Por Luis Cáceres, desde Perú

Todo ocurrió en la casa presidencial del mandatario peruano Pedro Pablo Kuczynski. El economista de 78 años, que desde julio de 2016 ocupa el ejecutivo de la República del Perú, firmó la Declaración de Chapultepec frente a miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), precisamente el miércoles 3 de mayo, el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Mientras tanto, el mayor partido opositor del país (Fuerza Popular), encabezado por Keiko Fujimori, impulsa un proyecto de ley que pretende coartar a quienes dirigen medios de comunicación.

Kuczynski resaltó así que en Perú comienza un nuevo capítulo en el trabajo de salvaguardar la libertad de prensa, al rubricar la declaración después de 23 años de espera. Este documento se firmó por vez primera en México en 1994 en el marco de la Conferencia Hemisférica sobre la Libertad de Expresión en la que participaron intelectuales, directores de medios y juristas. La importancia de esta declaración se fundamenta en uno de sus principales principios: “no debe existir ninguna ley o acto de poder que coarte la libertad de expresión o de prensa”.

El mandatario peruano sostuvo que la acción respondía al valor que le tiene a la prensa y a que observa “con preocupación que todavía en el Perú haya ideas e iniciativas que van en contra de eso. Parece que es un bicho difícil de matar y tenemos que realmente terminar con esto”.

Por su parte, Matthew Sanders, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), dijo segundos antes de que Kuczynski signara la declaración: “Este compromiso lo interpretamos como un apoyo a la democracia y al bien común. Es un signo muy claro y ejemplo importante para los demás países de nuestro hemisferio que la luz de la libertad seguirá brillando en el Perú”. Y recordó que el organismo que representa estuvo en el país con muchas delegaciones internacionales por la preocupación debido al pisoteo de aquellos principios:

“En 1999 y en el 2000 venimos a recriminar al presidente Alberto Fujimori nuestras preocupaciones respecto a los ataques a la libertad de prensa que ya veníamos denunciando desde abril de 1997 (…)”.

Cabe recordar que el 5 de abril pasado se cumplieron 25 años del autogolpe de Alberto Fujimori. Después de varias semanas de convulsiones para el Perú, el cuarto mes del año comenzó resaltando una fecha clave en la historia contemporánea del país a la par que “Fuerza Popular” (Fujimorismo), el movimiento político liderado por su hija —con amplia mayoría hoy en el Congreso de la República (72 de 130 escaños)—, había presentado el 7 de marzo el proyecto de “Ley que protege las libertades y derechos informativos de la población”. Una propuesta que impide ejercer el periodismo en sus distintas actividades, rangos y funciones a personas que han sido condenadas o que son investigadas por el Ministerio Público por delitos de corrupción. Así, hasta que los casos sean archivados, los personajes en cuestión no podrán ser directores periodísticos, editores, productores, ni podrán figurar como presidente o miembro del directorio, accionistas, gerente general o apoderado de un medio de comunicación.

De acuerdo con el diario El Comercio las impulsoras de este proyecto fueron: Úrsula Letona (delegada por Lima) y Alejandra Aramayo (delegada por Arequipa), parlamentarias fujimoristas.

“Nos hubiera gustado [que el debate] se dé en el Congreso, donde debe darse la discusión, y no a través de editoriales. Si algún medio tiene algo que decir [sobre el nuevo proyecto], que nos remita sus opiniones y las ponderaremos”, declaró Letona el 31 de marzo tras los “ligeros cambios” que se dieron porque el original había sido desaprobado por la ciudadanía y clasificado como “Ley Mordaza”.

Pero, ¿cuáles son esas diferencias?

PRIMERA PROPUESTA SEGUNDA PROPUESTA
Numeral 2,1 del art. 2.- “No podrán ser directores periodísticos, editores, productores, miembros del directorio, accionistas, gerentes generales, apoderados u otro cargo análogo en un medio de comunicación personas que mediante sentencia firme hayan sido condenadas por delitos de corrupción en perjuicio del Estado”

 

Numeral 2,3 del art. 2.- “La prohibición se extiende a personas investigadas por el Ministerio Público por la comisión de delitos de corrupción en agravio del Estado Peruano”.

Numeral 2,1 del art. 2.- “No podrán ser directores periodísticos, editores, productores u otro cargo análogo cuya responsabilidad incida en la línea editorial de un medio de comunicación las personas que mediante sentencia firme hayan sido condenadas por delitos de corrupción en perjuicio del Estado”.

 

Numeral 2,2 del art. 2: “No podrán ser presidente o miembro del directorio, accionistas, gerente general o apoderado de un medio de comunicación las personas que mediante sentencia firme hayan sido condenadas por delitos de corrupción en perjuicio del Estado”.

“La estrategia de confundir fue más allá, ahora dicen que Fuerza Popular quiere una ley mordaza para la prensa. Falso. Es un proyecto de ley que pretende erradicar a los corruptos de la prensa. No significa una ley mordaza porque la libertad de prensa no está en peligro”, dijo Keiko Fujimori en un video publicado en su cuenta oficial en Facebook.

Sin embargo, después del fuerte mensaje de Matt Sanders, presidente de la SIP, sobre que este proyecto era “el mejor sueño que pudiera tener un gobierno opresor”, al contar con un instrumento legal que autorice a un gobierno a señalar, acusar y procesar a un periodista con la intención de silenciarlo, y de que el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Roberto Rock, dijera a El Comercio que (la congresista Úrsula Letona) “no podía proponer una ley que no ha sido sometida a una prueba de consistencia con los convenios internacionales. Este proyecto es indefendible y atenta contra derechos humanos básicos y reluce contradicciones dentro del movimiento político, porque Kenji Fujimori está en desacuerdo”, numerosos constitucionalistas en Perú alertaron que la esencia de la iniciativa (ya retirada) del debate en la Comisión de Constitución representaba inseguridades también para la esfera pública y que el remedio podía llegar a ser peor que la enfermedad.

Uno de estos constitucionalistas es el ex senador, Enrique Bernales, quien en declaraciones para El Montonero detalló que “no se puede prescindir de la presunción de inocencia. La inocencia no se prueba, se presume. Lo que se prueba es la culpabilidad (…) siendo tan fácil en el Perú presentar denuncias que terminan en la prescripción o en la declaración de que no hay nada que investigar, es un clarísimo atentado contra la libertad y la dignidad de las personas”.

Y se opuso a cualquier forma de veeduría del Estado sobre los medios de comunicación. “Es peligroso. Eso se llama censura. Es un control, totalmente, antidemocrático que prohíbe las leyes nacionales, el derecho internacional y la historia. De tal manera, lo mejor que podrían hacer los autores de ese proyecto es darse cuenta que se han equivocado y que es de demócratas admitir el error. Retiren ese proyecto que no le hace ningún favor a nadie”.