Costa Rica es uno de los pocos países de América Latina que tiene religión oficial (Católica Apostólica Romana, según la Constitución Política), e históricamente ha sido un país bastante conservador. A pesar de ello, en los últimos años se han dado importantes avances y cambios culturales a favor de la población LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersex).

Aunque aún no existe el matrimonio igualitario, ni una ley de identidad de género, se han ganado batallas que allanan el camino para lograr esos derechos, y que han empoderado a las personas LGBTI para que exijan sus derechos y el respeto de la ciudadanía. Claro que lograrlo no es fácil, y la resistencia de los grupos conservadores y fundamentalistas siempre está presente.

“Claramente, el solo hecho de ser LBGTI ya implica un riesgo para el tema de acoso laboral, de acoso callejero, de discriminación en general. Pero cuando además de eso se es una persona defensora, es decir, que se tiene un perfil público, pues los ataques pueden ir desde las redes sociales, incluyendo amenazas de muerte u otro tipo de amenazas, hasta ataques directos para la familia, el lugar donde se trabaja, etcétera”, dijo Larissa Arroyo Navarrete, abogada del Frente por los Derechos Igualitarios (FDI), organización que reúne a colectivos y activistas LGBTI de Costa Rica.

“En Costa Rica, por suerte, al menos no hemos llegado a registrar ataques físicos a las personas que son defensoras de los derechos humanos de las personas LBGTI, a diferencia de lo que sí ha ocurrido con personas defensoras ambientalistas”, agregó Arroyo.

Uniones e identidad

En Costa Rica no hay todavía una ley de matrimonio igualitario, ni tampoco una ley de identidad de género. A pesar de ello, se han dado situaciones “curiosas” y avances en el reconocimiento de los derechos de las parejas del mismo sexo.

En 2013, una reforma a la Ley General de la Persona Joven introdujo un supuesto portillo para que las uniones de hecho su pudieran dar entre dos personas “sin discriminación”. Con base en este supuestos portillo y otros fundamentos legales, en 2015 un juez de familia reconoció la unión de hecho entre dos hombres, primera unión legalmente reconocida en el país (y Centroamérica) entre dos personas del mismo sexo. Sin embargo, se trató de un caso particular que no ha sido replicado.

Por otra parte, ese mismo 2015, dos mujeres lograron contraer matrimonio en Costa Rica, debido a un error que consignaba a una de las mujeres como hombre en sus documentos.

Creo que en Costa Rica el nivel de protección ha aumentado exponencialmente. Y con cada iniciativa que se ha realizado para el reconocimiento de los derechos de las personas LBGTI, eso también ha potenciado otras posibles acciones de reconocimiento”, dijo Arroyo.

Existe, por ejemplo, una sentencia condenatoria al Colegio de Abogados y Abogadas, para el reconocimiento de uniones entre personas del mismo sexo de las personas agremiadas. Lo mismo con el Colegio de Médicos.

A esto se adiciona múltiples acciones del Poder Ejecutivo, como el decreto 38.999, para la erradicación de la discriminación y el reconocimiento de derechos para las personas LGBTI en el gobierno central. Asimismo, en 2014, la Caja Costarricense de Seguro Social permitió el aseguramiento para la pareja del mismo sexo de un contribuyente, así como las visitas hospitalarias para parejas del mismo sexo.

También existen acciones de los gobiernos locales, con las declaratorias de los cantones como libres de toda discriminación, la declaratoria de la Asamblea Legislativa, las acciones del Ministerio de Justicia, incluso en el sistema de salud. Todo se ha venido sumando y amalgamando para incentivar a otras instituciones y agentes estatales a que tomen iniciativa de las garantías de los derechos de las personas LBGTI”, dijo Arroyo.

En materia de identidad de género, aunque existen avances, todavía no es nada sencillo para las personas trans acceder a un cambio de nombre o de sexo registral en sus documentos.

No existe un recurso administrativo o incluso judicial de fácil acceso, gratuito, que garantice la solicitud de cambio de nombre. Se han dado algunos casos, pero son casos específicos, casos aislados, y que no constituyen la regla, sino la excepción”, explicó Arroyo.

Actualmente, el derecho que esta población tiene garantizado es el acceso al “conocido como” en sus cédulas, para incluir el nombre que eligieron, y el derecho de imagen, para que les tomen la fotografía como normalmente andas vestidas y vestidos.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Cristian Zamora y Gerald Castro, la primera unión entre dos personas del mismo sexo reconocida en Costa Rica.

Entorno político

Un punto de fortaleza política para los movimientos LGBTI es el presentarse fortalecidos y unidos a las mesas de diálogo. De acuerdo con Arroyo, en Costa Rica, pese a las divergencias, el movimiento ha ido fortaleciéndose.

Definitivamente hay muchas divergencias, y muchas posibilidades que se han perdido por falta de coordinación, pero en comparación a años y décadas anteriores, los discursos se han venido fortaleciendo y unificando, a favor de los derechos igualitarios. De alguna manera, se ha creado una plataforma más o menos uniforme sobre las posibles acciones a tomar, aunque por supuesto hay diferentes tipos de acciones y hasta estrategias que implican que implican que habrá conflictos y demás. Esto creo que viene siendo respaldado precisamente por las acciones que el mismo gobierno de Costa Rica ha venido tomando”, dijo Arroyo.

En materia política, desde el FDI señalan una gran diferencia entre el respaldo que pueden obtener desde el actual gobierno y el que pueden obtener, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa.

“En la Asamblea Legislativa, si bien es cierto hay algunos diputados y diputadas que tienen gran apertura y una posición pública a favor de los derechos de las personas LBGTI, hay otros que por el contrario han cerrado toda posibilidad al reconocimiento de los derechos fundamentales en general, incluyendo los derechos de las personas LBGTI. Son diputados que lo que plantean es un concepto de familia tradicional, es decir, una negación de las familias que ya existen, y por supuesto, también, del derecho de las personas a elegir con quién estar, con quien asociarse, con quién formar una familia”, dijo Arroyo.

“Por otra parte, creo que el gobierno actual, el Poder Ejecutivo, ha tenido una voluntad política que no se había encontrado en otros gobiernos, y que precisamente eso lo que ha hecho es concretarse en acciones para asegurar ese reconocimiento de los derechos de las personas LBGTI”, agregó. A pesar de ello, el gobierno del presidente Luis Guillermo Solís no ha apoyado el proyecto de ley de matrimonio igualitario.

Antidiscriminación y otras normas

Actualmente Costa Rica no cuenta con una ley para prevenir y penalizar la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Sin embargo, hay varias iniciativas en curso que se enfocan en esa dirección.

“No obstante, en lo que sí estamos en falta es precisamente de una normativa que condene los crímenes de odio”, puntualizó Arroyo.

Para la abogada Larissa Arroyo, si bien es cierto en Costa Rica se ha venido creando una normativa nacional que permite el reconocimiento y la garantía de los derechos de las personas LBGTI, siempre hay un período entre que la norma entra a regir y que se cumpla de la manera más efectiva.

Yo lo que diría es que, en este momento Costa Rica está en un momento en donde pesa mucho más la letra que la acción. Es decir, que nuestra normativa definitivamente ha asegurado derechos para las personas LBGTI, pero eso no ha hecho que disminuya o se erradique la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Y eso es algo que va a llevar su tiempo, y que requiere acciones afirmativas por parte del Estado, por un lado, para educar a las personas LBGTI sobre cuáles son sus derechos y cuáles son los mecanismos para acceder a ellos, y por otro lado educar al resto de la población sobre los derechos de las personas LBGTI y cómo los tienen que respetar”, dijo la abogada.

Reformas urgentes

Teniendo en cuenta este panorama, ¿qué reformas legales y culturales harían falta para que en Costa Rica mejoren las condiciones de vida para las personas LGBTI? Arroyo puntualiza las siguientes:

  1. Aprobación de una ley de identidad de género.
  2. Aprobación de una ley de matrimonio igualitario.
  3. Que el Estado asuma la obligación de tomar acciones para modificar las costumbres y tradiciones que puedan ser discriminatorias, que puedan ser violentas con las personas LBGTI.
  4. Una educación más integral en materia de derechos humanos.
  5. El cambio de mentalidades de las personas que ejecutan las normas, así como la sociedad en general.

La norma no puede ser el único mecanismo de cambio, sino que es nada más un primer paso. Ahora toca precisamente pensar en la implementación, y esto no puede ocurrir si no hay un cambio a nivel de las mentalidades”, concluyó Arroyo.

Han sido muchos los cambios normativos y culturales por los que ha pasado Costa Rica en los últimos años, en cuanto a derechos de la población LGBTI. Inclusive, ha dado refugio a personas de otros países de Centroamérica, que se han visto perseguidas por su orientación sexual e identidad de género.

No obstante, todavía falta mucho para que exista igualdad de derechos. Aún se vislumbra complicado el camino para la aprobación de leyes de igualdad como las que ya existen en otros países de América Latina, más adelantados en la materia.