Colombia es un país complejo. No se pueden negar los avances en cuestión de seguridad, pero tampoco se pueden olvidar aquellos escándalos que dejarían pasmado a cualquiera (recordar el caso de los falsos positivos). Sería descarado no ver los avances institucionales de este país, pero siempre hay un temor latente de que la corrupción, el conservadurismo, los poderes económicos echen por tierra lo ganado… como en ocasiones ha sucedido.

Hoy, a mi parecer, Colombia muestra al mundo de manera clara cómo funciona su democracia y sus instituciones: con temores y destellos, con decisiones mezquinas y lances valientes.

Por un lado, la Corte Constitucional, máximo organo judicial de ese país, prefirió no pronunciarse sobre la constitucionalidad de los matrimonios “igualitarios” y mandó el tema al Legislativo, dando como plazo dos años para que los representantes populares tomen una posición al respecto. Dos años. El 29 de noviembre pasado, un grupo de abogados y activistas defensores de la causa gay promovieron una demanda que buscaba cambiar el concepto tradicional de matrimonio, el cual se encuentra definido desde 1887 en el artículo 113 del Código Civil y en la Constitución Nacional como “un contrato por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse”. El tema ganó rápidamente adeptos entre clases medias, intelectuales y algunos medios de comunicación que señalaban la necesidad de modificar la ley para garantizar el pleno reconocimiento a este tipo de uniones entre homosexuales. La Corte respondió como a veces suelen hacerlo las instituciones en Colombia: plagada de paradojas. Evitó pronunciarse diciendo que el cambio de leyes correspondía a los legisladores, sin embargo, les recordó que los homosexuales tienen derecho a conformar familia y exigió la elaboración de “régimen especial para uniones homosexuales”, no obstante, solicitó mantener inalterado el concepto de familia vigente en la Constitución. En concreto: los magistrados consideraron que no se puede discriminar a las parejas homosexuales, pero se negaron cambiar la definición de matrimonio que dice que es una “unión de un hombre y una mujer”. Si en dos años el Poder Legislativo no ha hecho los cambios legales, las parejas homosexuales podrán formalizar su unión ante un notario público o en una ceremonia civil. Pareciera que la Corte Constitucional cedió ante la presión de la iglesia católica y grupos de derecha que pedían que se rechazara por “notoriamente inconstitucional” esta demanda. Cual Poncio Pilatos, prefirió lavarse las manos, o en términos más coloquiales “mandar la bolita a otra parte”.

Será interesante, eso sí, ver cómo resuelve este tema el legislativo, toda vez que la coalición de partidos que respalda al presidente Juan Manuel Santos, la llamada “Unidad Nacional” es sumamente heterogénea: lo mismo están el Partido Conservador, totalmente opuesto a los matrimonios homosexuales, que el Partido Liberal, y otros que tenuemente han impulsado esta agenda. En fin. Los vientos de una nueva oleada progresista sobre este tema tendrán que esperar.

Pero hoy mismo también sucedió otro evento que sorprendió a los colombianos. La orden de encarcelamiento de Andrés Felipe Arias, ex ministro de Agricultura del anterior presidente, Álvaro Uribe, a quien se le imputan varios delitos graves de corrupción, prevaricación y desvió de recursos millonarios de un programa que terminó siendo un fracaso rotundo: Agro Ingreso Seguro (AIS).

La fiscal general, Viviane Morales, le imputó a Arias los delitos de celebración indebida de contratos sin requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros por la entrega irregular de multimillonarios subsidios del programa de AIS sin que estos cumplieran con las normas establecidas. Sin embargo, aquí una precisión: el encarcelamiento es una “medida provisional”, toda vez que el juicio en su contra todavía continúa. Orlando Fierro, Magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, consideró que Arias podía obstaculizar el desarrollo de las investigaciones que se le siguen a él y a otros colaboradores y por ello se tomó esta medida.

Habrá que recordar que el pasado 19 de julio, Andrés Felipe Arias fue destituido e inhabilitado por un período de 16 años para ejercer cargos públicos por parte de la Procuraduría. Ya de entrada esta sentencia mostraba lo grave de los delitos imputados.

Llegado a este punto, debe destacarse la independencia judicial para tomar este tipo de medidas aún contra quien fue considerado por muchos como “el político favorito de Uribe”. Estas decisiones dan muestra de una creciente institucionalidad en el ámbito jurídico colombiano (quizá no deba dejar de mencionarse que el poder judicial se enfrentó constantemente con Uribe durante su último periodo de gobierno, más aún a raíz de la intentona del ex presidente por lograr una segunda reelección) que busca consolidar el Estado de Derecho en Colombia sin distingos.

Ahora bien, no faltan en Colombia los que ven en este hecho no sólo una medida judicial sino que le dan una lectura política, un ejemplo más del distanciamiento entre Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe. Algunos ya claman por una traición abierta y descarada del actual presidente contra su antecesor. Habrá que ver cómo termina esta historia en los próximos meses. Una duda, sin embargo, no deja de pasar por mi cabeza: ¿alguien sabe a cuántos funcionarios se les ha seguido algún juicio por el programa PROCAMPO en México? No, a ninguno.

(Andrés Felipe Arias y su esposa, en el momento de notificársele su encarcelamiento preventivo)