El 11 de febrero de 2017, el New York Times dio a conocer que por lo menos tres investigadores y defensores de la salud en México eran objeto de vigilancia digital ilegal, por parte de diferentes oficinas del gobierno. Dos de estos son personas que colaboran en instituciones que trabajan con la Sociedad Civil y el gobierno federal en la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), una iniciativa global para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y el desarrollo tecnológico. México es socio fundador de la AGA y dirigió la iniciativa en el periodo 2014-2015. Tras la denuncia pública que las organizaciones mexicanas realizaron en su momento, pasaron 100 días sin respuesta concreta del gobierno de México, por lo cual la Sociedad Civil decidió abandonar las mesas de diálogo con el gobierno mexicano.

De acuerdo con Ana Cristina Ruelas, directora de la organización Article 19 México, que formó parte de los mecanismos de diálogo que llevan más de 5 años, le dieron un tiempo prudencial a las autoridades, y la falta de respuesta demuestra un claro desinterés.

“Cuando se dio la situación de espionaje, nosotros le solicitamos a nuestras dos contrapartes dentro de la Alianza para el Gobierno Abierto (en México es una asociación tripartita, entre el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Secretaría de la Función Pública, que es el representante del Gobierno Federal) que nos dijeran qué estaba pasando, y solicitarles una serie de condiciones y de acciones para seguir trabajando, tomando en cuenta que por la vía del diálogo es la que se privilegia dentro de la Alianza para el Gobierno Abierto”, dijo a Distintas Latitudes Ruelas.

Las organizaciones solicitaron transparencia sobre las contrataciones y sobre la forma en que se estaban llevando a cabo estos mecanismos de vigilancia. Actualmente, el gobierno puede solicitar datos sin ningún mecanismo de control judicial a las empresas de telecomunicaciones. Ruelas asegura que tienen conocimiento de que existen contratos con empresas que venden malware de vigilancia, gracias a filtraciones de Hacking Team. Sin embargo, no tienen conocimiento de quién contrató, por cuál monto, cuál es el tipo de malware que solicitaron, cuáles son los criterios, etc.

No podemos hablar de un gobierno abierto cuando existen tales niveles de corrupción y violaciones graves a derechos humanos. Esto ya lo habíamos anunciado en varios momentos, en la cumbre de Costa Rica, en la cumbre de Uruguay, en la cumbre de México, diciendo que necesitamos que México sea un verdadero gobierno abierto. Pero nunca nos habíamos encontrado con una situación en la que la propia sociedad civil que da seguimiento a uno de los compromisos fuera sujeta de vigilancia”, dijo Ruelas.

“Esto demuestra que no les importa el diálogo con la sociedad civil, que hay una fragmentación entre el gobierno y la sociedad, que ya estábamos viendo, que no le ven un interés a esta nueva forma de participación. Y que han perdido la voluntad para seguir dialogando y seguir trabajando en conjunto para atacar problemas públicos con la sociedad civil”, agregó.

En este enlace, se encuentran todos los detalles del proceso de vigilancia, y los blancos (activistas que apoyaban el impuesto a las sodas). El malware infectó los dispositivos móviles mediante mensajes de texto dirigidos, que contenían enlaces maliciosos. Una vez instalado en el dispositivo, el malware daba acceso a archivos guardados en el dispositivo, listas de contactos, escuchar llamadas e incluso grabar utilizando la cámara y el micrófono del teléfono.

“La detección fue una colaboración muy interesante entre diferentes actores. Nosotros, SocialTIC, somos el aliado tecnológico de una de estas organizaciones. Y a la hora de recibir esos mensajes, que tenían una connotación más de amenaza que de otra cosa, nos contactaron para ver qué podía ser. No le habían dado clic, que sepamos a estos links. Más bien, vimos los tipos de mensajes y lo asociamos al reporte que en esas fechas ya había publicado Citizen Lab“, explicó a Distintas Latitudes Juan Manuel Casanueva, director de SocialTIC, que participó de la detección de esta amenaza.

Reacciones

Desde diferentes puntos de América Latina, las organizaciones que trabajan en gobierno abierto han expresado su apoyo y solidaridad con la sociedad civil mexicana. Pablo Collada, director ejecutivo de la Fundación Ciudadano Inteligente (Chile), considera que la situación es grave, y que México vive un momento de “alta tensión” en materia de seguridad.

“Hoy más que nunca es necesario tener una sociedad civil fuerte y libre para llevar acciones de fiscalización y denuncia ante cualquier violación en la función pública. Las demostradas acciones de espionaje van en contra de la promoción de un país que dice defender las libertades de asociación”, dijo Collada a Distintas Latitudes.

Collada considera que, con esta ruptura, México pierde la inercia de un trabajo de varios años y se frenan los avances logrados tras decenas de reuniones y negociaciones, teniendo en cuenta que uno de los objetivos del Gobierno Abierto es promover un modelo de continua colaboración entre Gobierno y Sociedad Civil. Aunque seguirán existiendo esfuerzos de colaboración, esta situación claramente afecta a la construcción de relaciones basadas en la confianza entre ciudadanía y gobierno.

“Por un lado se minimiza la gravedad del caso, reduciéndolo a una invitación a los afectados para dirigirse a las instancias dedicadas al tema y presentar su caso. Y por otro, queda la sensación de que claramente no hay garantías de que una situación así no se repita”, agregó Collada.

Por su parte, Susana Soto, de Abriendo Datos Costa Rica, señaló que los procesos de Gobierno Abierto se basan en la co-creación, participación y colaboración y tienen como principio básico que los gobiernos adheridos a la Open Government Partnership (OGP), como mínimo protejan las libertades civiles que permitan la participación de todos los sectores.

“Las acciones denunciadas por las 10 organizaciones que conforman el Núcleo de Sociedad Civil para el Gobierno Abierto de México, a partir de un estudio técnico forense sobre los casos de espionaje a personas defensoras de los derechos humanos, contradicen esos principios básicos, y es por esto que sus integrantes han tomado la decisión de retirarse del espacio intersectorial en el que se desenvuelve esta iniciativa, señalando que no existen en ese país las condiciones para un ejercicio de colaboración seguro y respetuoso de sus derechos fundamentales”, dijo Soto a Distintas Latitudes.

“Conscientes de las amenazas que estos procesos de cambio social, enfrentan en nuestros países, Abriendo Datos Costa Rica manifiesta su solidaridad con las compañeras y los compañeros mexicanos, esperando que esta sea una oportunidad que aprovechemos quienes participamos en estos procesos, para reflexionar acerca de la necesidad de contar con mecanismos y herramientas que permitan evidenciar y, eventualmente, sancionar a los países que con sus acciones se alejen de los principios de Gobierno Abierto con los que se han comprometido internacionalmente con su integración a la plataforma de la OGP”, agregó.

Por ahora, Ana Cristina Ruelas (de Article 19) asegura que van a seguir instando al gobierno para que existan controles judiciales para ejercer la vigilancia, para que exista transparencia de rendición de cuentas sobre la situación a la que se enfrenta la sociedad civil y el periodismo, ante estos mecanismos de intimidación y de inhibición de la libertad de expresión.

“Nosotros lo que queremos no es dejar a un lado este proceso de más de 5 años, sino que existan las condiciones para seguir sentados en la mesa. En ese sentido, en el momento en que esas condiciones se restablezcan, y que veamos que hay una verdadera voluntad del Estado para cumplir con estas condiciones, es en la medida en la que nosotros nos vamos a volver a sentar.  Por otro lado, el grupo de las organizaciones estamos pensando en activar el mecanismo de respuesta de la OGP (Open Government Partnership), que implica sancionar directamente al Estado mexicano”, concluyó.