Bolivia no es el primer país en que se piensa cuando se habla de avances en derechos para la población LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersex) en América Latina. Sin embargo, poco a poco, las luchas en ese país andino han logrado importantes avances en el acceso a derechos básicos, pese a que todavía no se alcanza una igualdad legal plena y que persisten las contradicciones.

La nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (promulgada en 2009), “prohíbe y sanciona” en su artículo 14 “toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género…”, y desde 2010 el país cuenta con una Ley contra el racismo y toda forma de discriminación, que vuelve a hacer esto explícito. Sin embargo, existen problemas con la aplicación efectiva de estas leyes.

Desde mayo del año pasado (2016), Bolivia logró el gran paso de contar con una ley de identidad de género. Sin embargo, todavía no existe el matrimonio igualitario, y la propia Constitución que promete “prohibir” la discriminación, establece en el artículo 63 que el matrimonio es “entre un hombre y una mujer”.

“En nuestro país ha habido una conquista progresiva de los derechos. No voy a decirte que nunca hubo persecución. Hemos pasado por épocas de dictadura, entonces hay una memoria larga sobre este tema. Actualmente no se persigue a defensores de los derechos humanos, porque justamente desde el 2000 hemos tenido una presencia pública visible, para nosotros perder el miedo ha sido la clave”, dijo a Distintas Latitudes David Aruquipa, activista boliviano e integrante del Colectivo TLGB Bolivia.

Para Aruquipa, a pesar del panorama de logro, en este momento el movimiento LGBTI boliviano no está consolidado, y no es un movimiento con una presencia política fuerte, lo cual ha dificultado la creación de consensos para avanzar en temas pendientes, como la protección para las parejas del mismo sexo.

“Las mismas políticas de cooperación internacional, las mismas políticas de Estado, han ido fragmentando estas coaliciones de organizaciones, que pasan a mirar más por un tema de competencia, de querer captar recursos, fondos, y creo que no es en el único país de América Latina en el que ha sucedido esto”, dijo Aruquipa.

Uniones del mismo sexo

Ahora, se acerca un momento en el que esas tensiones y divisiones tendrán que resolverse. En Bolivia ya han existido dos proyectos de ley para tratar de garantizar el acceso a derechos para parejas del mismo sexo, a pesar de la prohibición constitucional del matrimonio igualitario. El último de estos proyectos de ley se llamó “Acuerdo de vida en familia”, y sobre esa base las distintas organizaciones ahora discuten un tercer intento por lograr una ley que se apruebe.

“Ahora esto está en la agenda de la Defensoría del Pueblo, quien ha asumido la responsabilidad de lograr esta articulación entre las organizaciones LGBTI, como mediadora, si quieres, para llegar a un proyecto consensuado, y hacer las gestiones correspondientes. Se han presentado dos propuestas a la Asamblea Plurinacional, que en realidad han pasado ya de temporalidad para su revisión, y este sería el tercer intento de presentarlo. Aún no se ha presentado oficialmente esta última propuesta”, dijo Aruquipa.

De momento, no existe ninguna medida legal que proteja a las parejas. El activista explicó que muchas parejas, incluyendo su caso personal, han optado por usar artificios legales, para poder garantizar sus derechos, como los propietarios, en el caso de compras de bienes. Por ejemplo, han tenido que inscribirse como sociedades anónimas.

“El artículo 63 de la Constitución plantea que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Ese ha sido el candado que no ha permitido que esta reivindicación prospere. Sin embargo, logramos abrir el candado con el Código de Familias, que actualmente reconoce la diversidad de familias en el país (por eso familias, en plural). Este proyecto de ley que se va a realizar estaría en el marco del Código de Procedimientos de Familias, de alguna manera confrontando a la Constitución Política del Estado”, dijo Aruquipa.

Protección contra la discriminación

Además de la prohibición constitucional, en Bolivia ya hay una ley antidiscriminación que sanciona la discriminación por orientación sexual e identidad de género. A pesar de ello, Aruquipa señala que ha sido difícil operativizarla, y no se ha logrado un acceso adecuado a la justicia para las personas LGBTI.

“La ley define claramente qué es homofobia, qué es transfobia, y sanciona a cualquier persona que incurriere en el delito de discriminación o racismo. Pero ha sido muy complejo el operativizar esta ley, no se ha llegado aún a sentencias. Solo se ha llegado a disculpas públicas, en el mejor de los casos”, dijo.

Además de este “avance a medias”, hace poco se derogaron algunas medidas legales discriminatorias, como la contemplación de la homosexualidad como causal de divorcio, y la prohibición de donar sangre para personas homosexuales.

Asimismo, Aruquipa cree que una coyuntura favorable en muchos países de América Latina ha permitido que las autoridades en Bolivia tengan más apertura para discutir estos temas.

“Ha sido un tema progresivo. Yo creo que se debió mucho a la coyuntura de América Latina, en Argentina, Brasil, Chile, donde se ha venido discutiendo mucho y esa influencia ha generado que el proyecto de ley de identidad de género haya podido progresar. Todavía se siente que hay formas de discriminación en el Estado, al no querer dialogar en el tema de matrimonio o el tema de Acuerdo de Vida en Familia. Existen grupos conservadores internos que impiden a los grupos progresistas de la misma Asamblea incorporar estas reformas”, dijo el activista.

Reformas urgentes

Entonces, puntualmente, ¿qué reformas legales y culturales harían falta para que en Bolivia mejoren las condiciones de vida para las parejas del mismo sexo? Aruquipa puntualiza las siguientes:

  1. Reconocimiento de las familias y las parejas del mismo sexo.
  2. La tipificación de los crímenes de odio.
  3. Una política educativa de sexualidad integral, que además contemple el acoso escolar por orientación sexual e identidad de género.
  4. El reconocimiento de identidades y orientaciones sexuales diversas en los pueblos indígenas de las 37 culturas reconocidas en Bolivia, como país plurinacional.
  5. Derecho de cupo laboral para personas LGBTI.

“Si bien en nuestro país los crímenes de odio no han sido tan alarmantes, desde enero hasta la fecha ya se han dado 6, e históricamente tenemos alrededor de 60 crímenes de odio.  Actualmente no existe esa figura, entonces quedan como crímenes comunes. Eso no ha permitido que se contabilice siquiera los asesinatos y crímenes hasta la fecha”, explicó Aruquipa, con respecto a esta reforma necesaria.

“Por otro lado, el tema de la sexualidad atraviesa por las 37 culturas que son reconocidas en nuestro país, como país plurinacional. En la actualidad no se cuenta con datos de población con diversa orientación sexual en los pueblos indígenas, entonces, hay desconocimiento de que los pueblos indígenas en nuestro país también tienen una sexualidad diversa”, agregó con respecto a la falta de reconocimiento identitario de las sexualidades diversas en pueblos indígenas.

Al igual que en muchos países de América Latina, en Bolivia el cambio y la apertura de espacios para más derechos para las personas LGBTI ha sido paulatina, pero se ha incrementado exponencialmente en los últimos años, luego de décadas de lucha y discriminación por parte de grupos activistas que se han dedicado en cuerpo y alma a la causa.


Fotografía: Facebook del Colectivo TLGB Bolivia.