El estado Bolívar en Venezuela, reconocido por ser la cuna de las mujeres de fuego y del ansiado Dorado, enferma a su gente con una particular fiebre: la malaria. Una patología que ha hecho de las minas de oro su nicho y que evidencia el retroceso de la salud en este país. Venezuela fue país pionero en erradicar la malaria en 1961, pero volteó la moneda y, en 2015, registró el peor manejo de esa enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Cada día, 654 personas contraen el mal. 

Los mosquitos ahora ponen el fuego en sangre y hacen que el país deba enfrentarse, además del colapso económico y social, a la mayor epidemia en la región de las Américas en 75 años. Con este texto continuamos con el especial “Lxs calientes en América Latina”. 

Texto, tablas e infografías: María García, integrante de la Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas

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Ancianos y chamos, hombres y mujeres, un par de niños indios que lloraban a todo pulmón, pero sobretodo enfermeras tomando muestras sangre, doctores dando instrucciones, mandando a la gente a su casa. Todo era revuelo y movimiento. Menos ella, que luchaba por mantener los ojos abiertos y seguía esperando atención.

Crisberly González recordaba claramente el olor a gerdex -el químico con el que desinfectaban el hospital- también el sudor y la lucha por controlar su cuerpo, que febril, tenía sacudones, como si cada célula necesitara rebelarse contra el parásito que sentía.

Ahora, comenzaba a exudar gotitas de sudor en la frente. Incómoda, se removía en una silla durante la entrevista, asqueada de su vulnerabilidad: palúdica otra vez.

“¿Qué otro detalle necesitas saber? No me acuerdo de todo por la fiebre. ¿No es esto suficiente?” pregunta irascible.

Un año y tres meses han pasado desde que regresó de las minas del estado Bolívar de Venezuela. De los dos meses en que estuvo cocinando para los trabajadores mineros, lo que más recuerda es esa estampa hospitalaria en el centro José Gregorio Hernández de Tumeremo, en el municipio Sifontes. Compañeros mineros tuvieron que hacer una colecta para conseguirle las medicinas que necesitaba en el mercado negro de la zona. Las compraron a un grupo paramilitar. No había en el hospital.

“Yo no me voy a morir por 200 mil bolívares. Tengo amigos en las minas que tienen esa enfermedad cada semana. Prefiero seguir enseñando muchachitos aquí en Maracaibo (ciudad del occidente de Venezuela) y rebuscando con otros trabajitos, que vivir enferma en ese infierno” –dice la licenciada en Educación mención preescolar.

La situación económica venezolana -con una inflación estimada del 720% según el Fondo Monetario Internacional- ha empujado a muchos profesionales de las urbes occidentales a buscar trabajo en el sector minero al sur del país, dado que el gramo de oro se cotiza en dólares y los pagos en bolívares que reciben superan con creces lo que obtienen en sus trabajos formales.

González llegó a ganar más de 3 veces su sueldo mensual cuando estuvo en las minas. Pero la severa epidemia de malaria que afronta la región no se toma a la ligera, su largo período recuperación tras la enfermedad y la dificultad para obtener medicinas fue razón suficiente para volver a su nicho. Su hermano, Jesús González, optó por quedarse y seguir trabajando en la extracción.

En los yacimientos, labora sumergiéndose en unas lagunas de barro caliente: aptas para la reproducción del mosquito y los parásitos que causan la malaria. La temperatura de las aguas y su cercanía a los seres humanos, garantizan la disponibilidad de sangre para las nuevas crías. Además, las condiciones infrasanitarias y la falta de fumigación y de mosquiteros, hacen de los campos mineros lugares perfectos para la transmisión de la enfermedad. Jesús ya pareciera ser amigo íntimo del anopheles: acaba de enfermarle por octava vez.

“Yo le digo que regrese, pero tú sabes como es. Por la plata baila el mono”, reconoce Crisberly.

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Visto bajo el microscopio no se ve tan amenazante. Redondo y poroso, tintado de morado, más bien parece un caramelo. Como si flotara mientras le traspasa el haz de luz.

Los parásitos causantes de la malaria pululan en 23 muestras de un laboratorio de investigación epidemiológica, ubicado centro del país –cuyo nombre ha sido reservado a petición de la fuente-, allí hay las especies plasmodium falciparum y plasmodium vivax, han sido confirmados para pacientes de centros de salud de los estados Bolívar, Anzoátegui y Sucre.

Carmen Rosa, la laboratorista, con la mirada ceñida al microscopio señala que estas son las formas más comunes en la actualidad en el país. “Igual que en la época de Gabaldón”, dice, cabeceando al retrato de la esquina.

El hombre de la foto, trazado en blanco y negro, es Armando Gabaldón, el antiguo Director de Malariología, cuyos esfuerzos convirtieron a Venezuela en el primer país del mundo en erradicar la malaria, en 1961, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En ese entonces, inició una polémica campaña de dos fases; la primera de preparación epidemiológica para el personal de salud; y la segunda, de aplicación del insecticida DDT -dicloro difenil tricloroetano- a viviendas y a mosquiteros en los lugares de contagio. En 10 años la tasa de mortalidad pasó de 9 por cada 100.000 habitantes, a 1 por cada 100.000, erradicando -para los parámetros de la época- una patología que casi diezmaba a la población del 70% del territorio nacional.

Ahora, la imagen es otra. En mayo, el Ministerio para el Poder Popular de Salud (MPPS), publicó un informe confirmando 240.613 casos de malaria en el país durante el 2016. Se reportaron convalecientes en al menos 17 de los 24 estados del territorio nacional. La cantidad de casos incrementó 76,4% con respecto al 2015.

Estimaciones de la OMS, del 2015, revelan que en Venezuela se registró un caso por cada 1.000 habitantes en áreas de alto riesgo de transmisión de la enfermedad, donde habitan entre el 6% y 10% de la población nacional: en pocas palabras, se vive la epidemia más grande en la región de las Américas en 75 años.

Para la semana epidemiológica número 52 del año 2016, es decir la última de la que se tienen referencias oficiales disponibles al público, el 71,5% de los casos registrados en el país tenían la especie más letal del parásito, el plasmodium falciparum.

“El paludismo no ha hecho más que incrementar desde el 2013. Ese año se tuvo severas fallas en la reserva de tratamientos, allí comencé a notar más casos… Y la cuestión no es sólo esa, sino que cada vez más gente la contrae y nosotros tenemos menos material para cuantificar, evaluar y tratar. El gobierno nacional hace un gran esfuerzo, pero pareciera estar escapando de nuestras manos” acota la laboratorista.

Una solicitud fue enviada al MPPS y a la Dirección Nacional de Epidemiología para una entrevista. Ninguna fue respondida.

La disponibilidad de información actualizada sobre la situación en el país es algo reciente. El MPPS no había publicado cifras desde hacía dos años. Antonieta Camporale, actuando como titular de la cartera, fue quien publicó la información sobre los casos de malaria, difteria y mortalidad materno-infantil. Fue removida del cargo por el Presidente Nicolás Maduro cuatro días después de hacerlo. Carmen Rosa, entonces, pidió anonimato para ella y su lugar de trabajo.

Este tipo de situaciones ha hecho que surjan organismos como la Red Defendamos la Epidemiología Nacional, que buscan generar información, capacitar personal, asesorar y evaluar las estrategias aplicadas por el Gobierno Nacional. El vocero es el ex ministro de salud, José Oletta, quien, junto a especialistas de la Sociedad Venezolana de Salud Pública, ha elaborado múltiples estudios sobre el panorama epidemiológico del país.

Sobre la epidemia actual de paludismo, asegura que las cifras del 2017 superarán ampliamente las del año pasado. Su argumento radica en que el Sistema de Vigilancia Nacional no incluye en sus cálculos los casos por recaídas, recidivas y recrudescencia. En comparativa, ajustando los datos oficiales actuales para incluirlos -además de los subregistros, como estipula la OMS- la cantidad de casos de Malaria en Venezuela para el 2016 aumentaría entre 437.097 y 625.964.

Según documentos epidemiológicos revisados para este reportaje, en comparativa, sólo en la novena semana epidemiológica del 2017 (del 26 de febrero al 4 de marzo de 2017), el número de casos nuevos, autóctonos, notificados fue de 61.737 casos, revelando un aumento de 66,18%, al equiparar con el lapso equivalente del 2016.

Ajena a las labores de sanidad, la enfermedad sigue extendiéndose.

Venezuela pasó los 365 días del 2016 en estado de epidemia nacional por la malaria. En 89 municipios del país hubo transmisión activa.

“El caso de la malaria en Venezuela es emblemático, porque al igual que el de difteria, revelan la quiebra del sistema de salud nacional” indica Oletta.

La difteria, después de haber sido erradicada pasó de cero casos en 2015, a 324 en el 2016, según documentos oficiales.

“Una cosa es segura –dice Carmen Rosa- Si Gabaldón estuviera vivo, se vuelve a morir al ver esto”.

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Crisberly González asegura que ella fue la primera en reconocer que era malaria cuando su prima, Jimena Romero comenzó con la tembladera. Sus síntomas fueron como un “un flashback” para la educadora.

“Eran los mismos síntomas, la misma debilidad y le insistí que fuéramos al médico, porque ellos son los que tienen la primaquina y aquí no sabía cómo buscarla por el mercado negro”.

La primaquina es el medicamento más empleado para el tratamiento del paludismo.

Romero, habitante del sector La Villa del Rosario del estado Zulia, fue diagnosticada y tratada con éxito en el sistema de salud pública. Tenía la forma plasmodium vivax, el parásito menos agresivo de la malaria, y requirió 15 días de tratamiento con primaquina.

El suyo es uno de los casos autóctonos del Zulia, una zona que pasó en el 2015 a ser foco activo de la enfermedad.

El país tiene, un entorno operativo complejo, de acuerdo a la opinión de los expertos. El estado Bolívar es el que aporta la mayor cantidad de casos de la nación: 177.619 registrados durante el 2016, según cifras oficiales; es decir alberga el 73,8% de la casuística nacional.

De esos, la mayoría se reportan en el municipio Sifontes, conocido como el corazón de la malaria venezolana, el poblado más cercano a los yacimientos auríferos. El lugar donde trabajó Crisberly y donde aún sigue Jesús, su hermano.

Las minas son tierra de nadie: en su mayoría están bajo control paramilitar, llenas de trabajadores que retornan a sus estados nativos con el parásito en sangre; con poblaciones indígenas ubicadas en partes de difícil acceso en la selva; con la existencia de refugiados nómadas; y con severos déficits de personal de salud quienes, trabajan casi sin suministros en la zona. Sólo uno de estos factores dificultaría la implementación de estrategias adecuadas, la combinación de ellos hace que sea sumamente difícil la contención de la enfermedad.

En particular, la movilidad interna es un severo factor. El país cuenta con poblaciones de mosquitos anofelinos -capaces de transmitir el parásito- por todo el territorio nacional. De forma que cualquier portador de malaria que sale de Bolívar a otra ciudad puede generar un foco epidemiológico nuevo. De acuerdo a la Red, en 2016, al menos 28.207 casos de malaria adquirida en Bolívar fueron identificados en el resto de Venezuela. Sólo el estado Amazonas exportó 649 casos a 23 de las entidades federales, es decir, todas a excepción del estado insular de Nueva Esparta, lo que indica la fuerza de la dispersión de la malaria.

Para Leopoldo Villegas, experto internacional del tema, a esto debe aunarse la falta de continuidad de las políticas del sector salud desde el 2009. Venezuela ha tenido más de 16 ministros de salud en lo últimos 8 años.

“La situación en Bolívar ha potenciado el incremento de la enfermedad en otras partes del país, la movilidad, sin insumos básicos, sin controles locales específicos, hace que el nivel de epidemia actual no pueda ser manejado por el Estado venezolano. La cuestión es que, a pesar de tener los profesionales capacitados, el país no cuenta con la capacidad logística y no tiene fondos para hacerle frente a la enfermedad, por lo que, si Venezuela no reconoce que tiene una crisis humanitaria, organismos como la ONU y la OMS, legalmente, no pueden intervenir para subsanar el problema”.

La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, declaró la crisis humanitaria el 27 de Enero del 2016 en una sesión especial. El documento emitido basa la declaratoria en: “la grave escasez de medicamentos, insumos médicos y deterioro de la infraestructura humanitaria”.

El Ejecutivo negó la situación y en el momento anunció que tomaría acciones legales contra el Parlamento. Sin la solicitud presidencial los organismos internacionales no pueden involucrarse.

El término crisis humanitaria, se refiere a una situación en la que existe una excepcional y generalizada amenaza a la vida humana y donde las necesidades masivas de ayuda superan la capacidad de las instituciones de afrontarlas.

En este caso, los números son elocuentes. Según datos de la Red Defendamos la Epidemiología Nacional, el déficit de medicamentos antimaláricos en el país ronda entre el 75 y 85%. Sin embargo, en esta área hay muchas interrogantes.

Integrantes de la Red, en su informe, indican: “en este momento, nos encontramos en una situación crítica, atribuida en parte, a un significativo retraso en la disponibilidad y asignación de recursos financieros para la adquisición de los pedidos necesarios, que no se han hecho efectivos para atender los casos estimados de 2017  y garantizar la demanda de tratamientos”.

En el documento denuncian que para marzo del 2017 estaba agotada la primaquina a nivel nacional y la cantidad de cloroquina era limitada. Éstos son los antimaláricos por excelencia. Ésta información no pudo ser confirmada o negada por el MPPS.

De acuerdo a Leopoldo Villalobos, la causa principal del déficit es “una estimación completa y absolutamente deficiente” del Gobierno Nacional. Al no incluir las recidivas o recrudescencias no cuantifican entre 50 a 75 casos, por cada nuevo registrado. Todas éstas personas también requerirán medicamentos.

“Puede esperarse un número muy grande de recaídas, recidivas, complicaciones y casos mortales. El número de casos nuevos, mensuales, de malaria por P. vivax que requieren estos medicamentos y no lo están recibiendo se estima entre 16.324 y 32.668” estiman.

La Organización Panamericana de la Salud, brazo en la región de la OMS, donó a Venezuela una serie de antimaláricos el año pasado. El grupo denuncia que ambos medicamentos debían haber llegado a país en noviembre de 2016. Sin embargo, de acuerdo a los datos de la Red, no se tiene en existencias. Nadie los ha refutado.

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Fuente: OPS/OMS, http://www.paho.org, 2016.

Proyecciones estiman que el total para la adquisición de los medicamentos necesarios para afrontar la crisis del 2017 -tomando en cuenta las presentaciones farmacéuticas, las unidades requeridas, la estimación de pérdidas (5%), y el costo estimado en US$, según el International Drug Price Indicator Guide, (2014)- sería de US$ 3.989.940, sin incluir envío.

“Si algo tenía el país era que el Gobierno controlaba la existencia y dotación de los medicamentos para la malaria. Ahora existe un mercado negro en el que los pacientes pueden compran la medicina con gramos de oro, porque existe una demanda y nosotros no sabemos de dónde vienen esos productos” indica Villalobos.

El galeno asegura que las políticas asumidas por el Gobierno Nacional no han sido las mejores. Su última decisión de centralizar el control de las actividades contra la malaria, alejándolas de los centros mineros, y otorgando el control de los antimaláricos a miembros de la Misión Piar y la Guardia Nacional Bolivariana, “obliga a los ciudadanos a salir de las zonas mineras en busca de tratamiento, con el riesgo de colapsar los ya abrumados centros de salud de las capitales y expandir los focos”.

La Misión Piar fue fundada en el 2003, para vincular a los mineros al Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, pero terminó por atender las necesidades de carácter social de los trabajadores de la zona.

Carmen Rosa suspira. En su laboratorio se comprobó que Crisberly sufrió del p. falciparum, al igual que su hermano, y también se reconoció el p. vivax de Jimena. Allí terminan casi todas las muestras del país.

La laboratorista sacó su nombre del personaje protagónico de la novela Casas Muertas, escrita por Miguel Otero Silva: ambas mujeres comparten historia, provenientes de una región endémica del paludismo, partieron a la ciudad buscando una vida mejor.

Mírame pues, aquí después de vieja, con hijos y años de estudio, viviendo en una de las ciudades más peligrosas del mundo, haciendo cola por comida y aquí termino otra vez, sobreviviendo país: teniéndole grima a un mosquito”.

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