La sorpresiva noticia de que el (cuestionado) gobierno nicaragüense otorgó asilo al (cuestionado) expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, turbó el escenario político centroamericano ayer (martes 6 de setiembre, 2016) en la mañana. Para tratar de entender por qué un expresidente salvadoreño se refugia en Nicaragua, conversamos con Nelson Rauda, de El Faro de El Salvador y con Wilfredo Miranda, de Confidencial Nicaragua.

¿Qué está pasando en Centroamérica?

Primero: el expresidente Mauricio Funes (2009-2014) está procesado por enriquecimiento ilícito en El Salvador. De hecho, el próximo 12 de septiembre tendría que enfrentar la audiencia preparatoria para este caso en su contra a la cual, previsiblemente, no llegará.

Dos semanas exactas antes, el 23 de agosto, los medios de comunicación nicaragüenses notaron la presencia del expresidente salvadoreño en su país (por una publicación en su cuenta de Twitter), y él negó que solicitaría asilo.

Segundo: la información de la que se dispone actualmente señala que Funes hizo la solicitud el 1 de setiembre, y para el día 2 las autoridades locales ya la habían aceptado. Es decir, se trató de un proceso sumamente expedito. El exmandatario asegura que solicitó el asilo por sentir que su vida y la de su familia corren peligro por “luchar en pro de la democracia, paz y derechos humanos y su filiación política en la República de El Salvador”.

Tercero: Funes asegura que no se escapará de los procesos que se llevan en su contra, y que el asilo no se debe a eso. Sin embargo, el hecho de que los acontecimientos se hayan dado de esta manera levanta muchas preguntas y sospechas.

¿Perseguido político o político perseguido?

Según dijo Nelson Rauda, periodista del diario digital salvadoreño El Faro, a Distintas Latitudes, la Constitución de Nicaragua determina que una persona a la que se le otorgó asilo no puede ser extraditado al país del cual salió.

Art. 42 Constitución de Nicaragua: [Derecho de refugio y asilo] En Nicaragua se reconoce y garantiza el derecho de refugio y de asilo. El refugio y el asilo amparan únicamente a los perseguidos por luchar en pro de la democracia, la paz, la justicia y los derechos humanos. La ley determinará la condición de asilado o refugiado político, de acuerdo con los convenios internacionales ratificados por Nicaragua. En caso se resolviera la expulsión de un asilado, nunca podrá enviársele al país donde fuese perseguido.

“El proceso de enriquecimiento ilícito es civil, no penal. Pero la Fiscalía lo investiga penalmente por enriquecimiento ilícito, peculado, tráfico de influencias, negociaciones ilícitas y malversación de fondos. Además, hay una investigación fiscal abierta por la tregua con las pandillas que su gobierno aprobó. Tres investigaciones abiertas… y Nicaragua lo asila. Lo que significa es que se abre un debate jurídico: ¿qué pasa si la Fiscalía emite orden de captura contra Funes?”, dijo Rauda.

Para el periodista, las explicaciones del expresidente sobre su solicitud de asilo son algo dudosas. Primero, dice que teme por la seguridad de su familia, pero su exesposa vive en El Salvador y es funcionaria de gobierno. Uno de los hijos de Funes también vive allá, entonces ¿por qué no pide asilo para su exesposa y su otro hijo?

“Yo decía a manera de chiste que no es lo mismo un perseguido político que un político perseguido… El gobierno, el Órgano Ejecutivo, en El Salvador es del partido de Funes, el FMLN (Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional). No lo han desamparado, el secretario general de ese partido, dijo hace unos días que estaban del lado de Funes, y que piden que se respete su presunción de inocencia. Se dice perseguido por la extrema derecha, pero la derecha no tiene ni mayoría en la Asamblea Legislativa. Y el Órgano Judicial tiene muchos señalamientos de corrupción pero no se puede decir que esté inclinado a derecha o izquierda. Ambos lados del espectro político tienen influencias en los jueces y magistrados”, dijo Rauda.

Rauda considera que la afirmación del expresidente evoca fantasmas en cuanto a los enfrentamientos entre derecha e izquierda, y carece de sentido al tener en cuenta que como expresidente, tiene custodia del Estado Mayor Presidencial, es decir, goza de un nivel de protección adicional.

¿Por qué lo protege Nicaragua?

A todo esto, un segundo enfoque de las preguntas que surgen es ¿cuál podría ser el interés del gobierno de Nicaragua en dar asilo al expresidente Funes? De primera entrada, el posible nexo más evidente son las relaciones históricas entre el salvadoreño FMLN y el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Nicaragua, desde que eran guerrillas en sus respectivos países.

“Los presidentes del FMLN le han dado su apoyo político a Daniel Ortega (presidente de Nicaragua). Aunque ahora no sabemos cuál es la postura de (Salvador) Sánchez Cerén (presidente de El Salvador).  Él apoya a Ortega pero también la justicia de su país abre esta investigación”, dijo a Distintas Latitudes Wilfredo Miranda, periodista de la revista nicaragüense Confidencial.

“Sin embargo, creo que el interés de Ortega no es otro mas de demostrar que en Nicaragua manda él y contrarrestar esos mensajes contra la corrupción que ánimo la Cicig (Comisión Internacional contra la Impunidad ) en Guatemala. En Nicaragua la corrupción no es castigada y en el gobierno de Ortega los periodistas hemos demostrado hasta el hartazgo la corrupción pública. Pero nadie cae. Ortega da este asilo quizá pagando un favor a Funes pero más creo desafiando a esa oleada anti corrupción”, agregó.

Para el periodista nicaragüense de la revista Confidencial, la respuesta es contundente: “Ortega es refugio de corruptos”. En su opinión, esto sería otra muestra más del autoritarismo del mandatario de Nicaragua.

Mientras da asilo a políticos centroamericanos investigados por corrupción (refugia también a Luis Rabbé, cuestionado en Guatemala, aunque el gobierno de Ortega no lo reconoce oficialmente), criminaliza la migración de miles de africanos y haitianos que quieren atravesar el país para llegar a Estados Unidos. Es un doble estándar que evidencia de forma diáfana el talante de un régimen autocrático donde la palabra de Ortega es inapelable”, dijo Miranda.

“Aparte el estado de Nicaragua incumple la Convención Interamericana contra la Corrupción, que obliga en este caso a colaborar con el estado salvadoreño, pues se trata de delitos de corrupción que posiblemente tienen que ver con el erario”, agregó.

Habrá que esperar para ver cómo se desarrollan los hechos para confirmar las sospechas aquí expuestas. Sin embargo, la tendencia histórica de lo que acontece en la región hace recordar historias ya conocidas.