A partir de los años ochenta, después de la transición a la democracia, en algunos países de América Latina aparecieron organizaciones cuyas bases sociales tenían características únicas. Estaban compuestas por indígenas, mujeres, “pobres urbanos”, campesinos y otros grupos tradicionalmente excluidos de la vida social, económica y, por supuesto, política de sus respectivos países; la literatura académica los ha llamado “the new political actors”.[1] Su desarrollo ha sido distinto en cada parte la región. En algunos casos, su presencia ha transformado el sistema político, mientras que en otros, su impacto ha sido mínimo. ¿Cuáles han sido los alcances y límites de los nuevos actores en la vida política de los países latinoamericanos?

Aquí analizaremos el impacto de las nuevas organizaciones indígenas en Bolivia y Guatemala. Ambos países comparten características sociales que los hacen similares, y que potencializan, aparentemente, el papel de los nuevos actores: los indígenas, por su enorme peso demográfico en las dos naciones.

Las consecuencias de su participación han sido distintas en cada caso. En Bolivia, el líder campesino Evo Morales triunfó en las elecciones presidenciales de 2005, gracias, en buena medida, al apoyo electoral de las organizaciones indígenas.[2] A cambio, el primer presidente aymara en la historia del país cumplió con algunas de sus principales demandas, por medio de la formulación e implementación de políticas públicas, así como con las modificaciones a los principios y derechos plasmados en la Constitución de 2007, que reconocen el carácter multiétnico del país[3]. En Guatemala, el peso de los nuevos actores se restringe al ámbito local, sin repercusiones reales sobre los tomadores de decisiones o los partidos políticos. Incluso, en momentos de alta movilización social, como fueron las manifestaciones masivas contra la explotación minera en 2005, sus efectos sobre el sistema político han sido mínimos. ¿Qué factores explican estas diferencias en los resultados?

dos países de indígenas

Bolivia y Guatemala son países distintos; la distancia física que los separa es inmensa, los territorios nacionales y sus economías también son muy diferentes. Sin embargo, ambos comparten características sociales importantes: en primer lugar, son dos de los países de América Latina con mayor proporción de población indígena. En ambos países, la cifra se encuentra entre el 50 y 60% de la población total, la cual, cabe destacar, no sobrepasa los 15 millones de habitantes en ningún caso. En segundo lugar, son dos de los países con mayores niveles de pobreza y marginación de la región. En Bolivia, entre el 60 y 65% de la población vive por debajo de la línea de pobreza, y en algunas zonas, la cifra es del 80%; en Guatemala la cifra es similar: 56%. En ambos países, menos del 10% de la población concentra el 85% de la riqueza. Los grupos privilegiados son racialmente blancos o con un grado bajo de mestizaje, mientras que la mayoría de la población,  los indígenas, viven en la pobreza.

Sin embargo, la experiencia histórica de cada país ha sido muy distinta. Bolivia se ha caracterizado, desde la transición, por un acercamiento entre el Estado y los grupos sociales excluidos, y por la lucha de estos, por medio de organizaciones y movimientos sociales, para democratizar el país; en Guatemala, la guerra civil que empezó en los años sesenta marcó la dinámica social, política y económica del país, y las relaciones entre las organizaciones y los partidos políticos.

La experiencia boliviana

En 1985, Bolivia terminó su proceso de transición a la democracia. La situación económica del país era desastrosa, y para hacerle frente, el gobierno de Paz Estenssoro tuvo que ganarse el apoyo de los organismos financieros internacionales, pero sobre todo, de Estados Unidos. Para conseguirlo, implementó reformas ortodoxas y profundizó la guerra antidrogas iniciada por Bánzer. En política, el nuevo presidente desmanteló la política corporativa implementada por los gobiernos de la Revolución del 52 y concertó una alianza con los dos partidos mayores, que sería el eje de la vida institucional hasta 2005: el “Pacto por la democracia”, que garantizaba el apoyo político y legislativo necesario para gobernar sin la influencia de los grandes sindicatos.[4]

Estos cambios fueron fundamentales para el surgimiento de las nuevas organizaciones indígenas. En primer lugar, la guerra antidrogas  destruyó la única fuente de ingresos de muchos campesinos, llevó a un estado de conflicto permanente con el gobierno y provocó una actitud defensiva entre los cocaleros.[5] Por otra parte, la alianza de los partidos con el gobierno y la desaparición del corporativismo destruyeron los mecanismos vigentes de intermediación política entre el Estado y los grupos sociales. Esto, según  Barr, provocó un problema de representación, resuelto, parcialmente, con la aparición de las nuevas organizaciones indígenas.[6]

En este contexto surgieron las primeras asociaciones con claras reivindicaciones étnicas. El movimiento Katarista, los grupos formados por indígenas de las tierras bajas y el movimiento cocalero, fueron las primeras asociaciones que pueden considerarse como nuevos actores políticos.

En la década de 1990, las organizaciones indígenas crecieron mucho más. Además, factores institucionales impulsaron su crecimiento y participación política. La ley de participación popular, que buscaba descentralizar el gobierno y la ley de asociaciones civiles y pueblos indígenas de 1994, cuyo objetivo era ampliar la participación electoral, permitieron a las organizaciones civiles y los comités de vecinos locales participar en el gobierno y elecciones locales y fue un enorme incentivo para la politización de los grupos indígenas. Algunas organizaciones entraron en contacto entre sí, y otras, incluso, se acercaron a los partidos políticos de izquierda, creando las bases para una futura alianza. Sus demandas empezaron a plantearse claramente, ya no sólo eran reivindicaciones económicas, ahora incluían el reconocimiento de derechos políticos y culturales; además, sus objetivos se ampliaron, ahora incluían la posibilidad institucional de acceder al poder e implementar desde el gobierno sus anheladas reformas. El impacto de este cambio institucional fue significativo. Por ejemplo, antes de la caída de Carlos Mesa, en 2005, más de 600 organizaciones sociales buscaban participar en elecciones municipales.[7]

Sin embargo, las reformas no cambiaron totalmente la dinámica del sistema político. La falta de representación seguía siendo un problema, y ante la ausencia de partidos políticos confiables, las demandas sociales se convirtieron en protestas. En 2000, el descontento acumulado estalló en manifestaciones masivas, catapultadas por la privatización del agua en Cochabamba. A partir de entonces, Bolivia vivió cinco años de inestabilidad política e intensa movilización social.

Los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada (2000-2003) y Carlos Mesa (2003-2005), no pudieron sostenerse en el poder frente a las intensas movilizaciones.[8] Como los partidos políticos tradicionales estaban desprestigiados, el movimiento social dirigido por Evo Morales logró convertirse en una opción política real. Su programa incluía la creación de una nueva constitución, la nacionalización de los hidrocarburos y las minas, la suspensión de la campaña contra el cultivo de coca y el reconocimiento de las autonomías indígenas.[9] Por supuesto, las organizaciones indígenas y otros grupos descontentos o marginados, se sintieron identificados con estas reivindicaciones y apoyaron a Morales. El resultado fue su victoria, con el 54% de los votos,[10] y el inicio de una nueva etapa en la historia social y política del país.

 

La experiencia en Guatemala

En Guatemala fue distinto. Después del golpe de estado de 1954, que dio fin al gobierno revolucionario de Jacobo Arbenz, y especialmente desde el fin de la década de los sesenta, el país vivió una guerra civil que costó, oficialmente, más de 200 mil muertos, hasta la firma de los Acuerdos de Paz en 1996.

El sistema político ha cambiado poco desde 1954. El Estado es, como dice Marx, un instrumento al servicio de la clase dominante, formada por la vieja élite cafetalera, los nuevos agricultores de algodón, los pequeños industriales y militares enriquecidos durante los gobiernos militares. Los partidos políticos representan los intereses de las clases dominantes, por lo que la distancia entre el Estado y la mayoría de la población ha sido abismal. La oposición política fue brutalmente reprimida hasta 1996, lo que llevó a la creación del movimiento guerrillero, cuyo clímax ocurrió durante los primeros años de la década de los ochenta. [11]

Los indígenas, quienes constituyen la mayor parte de la población, eran vistos como mano de obra; por ejemplo, los grupos indígenas de las montañas fueron obligados a trabajar como campesinos temporales en las plantaciones durante los años setenta y ochenta. Con el recrudecimiento de la guerra civil en esta última década, las fuerzas armadas asesinaron  miles de mayas y otros grupos étnicos, considerados la base de apoyo del movimiento guerrillero. Villas enteras desaparecieron del mapa. Incluso después del regreso formal a la democracia, en 1985, la violencia sistemática contra la población civil continuó.

La represión feroz del gobierno, además de la discriminación y explotación que sufrían durante sus temporadas como campesinos forzados, fomentaron la formación de grupos indígenas a principios de los años ochenta; estos grupos son conocidos como Organizaciones Populares Indígenas(OPI).[12] Estaban formadas por las víctimas de la guerra civil, tenían un carácter defensivo y sus demandas eran, básicamente, el respeto a los derechos humanos y el fin de la violencia.

A finales de la década se formaron otras asociaciones, conocidas como Organizaciones Mayas (OM), y sus reivindicaciones eran sociales, pero, sobre todo, culturales. Según Arnson, aparecieron como reacción a la inclusión de ladinos[13] en las OPI, y son las únicas organizaciones indígenas que pueden considerarse como nuevos actores políticos.[14] Las diferencias entre los dos conjuntos de organizaciones se volvieron irreconciliables con el tiempo, y definieron la relación de distanciamiento que ha caracterizado sus relaciones.

Pero la guerra civil también afectó la relación con los partidos de izquierda, especialmente después de la firma de los tratados de paz de 1996. La población indígena estaba profundamente resentida con los ex guerrilleros, por considerarlos culpables de la represión que vivieron. Incorporados a la vida institucional, como la Unión Nacional Revolucionaria de Guatemala (UNRG), hubo un claro distanciamiento con las organizaciones indígenas. El fantasma de la violencia seguía vivo.

Aunque el fin de la guerra abrió canales de participación política con los Acuerdos de Paz, en la práctica persiste distanciamiento y desconfianza enorme entre el Estado y las organizaciones. El primero sigue sin tomar en cuenta las opiniones de las asociaciones, y éstas consideran que el sistema político solo sirve para beneficiar a los ricos y a los funcionarios del gobierno.[15] Además, la política de exclusión y represión disimulada del gobierno guatemalteco sigue vigente, y mantiene estos grupos con un perfil político bajo.[16]

Las asociaciones indígenas se han caracterizado como agentes de cambio social en sus comunidades. Sin embargo, cada una lo hace en forma independiente, con impacto únicamente a nivel local. Este aislamiento, producto de las profundas diferencias entre las organizaciones indígenas, ha impedido acciones coordinadas, encaminadas a presionar al gobierno o a cambiar el sistema político.

conclusiones

Las consecuencias de la actuación de los nuevos actores políticos ha sido distinta, y las razones principales son históricas. En 2005, Evo Morales supo aprovechar el desencanto acumulado por las acciones de los gobiernos de Sánchez de Lozada y Carlos Mesa para formar una alianza multiclasista alrededor del Movimiento al Socialismo (MAS). Los nuevos actores en política tenían entonces más de una década y media de desarrollo y politización; sus metas eran claras. El MAS representó una opción política real y viable para ellos, una alternativa al sistema político dominado por la oligarquía de la media luna (Santa Cruz, Tarija, Peni y Bando) y los políticos tradicionales, y donde los partidos ya  no representaban sus intereses. Renovando su alianza con los grupos de izquierda tradicionales (sindicatos), y aprovechando las ventajas institucionales ofrecidas por el sistema político después de 1994, transformaron en capital político (apoyo electoral) su ventaja natural: su enorme número.

En cambio, la huella de la guerra civil impidió la coordinación y la participación activa de las organizaciones indígenas en la vida política. Además, la izquierda también estaba muy debilitada y los vínculos entre ésta y las bases de los nuevos actores estaban gravemente dañados por la represión sistemática que implicó el apoyo de las comunidades indígenas a la guerrilla, por lo que una alianza con miras electorales entre ambos conjuntos de organizaciones era muy difícil. Finalmente, la izquierda en Guatemala tampoco representa una alternativa viable para estos grupos, y las mejores pruebas de esto son los bajos porcentajes de la votación total recibidos por los partidos de izquierda, especialmente, la Unión Nacional Revolucionaria de Guatemala.

 

 


[1] Según Foweraker, Landman y Harvey,  los nuevos actores  políticos son  movimientos o asociaciones civiles formados en la lucha contra sistemas autoritarios y en condiciones de exclusión social. En América Latina aparecieron como una alternativa para la comunicación entre la sociedad y el Estado, en respuesta al deterioro en las funciones de intermediación de las organizaciones de masas, jerárquicas, y vinculadas al Estado por medio de un sistema corporativo. Según los autores, aunque forman un conjunto heterogéneo y difícil de clasificar, comparten algunas características fundamentales: además de las habituales demandas económicas o materiales, el énfasis en reivindicaciones culturales y  por el reconocimiento de su identidad (étnica, en el caso de los indígenas); la incorporación de principios democráticos en su discurso, como el reconocimiento de derechos políticos y sociales; y una estructura interna más inclusiva y menos jerárquica, Joe Foweraker, Todd Landman, Neil Harvey, Governing Latin America, Cambridge, Polity Press, 2003, pp. 147-165.

[2] Luis A. Gómez, “Evo Morales Turns The Tide of History” en Teo Ballvé y Vijay Prashad (eds.), Dispatches from Latin America, Cambridge, South end Press, 2006, pp. 140-147.

[3] Art. 2: “Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originarios, campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley”. Nueva Constitución Política del Estado, Asamblea Constituyente de Bolivia, La Paz, 2007.

 

[4] Waltraud Morales, “Bolivia”, en Harry E. Vanden, Gary Prevost (coord.), Politics of Latin America: The Power Game, Cambridge, Oxford University Press, 2008, pp. 572-575.

[5] Ibid, pp. 575-580.

[6] Robert Barr, Bolivia: Another Uncompleted Revolution, Latin American Politics and Society, vol. 47, no. 3, 2007.

[7] Ibid, pp. 576

[8] Hugo José Suárez, Bolivia: país rebelde (200-2006), Zamora, El Colegio de Michoacán, 2007, pp. 103-150.

[9] Teo Ballve, “Bolivia de pie”, en en Teo Ballvé y Vijay Prashadm, op.cit, pp.151-160.

[10] Waltraud Morales, op.cit., pp. 580.

[11] Leslie Bethell, “América Central desde 1930”, en Leslie Bethell, Historia de América Latina, vol.14,  Barcelona, Crítica, 1990. pp. 48-53.

 

[12] Claudia Rohr, ¿Clase o etnia? Indígenas y construcción de ciudadanía en Guatemala (1982-1998), México, FLACSO, 1998, pp. 145-154.

[13] Los ladinos son todos aquellos que no son indígenas, es decir, los mestizos. Históricamente, ambos grupos raciales han tenido disputas importantes, económicas principalmente.

[14] Rogert Plant, “Indigenous Identity Rights in the Guatemalan Peace Process, en Cynthia J. Arson, Comparative Peace Processes in Latin America, Stanford, Woodrow Wilson Center Press, 1999, pp. 324-327.

[15] Simona Yagenova, Paola Ortiz Loaiza, Daniel Núñez, Silvia Moctezuma, Partidos Políticos y organizaciones sociales: relaciones y percepciones mutuas, Guatemala, FLACSO, 2006.

[16] John-Andrew McNeish, Beyond The Permitted Indian? Bolivia and Guatemala in an Era of Neoliberal Developmentalism, Latin American and Caribbean Ethnic studies, vol. 3, no. 1, 2008, pp. 41-45.