La Universidad Iberoamericana publicó esta semana su Protocolo de Actuación para la Prevención y Atención de Discriminación y Violencia de Género, en el que comenzó a trabajar en otoño de 2014.

La publicación del protocolo sucede ocho meses después que Distintas Latitudes informara sobre un caso de hostigamiento sexual, ocurrido en 2015 dentro de la universidad.

El protocolo abarca actos de violencia de género ocurridos entre integrantes de la comunidad universitaria, en cualquier espacio físico o virtual de la Universidad Iberoamericana o cualquier otro lugar.

A diferencia del protocolo publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México, no prevé la obligación para las partes de firmar una carta de confidencialidad; esa disposición en el protocolo de la UNAM fue motivo de crítica por parte de organizaciones feministas de esa universidad, quienes vieron en ella una forma de acallar la denuncia pública.

La obligación de confidencialidad en el caso de la Iberoamericana sólo incluye a las autoridades y al personal de la institución educativa.

El protocolo de la Ibero también dispone la creación de un Comité de Atención y Vigilancia de la Discriminación y la Violencia de Género, el encargado de resolver las quejas enviadas por la Procuraduría de Derechos Universitarios, primera instancia en conocer las denuncias.

El comité estará formado por dos personas académicas de la universidad, de las que al menos una tendrá que ser mujer, y tres personas externas a la Ibero, de las que dos tendrán que ser mujeres.

El documento contempla también la emisión de medidas de prevención y la posibilidad de mediación en los casos que la Procuraduría de Derechos Universitarios determine.

Los integrantes del Comité de Atención y Vigilancia deberán ser nombrados en un plazo no mayor a diez días hábiles posteriores a la publicación de este protocolo.

En 2015 la Universidad Iberoamericana se vio envuelta en un caso de hostigamiento sexual. La agresión denunciada por la estudiante Ximena Galicia y efectuada por el trabajador administrativo y profesor adjunto Moisés Ortiz Grimaldi, fue atendida por la Procuraduría de Derechos Universitarios, que emitió cuatro recomendaciones, aunque éstas han sido criticadas por la joven.

La institución educativa jesuita se suma a las cinco universidades mexicanas que cuentan con un protocolo para casos de violencia sexual. De 32 universidades públicas estatales, sólo tres tienen uno.

A nivel regional sólo 12 casas de estudio contaban con un protocolo hasta finales del pasado noviembre, de acuerdo con esta investigación de Distintas Latitudes.