En Cochabamba, el pasado 7 de julio la policía local reprimió con gases lacrimógenos una marcha de 200 mujeres. Violentó e hirió a algunas de ellas, pero a cuatro (de diferente nacionalidades) las encarceló por atentado a la propiedad pública. Según la policía, “grafitearon cuatro autos”, según las manifestantes, solo uno. Las mujeres ya están en libertad, pero esperan la resolución de la fiscalía sobre el caso, y aún no pueden volver a sus hogares. Martina Ofelia, del comité organizador del evento, contó a Distintas Latitudes lo que pasó.

Una vez más, niñas y mujeres pusieron el cuerpo y la voz en las calles para denunciar la violencia patriarcal y los feminicidios que atentan contra sus vidas. Y una vez más, la policía las reprimió, hirió y llevó encarceladas. Ahora, el escenario fue en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. El 7 de julio mujeres de Bolivia, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, España, Estados Unidos, Perú e Italia se autoconvocaron en la “Marcha de mujeres por la vida, el cuerpo, el territorio y la dignidad”, en el marco del tercer encuentro de Aquelarre Subversiva.

Según relatan sus integrantes en la petición de change.org por Solidaridad con las compañeras arrestadas en la marcha de mujeres en Cochabamba, fueron violentamente reprimidas por la policía local (más de 50 efectivos), que las golpeó, gasificó y llevó detenidas a cuatro de ellas. Mujeres procedentes de Argentina, Chile, España y Bolivia. Directamente ingresadas a las dependencias de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), sus compañeras denuncian que fueron aisladas e incomunicadas durante varias horas, y además, les quisieron montar una escena con “pruebas ilícitas pintándoles las manos con aerosol y fotografiándolas con objetos que no eran suyos, incurriendo en una violencia institucional a la cual ellas se resistieron. Ahí mismo fueron amedrentadas por alrededor de 15 policías que les ejercían constante violencia psicológica”.

La historia continúa: trasladaron a las cuatro hacinadas y esposadas a las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, donde intentaron impedirles que vean a sus abogadas defensoras.

En Bolivia, al igual que en toda Latinoamérica, la violencia machista y el patriarcado mata, estigmatiza y amedrenta a las mujeres, obstaculizando el ejercicio pleno de su cuerpo, vida y autonomía. Es en este caso que las mujeres organizadas de Bolivia ponen el foco en la violencia ejercida específicamente por la policía: en 2016 hubo 426 denuncias a policías por violencia hacia mujeres en el país. La mayoría de estos casos sin sentencia e impunes.

POLICÍA CORRUPTA

“Martina Ofelia somos todas”. Lo dijo a través de una llamada de Skype el miércoles 12 de julio a la tarde. Prefirió no especificar su nombre, porque con este seudónimo se identifican todas las integrantes del comité organizador de la Aquelarre Subversiva. Hasta ahora, este es el relato que se difundió en las redes sobre lo ocurrido el viernes 7 de julio, pero Martina Ofelia se comunicó con Distintas Latitudes para dar más detalles de lo que pasó, y contar hasta donde puede (“por cuestiones de seguridad”) cómo sigue el caso.

Las cuatro compañeras encarceladas fueron liberadas en la madrugada del sábado 8, luego de que todo el colectivo y sus allegados apelaran a sus contactos. “Nos preocupaba mucho la situación de que estuvieran encarceladas por la violencia que se vive allí, lo importante era lograr que las liberaran, después veríamos la cuestión legal”, dijo. Una de las integrantes del colectivo y un abogado “salieron de garantes” para lograr un acuerdo con la policía, ya que “no las querían soltar”. El acuerdo implica “resarcimiento de daños” y una “disculpa pública a la Policía Nacional de Bolivia”. Un acuerdo que el colectivo entiende que es “muy ambiguo”, principalmente porque esperan que se haga una “cotización de los daños” (una suma de dinero que aún no tienen idea). Según la Policía, pintaron cuatro autos de la institución, que son parte del bien público, pero para Martina Ofelia, fue solo uno.

“Es importante entender que las compañeras que fueron encarceladas no tiene nada que ver con los hechos que les recriminan”, dijo Martina Ofelia. Según ella, el comité organizador no está averiguando quiénes lo hicieron, en esta están todas juntas. Su versión de los hechos es que en la marcha participaron unas 200 personas, y que si bien iban cantando, gritando con pancartas, y realizando stencils y empapelado de paredes (normal en cualquier manifestación), fue pacífica. También tenían previsto hacer actos de denuncia  a través del recorrido en puntos específicos: en la Fiscalía (exigir que se resuelvan los feminicidios), el Colegio de Médicos (quienes se enriquecen con el aborto ilegal que genera muertes de mujeres), la Cárcel de Mujeres (para solidarizarse con dos compañeras encarceladas injustamente), y la UTOP (“donde policías han violado a compañeras detenidas de forma arbitraria”, dijo).

Fuera de la UTOP, justo cuando ya se estaban “retirando de forma tranquila”, “cinco o seis policías empezaron a correr para agarrar a las compañeras”. Todo porque algunas grafitearon un auto de la policía “con la verdad”: “Policía corrupta”, contó Martina Ofelia. Y siguió: “los policías corrían entre nosotras sin importarles que habían niños ni personas mayores. Al ver que éramos más que ellos, empezaron a gasificar y dispersarnos. Nosotras logramos soltar a algunas compañeras, si no el número de encarceladas hubiera sido mayor. Y ahí vinieron los golpes e insultos y se llevaron arrastrando a las cuatro compañeras. Nosotras no golpeamos autos ni rompimos vidrios ni quemamos nada”.

Las cuatro mujeres tuvieron que entregar sus documentos de identidad, cámaras de video y todos sus objetos personales a la policía, pero esperan que entre hoy y mañana se los devuelvan, o quizá, cuando se cierre el caso. Tres de ellas, que no viven en Bolivia, aún no se pueden volver a sus países ya que tuvieron que declarar ante la Fiscalía el lunes 11, y tienen que esperar la resolución.

“Ahora estamos en una situación de incertidumbre, esperando a ver qué nos dicen de la Fiscalía. Estamos indignadas”, dijo Martina Ofelia. El conflicto social que atraviesa Bolivia tampoco ayuda a los tiempos burocráticos de la justicia, ya que los movimientos obreros y campesinos están movilizados a nivel nacional por el incremento de un 3% de la tarifa de electricidad.

Para las Martinas Ofelias de Bolivia y del continente queda apoyar a las compañeras, y esperar el caso se resuelva en su favor.