Por Camila Figueroa *

Una mañana, leyendo el diario, me encontré en la sección nacional con una noticia que mencionaba positivamente a la población La Legua.  Sin duda, fue una gran sorpresa ver que la nota no tratara de crímenes ni de allanamientos de armas o drogas, sino de una inversión en obras públicas para cambiar las calles y terminar con los círculos que permitían que el mercado del narcotráfico hiciera de las suyas en esta comuna, que es la comuna más peligrosa y desconectada del centro de Santiago. Es increíble pero cierto, una medida de fondo que se implantará a mediano plazo y que contribuirá tanto para el progreso del país como de la región en su conjunto, a modo de modelo fructífero.

Dentro de los problemas que aquejan a Latinoamérica, como región, se encuentran temas trágicos como la delincuencia y narcotráfico, entre otros. En el caso de Chile, la violencia y el narcotráfico son aristas que siempre se encuentran presentes dentro de los medios de comunicación, y que de alguna u otra manera contribuyen a la estigmatización de poblaciones o sectores vulnerables. Son estos temas el gran dolor de cabeza para los Estados de países en vías de desarrollo, los intentos por superarlos y las medidas para combatirlos son infructuosos e insuficientes hasta ahora, por lo que un nuevo plan pretende reformular y hacer resurgir la población más peligrosa de la capital chilena.

La Legua, la más archiconocida población enferma por problemas de violencia y narcotráfico en Chile es una de las protagonistas por estos días, pero no por un hecho escabroso, sino por un cambio urbano para la población. La estrategia, para esta esperanzadora medida, es erradicar los enclaves de violencia a través de una operación de cirugía urbana, interviniendo pasajes “ciegos” que generan el gueto urbano y construyendo calles nuevas en las zonas más peligrosas de la población.

Costos de vivir inmersos en delincuencia y narcotráfico

Narcotráfico y violencia son temas inherentes a la realidad social, porque los conflictos entre las partes sólo pueden resolverse al margen de la ley. La violencia es pan de cada día; deambula entre las bandas rivales por controlar territorios cuando se enfrentan traficantes con la acción policial, y lo más importante, la violencia inhibe la denuncia por parte de la población honesta obligada a convivir con ellos.

Así, el narcotráfico restringe brutalmente los derechos y libertades de las personas  (es riesgoso transitar por las calles, debido a frecuentes tiroteos), a la vez que daña la propiedad pública y privada de los territorios en que se asienta, en este caso La Legua. En algunas zonas, las bandas ilegales ejercen tal dominio territorial, que inhiben la acción policial y alejan la oferta de servicios públicos, anulando en la práctica el Estado de Derecho.

En la actualidad, el narcotráfico, con su gran facilidad de poder abarca con su destructivo negocio a todo el planeta, desequilibrando los Estados en los que trafica y vende, desnivela la economía al efectuar inversiones y participar en decisiones macroeconómicas. Colma, también, a la sociedad al aumentar la criminalidad y el deterioro de la masa de jóvenes marginados que se involucran en el tráfico y se alejan de la legalidad. Unas 450 mil personas son empleadas por los cárteles del narcotráfico en México, una cifra similar a la cantidad de gente que se preveé será expulsada del mercado laboral por la crisis financiera en el mismo país. Según David Johnson, subsecretario de Estado para Asuntos de Narcotráfico Internacional, en el negocio de las drogas en México participan directamente unas 150 mil personas como traficantes o sicarios, pero estimó que otras 300 mil intervienen en el cultivo de drogas como marihuana y opio. [1]

En Chile se trabaja, sin mucho éxito, una política que enfatice el tema de la prevención así como el de la rehabilitación. A su vez, se ataca el ingreso, el tránsito y el tráfico de drogas. Ello en razón a que Chile no es un país productor como lo es Bolivia, Perú o Colombia. La respuesta del gobierno ante este flagelo, se manifiesta en tres ideas: el compromiso ciudadano y  la participación social (se pretende lograr con el proyecto de rediseño vial),  la solidaridad del Estado con los consumidores problemáticos de drogas (realidad creciente), y  el control de drogas ilícitas junto a la aplicación de las normas penales para su máxima sanción. La población penal en Chile está cifrada en 54 mil presos, 6 mil de ellos lo están por narcotráfico. [2]

Verdadero cambio

Durante las últimas semanas hemos sido testigos de dos crímenes en La Legua y  en lo que va de este año la fiscalía ha registrado cinco crímenes o hechos de sangre atribuibles a la delincuencia y al tráfico de drogas al interior de la población. El subsecretario del Interior, Patricio Rosende, expresó en relación a estos últimos hechos que “no sólo preocupan y nos duelen, sino que en algún sentido también nos provocan frustración. Pero nos invitan a reforzar el trabajo que estamos haciendo allí” [3]. También existe un proyecto de ley en el Congreso, el cual se encuentra en la comisión de Defensa y que “busca precisamente mejorar las normas sobre control de armas, imponer sanciones más altas a quienes utilizan armas con menores de edad, y establecer restricciones para la tenencia y porte de armas” [4].

La intención de mejorar la calidad de vida de las personas (que generalmente son estigmatizadas en su conjunto)  desde una forma más profunda y mejor pensada, hace que este proyecto sea de peso. Para nuestro país sin duda es un gran paso, tanto en la forma de mirar a la población, como para erradicar la violencia y el narcotráfico. En rigor el gobierno apostó bien, a tomar el tema de fondo y dejar de dar soluciones parches a un problema que nos aqueja a todos como sociedad. El estigma social que sigue a la población, a las pocas oportunidades que se enfrentan las personas que crecen ahí y el acceso a la educación son temas que no han podido ser superados.

Inversión social

Al final se espera que el fisco invierta en total unos 2 mil millones de pesos chilenos en la construcción de la nueva vía, la que, según el proyecto preliminar, tendrá dos pistas por sentido, paraderos para el transporte público y un pequeño bandejón central destinado a la plantación y conservación de arboledas y áreas verdes. El catastro previo a la expropiación estima la reconversión de una población total de 120 familias. Sin duda es una operación integral para atacar la delincuencia mejorando la calidad de vida, dirigida a una de las causas físicas del problema a través de un diseño urbano esencial y necesario para nutrir de conectividad las zonas peligrosas de La Legua.

Por eso, es indispensable complementar la represión del tráfico con programas sociales que aborden los problemas de desempleo y baja productividad que aquejan a quienes diariamente son tentados a participar en el ilegal negocio. Se espera que medidas como estas, de funcionar, se repliquen en otros lugares del Gran Santiago y se difundan en los medios de comunicación. Harto bien le haría a esta población, que muchas veces es estigmatizada por el problema de la delincuencia y ahora podría brillar tanto en la innovación en mejoramiento de espacios públicos,  como en la erradicación de la violencia y narcotráfico.

* Estudiante de Periodismo en la Universidad de Playa Ancha. Tiene 20 años y es oriunda de Viña del Mar, Chile.

[1] http://www.prodiario.com.ar/despachos.asp?cod_des=602833

[2] http://www.ssi.gov.cl/not_agenda/09/31_08_09.htm

[3] http://latercera.com/contenido/680_172291_9.shtml

[4] http://latercera.com/contenido/680_172291_9.shtml