En 2015, en Chile se aprobaron las uniones civiles, como una nueva figura –diferente del matrimonio- para el reconocimiento de parejas de igual o distinto sexo. Aunque todavía no se trata de matrimonio igualitario, es un paso en el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersex).

Sin embargo, más allá de este punto, ¿cómo se encuentra Chile en términos de derechos para la población LGBTI?, ¿cuáles son los retos?, ¿existe persecución para quienes defiendes a esta población?

De acuerdo con Oscar Rementería, vocero del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), aunque considera que no hay persecución, se mantiene la discriminación contra las personas LGBTI en los ámbitos laboral, comunitario e institucional, entre otros.

En Chile hubo mucha persecución durante el período de la dictadura militar. Ahora la legislación prohíbe en estricto rigor la discriminación, pero este es un problema cultural que existe en nuestro país. Para eso se está trabajando”, dijo Rementería a Distintas Latitudes.

Entorno político

Actualmente, en Chile hay varias organizaciones de la diversidad sexual. Según Rementería, algunas están agrupadas en movimientos más amplios, pero lo importante es que todas están apuntando hacia un mismo objetivo que es tener más y mejores leyes por la igualdad de derechos en el país.

El entorno político, en relación a los derechos de la población LGBTI, está marcado por un compromiso de campaña de la actual presidenta, Michelle Bachelet, de hacer avanzar esta agenda.

“Durante la campaña de la actual presidenta, Michelle Bachelet, se comprometió en elementos claves para la diversidad sexual: ley de identidad de género, una institucionalidad contra la discriminación, matrimonio igualitario, y en ese sentido los compromisos están. Lo que no se ha hecho de manera decidida es cumplirlos”, dijo Rementería.

Movilh tiene un acuerdo con el Estado de Chile, a través de la mediación amistosa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para implementar toda la agenda de diversidad sexual, tanto en el Congreso como también en el Ejecutivo.

Allí se plantean todas las falencias que existen en el país en materia de igualdad de derechos. Ahora falta que el gobierno efectivamente se haga cargo de los compromisos que ha asumido internacionalmente en esta materia.

“Nosotros esperamos que cumpla por lo menos el acuerdo que tiene con el Movilh a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De repente uno puede darse cuenta de que hay poco coraje en cumplir los compromisos adquiridos, y en ese sentido nosotros estamos presentes presionando de manera permanente para que se cumpla lo que se ha prometido”, enfatizó el activista.

Uniones e identidad

En 2015, Chile aprobó las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Sin embargo, la meta sigue siendo alcanzar el matrimonio igualitario.

“En ese sentido, hemos avanzado de manera importante, considerando que Chile es uno de los países más conservadores de América Latina. Tenemos un compromiso del gobierno, de enviar durante el primer semestre del año 2017 un proyecto de ley de matrimonio igualitario al Congreso”, dijo Rementería.

Más difícil ha sido el proceso para avanzar en materia de identidad de género. Actualmente las personas trans solo pueden cambiar de nombre y sexo registral a través de un engorroso juicio en los tribunales. Se está trabajando actualmente en el Congreso la discusión de un proyecto de ley de identidad de género, que permitiría una facilidad administrativa para que las personas trans puedan adecuar sus documentos de identidad según su identidad de género.

Este proyecto de ley se ha demorado de manera excesiva, producto de que los sectores conservadores han bloqueado su discusión, pero estamos esperando que el gobierno reaccione y pueda poner las urgencias legislativas que sean necesarias”, dijo Rementería.

Antidiscriminación

Desde el 2012, Chile cuenta con una ley antidiscriminación también conocida como ley Zamudio. Esta ley fue apurada producto del asesinato de Daniel Zamudio, un joven homosexual que murió tras haber sido golpeado brutalmente, única y exclusivamente por ser gay.

Esto generó un punto de inflexión en nuestra sociedad, en nuestro país, y se apuró la discusión de este proyecto de ley que estaba en el Congreso desde el año 2007. La ley antidiscriminación prohíbe discriminar, y especialmente protege a 15 categorías consideradas vulnerables a la discriminación, entre ellas la orientación sexual y la identidad de género. Pero no solamente hace falta una ley. Hace falta un cambio cultural, y eso es de largo aliento en nuestro país”, explicó el activista.

Según Rementería, esta ley obligó a muchas instituciones públicas, incluyendo las militares, a derogar todo reglamento que fuese considerado discriminatorio, y es especialmente dura en sanciones para los funcionarios públicos que discriminen. Por otro lado, esta ley ha permitido avanzar en políticas públicas con el Estado, para erradicar la discriminación. A pesar de esto, esta valiosa ley aún tiene carencias.

La ley antidiscriminación fue cercenada en lo que corresponde a su texto original, por los sectores conservadores en el Congreso. Y la ley no ha tenido la efectividad que nosotros esperábamos en el momento de sancionar los actos discriminatorios. Un muy bajo porcentaje de las personas que denuncian discriminación en los Tribunales consiguen una condena satisfactoria. Y eso pasa, por un lado, porque la ley tiene falencias que tienen que ser subsanadas, y por el otro, que la persona no ha sido informada adecuadamente de cómo aplicar las acciones judiciales contempladas en esta ley. Hay un compromiso del gobierno en promover estas reformas”, explicó el vocero de Movilh.

Reformas urgentes

Teniendo en cuenta este panorama, ¿qué reformas legales y culturales harían falta para que en Chile mejoren las condiciones de vida para las personas LGBTI? Para Rementería estas son las prioridades:

  1. Mejorar la ley antidiscriminación.
  2. Que se apruebe lo antes posible la ley de identidad de género.
  3. La presentación de un proyecto de ley de matrimonio igualitario.
  4. Que el gobierno cumpla con sus compromisos.

Lo primero es mejorar la ley antidiscriminación, ya que esta ley no contempla ninguna institución pública que se haga cargo de políticas públicas contra la discriminación. Entonces, la ley dice que se deben hacer políticas contra la discriminación, pero no plantea quién lo debe hacer, quién es el responsable, cuáles son los plazos, cuáles son los recursos asignados. Y ante eso, esta expresión se convierte en letra muerta. Nosotros hemos dicho que la ley antidiscriminación es un león sin dientes. Y en ese sentido, lo más importante es que tenga una institucionalidad que permita aplicar la ley de manera transversal en la sociedad, y también preocuparse de manera continua de ir mejorando”, concluyó el vocero de Movilh.


Imagen: Facebook de Movilh.