociedades donde la violencia se ha vuelto normal. Para prevenir futuras tragedias se debe mejorar la información sobre la población reclusa para optimizar la formulación de políticas penitenciarias; aumentar los presupuestos (incluso brindando mayores oportunidades laborales a los internos) para construir nuevas cárceles, refaccionar las antiguas, crear condiciones dignas para los reclusos y mejorar la cantidad y calidad de los trabajadores penitenciarios; intensificar las medidas alternativas al encierro para descongestionar las cárceles y evitar la contaminación criminal; instituir medidas de seguridad adecuadas para evitar hechos de violencia entre los reclusos; y crear condiciones especiales para las reclusas y sus hijos. Finalmente habría que fomentar un liderazgo civil que ponga la temática penitenciaria en la agenda para que se otorguen los recursos adecuados y que vea la cárcel como última alternativa, no como la solución a todos los problemas de la criminalidad.

Sin duda es crucial una mejor capacidad investigativa y de enjuiciamiento, además de un mayor involucramiento de la empresa privada. En vez de presionar por la privatización de las cárceles, cuya lógica de ganancias llevaría a un mayor encarcelamiento, el mejor aporte de este sector serían más y mejores oportunidades laborales. Es importante, sobre todo, que se entable un debate más crítico y menos ideologizado sobre el fenómeno criminal y carcelario y las respuestas que implica. Ello supone reconocer que los derechos humanos y la seguridad no se excluyen mutuamente y que la rehabilitación de los presos está en el interés de todos. Los medios de comunicación pueden coadyuvar en este proceso, educando a la sociedad sobre la situación penitenciaria y políticas más apropiadas que las actuales. Quizás el mayor riesgo sea que la política se interponga en estos esfuerzos. En El Salvador, por ejemplo, el gobierno Funes ha dado pasos importantes -aunque insuficientes- para reducir el crimen y fortalecer el sistema penitenciario, pero estas medidas pudieran sufrir un revés -por indiferencia o revanchismo político- cuando el actual partido opositor, tradicionalmente despreocupado por la prevención y la rehabilitación, vuelve al poder.

* La autora agradece a Susan Cruz por sus observaciones sobre el caso de Honduras.