Este año México enfrentará uno de los procesos políticos electorales más complejos de su historia reciente. En 2012 se renuevan 6 gubernaturas estatales, 583 presidencias municipales, 500 diputaciones federales, la totalidad del Senado y la máxima prelatura del Ejecutivo, la presidencia de la República, cuyo titular será conocido en julio. Por el sistema político imperante en el país (herencia de casi un siglo de presidencialismo encumbrado) ésta representa, por llamarla de alguna forma, la madre de todas las batallas electorales. Las fuerzas políticas principales que se disputan la presidencia son el Partido Revolucionario Institucional, hegemónico protagonista del sistema autoritario durante 70 años, el Partido de la Revolución Democrática, sede de las disimiles fuerzas de izquierda en México y el gobernante Partido Acción Nacional, responsable de una controversial política de seguridad y una política económica que no ha conseguido superar los rezagos en materia de igualdad, combate a la pobreza y creación de empleos.

Más aún, el contexto político, económico y social demanda evaluar si es necesaria una redefinición del rumbo de gobierno. Las décadas de limitado crecimiento en el poder adquisitivo del mercado interno, el crecimiento de la pobreza multidimensional, las generaciones de jóvenes sin acceso a fuentes de empleo, la mala calidad en los empleos existentes y una política de seguridad que ha cobrado la vida de 50 mil mexicanos contrasta con la estabilidad macroeconómica, la depuración incipiente de los mandos policiacos, la reducción de la pobreza extrema y el crecimiento en la cobertura de servicios de salud. En un escenario semejante, es necesario delinear las plataformas políticas que cada fuerza electoral ofrece al votante mexicano y es lo que pretendo esbozar en estas líneas.

Aún no se disipa la polvareda del cerrado enfrentamiento de la elección presidencial de 2006 y sus protagonistas vuelven a la palestra. En 2006 el (entonces) candidato del Partido Acción Nacional (asumido como demócrata cristiano y representante de la ortodoxia económica) Felipe Calderón derrotó a su principal rival, el ex alcalde de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, por un estrechísimo margen inferior a un punto porcentual. López Obrador, quien representaba a la confusa aglutinación (militantes de movimientos sociales, intelectuales, antiguos comunistas, socialdemócratas, no pocos líderes corruptos y más de un oportunista) que representa a las izquierdas de México, concentró desde entonces la dirección de un llamado “gobierno legítimo” que se mantiene como uno de los principales críticos de las políticas del gobierno en curso. López Obrador conserva el halo de líder político con mayor arraigo social y poder de convocatoria popular pero, a la vez, también concentra muchas de las fobias del elector promedio mexicano, temeroso, conservador y de aspiraciones “clasemedieras”.

Esta es la primera plataforma opositora al gobierno en cuestión. La estrategia electoral del (aún) único precandidato de izquierda, antiguo militante del PRI y miembro de la escisión del partido que se rebeló contra el neoliberalismo de la dirigencia en la década de 1980, como en el pasado, apuesta a la recuperación del Estado como protagonista en las políticas sociales y económicas. Esto se manifiesta en el sinnúmero de referencias al papel del Estado como regulador de la vida económica y a la inversión pública en la creación de infraestructura, incluida la construcción de 5 refinerías, por ejemplo.  La variedad que 2012 trae para la izquierda es un viraje retórico; López Obrador apuesta a la “república amorosa” para superar su imagen como candidato de confrontación, explosivo y que no atiende a otros lineamientos que los suyos propios. Esta imagen, debida tanto a una intensa campaña de desprestigio como a las propias acciones del precandidato, es el principal obstáculo a vencer para conseguir remontar las preferencias electorales. En efecto, en las encuestas de diversas índoles y metodologías, López Obrador se perfila como el candidato que ha capitalizado mayores réditos negativos.

Contrariando décadas de la tradición de un partido que durante décadas abogó por la transparencia en la democracia electoral y procedimental (de la democracia social valdrá la pena hablar en otra ocasión), el presidente panista Felipe Calderón ha actuado como el líder de facto del partido que lo llevó al poder, llevando a uno de los miembros más cercanos del cerrado círculo que compone su gobierno (el desangelado ex Secretario de Hacienda, Ernesto Cordero) a contender en la elección interna de su partido contra dos panistas con mayor aceptación en las encuestas pero sin el respaldo político del presidente. Sin embargo, a pesar de continuos mensajes mediáticos y el proselitismo de los 3 precandidatos panistas[1]los (tibios) debates sostenidos entre ellos revelan las pretensiones de continuidad en los aspectos más controversiales de la estrategia de gobierno: la política de seguridad (o falta de ella, según se consulte a las cifras o a las víctimas) las políticas económicas que promueven la exportación maquiladora a un solo socio comercial y que sacrifican el mercado interno y, con ello, el poder adquisitivo, los salarios y el bienestar de una enorme cantidad de mexicanos. Los precandidatos del PAN, aunque numerosos, apuestan a una estrategia de continuidad que, en la opinión del que esto escribe, resulta insuficiente para vencer los rezagos antes esbozados. Sin embargo, la aceptación de las políticas del presidente Calderón, cercana al 50% en diversas encuestas, parece revelar que tal estrategia podría resultar conveniente.

El Partido Revolucionario Institucional, en cambio, apuesta todas sus baterías a una campaña mediática. Redituando con el descrédito del gobierno en curso, bajo la bandera de “ser el partido que sí sabía gobernar” y el carismático rostro de su precandidato, el exgobernador del Estado de México –el más poblado y el que más recursos tiene–, Enrique Peña Nieto, el PRI recurre a su poderosa y casi omnipresente maquinaria electoral, a la disciplina de sus filas y a un candidato expuesto en todos los medios posibles, particularmente los de la “prensa del corazón”.

A pesar de que los deslices verbales cometidos por el candidato priísta en más de un foro dan suficiente para abundar párrafos, procuraré centrarme en cambio en la forma en que, en mi percepción, se configura Peña Nieto como una alternativa de gobierno. Mejor dicho, en el modo en el que no se perfila como alternativa. En efecto, las propuestas económicas y sociales de Peña Nieto no distan significativamente de las del gobierno en curso. Sus propuestas para ampliar el alcance de la iniciativa privada en la empresa estatal Petróleos Mexicanos, sus propuestas laborales o la iniciativa de una reforma fiscal para gravar algunos alimentos son similares a las propuestas de Felipe Calderón. Más aún, Peña Nieto ha sido asociado al expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien impulsó significativamente las políticas públicas propias del consenso de Washington y que identifican tanto al PAN como al PRI de la ola neoliberal. Peña Nieto, sin embargo, tiene características propias que lo distinguen de las banderas del panismo. El férreo control que mantiene sobre el aparato legislativo de su partido y sus propuestas de reforma política que, de realizarse, permitirían al partido vencedor en la carrera presidencial contar con una mayoría legislativa en aras de la gobernabilidad y a costa de la representación democrática del resto de las fuerzas políticas, me permiten aventurar que el retorno del PRI al poder se traduciría en la misma dirección económica con algunas pinceladas del viejo autoritarismo.

Así luce, pues, el panorama político mexicano que, con la contienda electoral del verano, amenaza con complejizarse y convertirse en un fenómeno de gran interés e importancia para toda la región latinoamericana.



[1] Este artículo fue escrito antes de que se conociera el triunfo de Josefina Vázquez Mota, ex coordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, en las internas del PAN. El otro precandidato fue Santiago Creel Miranda, ex secretario de Gobernación y Senador.