Colombia dio un gran paso en materia de derechos para las personas LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersex), cuando el año pasado, la Corte Constitucional abrió el matrimonio para las parejas del mismo sexo. Sin embargo, contar con esta figura no significa que la situación de derechos para esta población esté solucionada.

Todavía prevalece la violencia contra la población, defensores de derechos humanos de estos grupos, así como amenazas desde grupos conservadores para retroceder en avances ya alcanzados, y evitar que se consigan otros.

Persecución a personas defensoras de derechos LGBTI

En 2015, en Colombia ocurrió el mayor número de homicidios desde 2008 y al menos la mitad de los casos estuvieron relacionados con su labor de defensa de derechos, por lo cual la situación fue especialmente preocupante. Colombia se convirtió en el país con mayor número de defensores asesinados en el mundo.

“Ese aumento de los ataques también afectó a las personas LGBT defensoras de derechos humanos. En 2015 fueron asesinadas 9 personas LGBT defensoras de derechos humanos. Este es el mayor número de casos de registrados a la fecha. Una de las víctimas era un líder sindical, otra era líder de víctimas del conflicto armado y las demás eran líderes de la población LGBT. Según fuentes de prensa u organizaciones de la sociedad civil, 4 de las víctimas habían sido amenazadas previamente y 1 más sufrió un atentado en 2014”, dijo a Distintas Latitudes Matilda González, del Área de Derechos Humanos de Colombia Diversa.

La mayoría de estos crímenes ocurrieron en la región Caribe. La primera de las víctimas fue abandonada en un paraje rural con múltiples golpes en todo el cuerpo. Cuatro fueron asesinadas con arma de fuego: 2 en espacio público, 1 en su lugar de trabajo y 1 en su vivienda. Otras 4 fueron asesinados en su vivienda. Por lo menos 5 de estos homicidios estarían relacionados con su labor de defensa de derechos, según Colombia Diversa.

“Concluimos esto debido a que ocurrieron en municipios con presencia de grupos armados y con una alta afectación a la población civil por cuenta del conflicto armado (como San Marcos en Sucre o El Bagre en Antioquia), y porque algunas de las víctimas trabajaban con otros sectores altamente afectados por grupos armados ilegales, como sindicalistas y asociaciones de víctimas. En contextos como esos, las personas defensoras de derechos humanos se encuentran en especial riesgo por cuenta de su labor”, dijo González.

“Otros 3 casos, aunque no parecen tener una relación con el conflicto armado, fueron perpetrados con una violencia excesiva. Esto puede indicar que estarían relacionados con la orientación sexual o su identidad de género de las víctimas. Sin embargo, no es fácil establecer una división estricta entre los que pudieron estar relacionados con las labores de defensa o con su orientación sexual o identidad de género. De hecho, es probable que algunos hayan estado motivados por ambas razones. Es obligación del Estado aclarar esta situación, con el fin de acceder a la verdad y a la justicia”, agregó.

Uniones del mismo sexo

El 28 de abril de 2016, la Corte Constitucional estableció la validez del matrimonio entre personas del mismo sexo en Colombia, luego de años de incertidumbre. Este fue el punto culminante, luego de una serie de sentencias que, desde 2007, venían reconociendo cada vez más derechos para las parejas del mismo sexo.

“La Corte Constitucional colombiana en sentencia SU-214 de 2016 en relación con la creación de contratos diferentes al matrimonio para parejas del mismo sexo señaló: “Es una contradicción evidente afirmar que las parejas del mismo sexo constituyen familia, pero que para contraer un vínculo marital y solemne, deban hacerlo recurriendo a una figura jurídica no sólo diferente de aquella aplicable para las parejas heteroafectivas, sino con efectos jurídicos reducidos e inciertos (contrato civil innominado). Hombres y mujeres forman parte de la especie humana y la igualdad implica dar un trato igual a los que son iguales”.  En dicha sentencia explicó que la única institución jurídica que garantiza los derechos de las parejas del mismo sexo y que elimina su déficit de protección es el matrimonio, ante la ausencia de una regulación específica por parte del Congreso”, dijo González.

Más allá de esto, actualmente existe un proyecto de ley en el Congreso de Colombia que busca que se haga un referendo para que solamente las parejas heterosexuales puedan adoptar. González explicó que el proyecto ya fue aprobado en dos de los cuatro debates que requiere para ser aprobado (comisión primera y en plenaria del Senado). En abril iniciará sus últimos pasos en la comisión primera y la Plenaria de la Cámara de Representantes.

“Lo que pasa es que, si se aprueba, se convertiría en Ley de la República. Claro que existe un obstáculo para que se apruebe: esa ley debe pasar a control por parte de la Corte Constitucional, y no a la Corte le tocaría echar para atrás lo que aprobó en el pasado. Si pasa ese control constitucional de parte de la Corte, pasaría a votación popular”, dijo González.

Además de esta amenaza, una de las debilidades y retos que ha existido en los avances jurídicos logrados por medio de la Corte Constitucional, es reducir la brecha que existe entre el papel en el derecho y el derecho en la realidad.

Para González, en gran parte, esto se debe a que han faltado alianzas entre el activismo jurídico y el activismo de organizaciones de base. También existen tensiones con el movimiento trans que plantea nuevos retos y críticas a las agendas de violencia y parejas del mismo sexo. No obstante, para González, dichas tensiones también pueden servir como oportunidades para replantear agendas y alianzas.

Identidad de género

En Colombia existe un Decreto desde 1970 que permite cambiar el nombre por una vez a cualquier ciudadano o ciudadana. Varias sentencias de la Corte Constitucional reconocieron en los años noventa que las personas podían cambiar el género de su nombre.

Además, en 2015 se promulgó el Decreto 1227, que establece una serie de procedimientos para que las personas trans puedan cambiar su sexo registral en los documentos de identidad.

Los requisitos para la solicitud son: una solicitud por escrito que contenga: la designación del notario a quien se dirija, nombre y cédula de ciudadanía de la persona solicitante, copia simple del Registro Civil de Nacimiento, copia simple de la cédula de ciudadanía, declaración realizada bajo la gravedad de juramento. En esta declaración, la persona deberá indicar su voluntad de realizar la corrección de la casilla del componente sexo en el Registro del Estado Civil de Nacimiento.

A pesar de ello, no existe en el país una ley o proyecto de ley de identidad de género, según la información de Colombia Diversa.

Penalización de la discriminación

La discriminación por orientación sexual e identidad de género se encuentra contemplada en el Código Penal colombiano. Esto incluye la difusión de falsa información, la negación de derechos y la negación a la prestación de servicios.

Al igual que varios países de América Latina, son muchos los avances que ha tenido Colombia en los últimos años. Sin embargo, todavía son muchos los retos y los pendientes para garantizar la igualdad de derechos para la población LGBTI.


Foto: Facebook Colombia Diversa.