El jueves 11 de marzo, en un evento presidido por el alcalde Héctor Murguía y al que asistieron distintos representantes del empresariado local y la política, se presentó como Secretario de Seguridad Pública de Ciudad Juárez a Julián Leyzaola. La noticia hizo poco ruido en los medios del centro del país y, para el día sábado, la nota ya había sido sepultada bajo el tsunami mediático que ocasionó la noticia del terremoto japonés.

Sin embargo, hubo quienes no pasaron de largo la noticia: los criminales que se disputan el control de Juárez. Apenas unas horas después del anuncio del nombramiento de Leyzaola, integrantes de uno de los cárteles botaron en calles cercanas al centro el cuerpo de un hombre aún vivo, con huellas de tortura. Lo acompañaba del siguiente mensaje:

Bienvenido a Juárez Julian Leysola [sic] este es tu primer regalito y esto le va seguir pasando a toda la bola de peynetones Atte.  El cartel de Sinaloa.

La razón por la cual Leyzaola despierta la animadversión de los cárteles tiene que ver en buena parte con la eficacia de sus métodos. Durante su mandato como Secretario de Seguridad Pública de Tijuana, entre 2008 y finales de 2010, Leyzaola logró una pacificación inaudita de la ciudad, especialmente si se le compara con la situación del resto de las ciudades fronterizas. Tijuana es vista, hoy por hoy, como uno de los sitios donde los esfuerzos por combatir al crimen

organizado han sido más fructíferos. Mientras que en poblaciones como Nuevo Laredo y Ciudad Juárez se siguen presentando episodios de violencia espectacular, Tijuana ha mostrado síntomas de estar revitalizándose: tras la detención de varios importantes y sanguinarios narcos, entre los que destaca Teodoro García Simental, “El Teo”, la ciudad parece haber dejado de ser un campo de batalla. Mientras que hace apenas un par de años era posible escuchar los ocasionales estallidos de las granadas, a principios de 2011 vuelve incluso a haber turistas estadounidenses entre la clientela de los bares de la emblemática avenida Revolución. Estos logros han llevado a que la fama de Leyzaola alcance niveles –al menos en Tijuana– dignos de un cantante de pop: ¿cuándo fue la última vez que un policía de alto nivel inspiró la creación de un club de admiradores en Facebook?

Sin embargo, los logros del nuevo jefe de la policía para Ciudad Juárez se han visto ensuciados por la torva reputación de sus métodos. A principios de marzo de 2010, cuatro policías municipales fueron detenidos acusados de haber extorsionado a delegados extranjeros de la Federación Mundial de Tae Kwon Do, los cuales estaban en Tijuana con motivo de un torneo. Según el testimonio de Luis Hernández Gálvez, en entrevista con una televisora local, los policías fueron detenidos por encapuchados que entraron a sus casas sin órdenes de cateo, para luego ser llevados al bunker de la policía. Ahí, los torturaron hasta que firmaron sus confesiones.

Los agentes sostienen que fue el mismo Julián Leyzaola, junto con Gustavo Huerta, Director de la Policía Municipal, quien los torturó. Pero, además de las afrentas físicas, ellos aseguran que los torturadores amenazaron con vincularlos al crimen organizado en caso de que se negaran a confesar las supuestas extorsiones.

A juzgar por otras noticias y reportajes que han aparecido en los últimos meses, la tortura como arma en la lucha contra los cárteles de la droga es, si no una constante sistemática, al menos sí una que ocurre con frecuencia. Es bien sabido que la situación de los derechos humanos en México se ha deteriorado de 2008 a la fecha, desde que el ejército tomó las calles, puso retenes en las carreteras, y se vio forzado a tratar con civiles, acción para la cual no está capacitado.

Además del caso de los policías de Tijuana (los oficiales mencionados previamente son sólo cuatro de entre varias decenas que han denunciado tortura en Tijuana), está el de Daniel Rodríguez Morales, un civil que sostiene que fue torturado en Nuevo León, junto con varias otras personas, por oficiales de la Marina para que confesaran pertenecer a los Zetas (Sanjuana Martínez, “A fuerza querían que dijera que era zeta”, La Jornada, 21 de enero de 2011).

Estos hechos pasmosos nos ayudan a ver cómo, desde el momento en que a un individuo lo identifican o lo acusan de pertenecer a una banda criminal, las consideraciones a sus derechos humanos dejan de ser prioridad: no es extraño ver en la televisión que los detenidos en los operativos antidrogas aparezcan cojeando y con moretones en los ojos, sin que los medios reparen en ello.

Los casos tanto de Daniel Morales como el de los cuatro policías tijuanenses mencionados previamente (estos últimos fueron liberados por falta de pruebas tras cuatro meses de encarcelamiento) nos muestran una de las funciones retóricas de los narcos: la de servir de chivos expiatorios sociales. Ser identificado como miembro del crimen organizado es un trámite sencillo que no requiere más que una víctima inocente, un arma, un par de paquetes de polvos blancos, oficiales corruptos y, quizá, algunas descargas eléctricas en partes sensibles del cuerpo para facilitar la confesión. Visto así, cualquier persona que resulte incómoda para las autoridades puede ser convertida sin mayores dificultades en narco.

La inseguridad en general ha servido en estos últimos tres años como cortina de humo para el abuso de autoridad y otras actividades paramilitares. Varios activistas han recibido amenazas o han incluso sido asesinados por sus denuncias en contra del ejército y la policía. Entre estos destaca Josefina Reyes, quien fue asesinada a principios de 2010 por un comando armado tras organizar varias protestas contra la presencia militar en la zona del Valle de Juárez. En Baja California, Blanca Mesina Nevárez, abogada defensora de 25 policías torturados y arraigados en Tijuana, tuvo que huir de la ciudad tras ser amenazada de muerte en 2010 por un encapuchado que le ordenó que dejara de estar levantando denuncias ante la Comisión Nacional de Derecho Humanos.

A pesar de que el gobierno federal ha decidido, probablemente a raíz de los pocos éxitos logrados, contener un poco su discurso –la guerra contra el narco fue rebajada desde hace un par de meses a batalla–, la militarización sigue en pie y, con ella, también cobra auge una retórica que aprovecha la violencia para fines autoritarios.

Aunque queda claro que ni el gobierno federal, ni los estatales, ni los municipales justificarán jamás de manera abierta la tortura ni la violación de los derechos humanos, el hecho de que Leyzaola no esté enfrentando un proceso penal y en lugar de eso esté estrenando trabajo tiene que ver con una aceptación tácita y silenciosa a sus métodos: todo indica que, en partes de este país, se declaró un estado de excepción de facto, que se suspendieron las garantías sin siquiera avisarnos al respecto.

Y aunque es cierto que México pasa por un momento de alta violencia, debemos recordar que eso no significa que debamos de aceptar las peores estrategias policiales ni las violaciones a los derechos humanos como parte de su combate. La tortura es una forma de dar rienda suelta a los instintos más brutales de las autoridades, y sólo tiene cabida para los gobiernos que aún siguen plantados en posturas autoritarias y medievales, y para aquellos que están en guerra –o que creen estarlo. Además de esto, constituye una admisión de impotencia y de imprecisión: la tortura se vuelve “necesaria” cuando la policía no es capaz de hacer su trabajo investigativo de forma correcta. En México, a falta de inteligencia y medios para detener a los verdaderos responsables de los crímenes, la tortura ha sido desde hace mucho tiempo una de las formas predilectas de fabricación de culpables.

La estrategia Leyzaola podrá tener, a corto plazo, efectos que algunos consideren positivos, sobre todo por el número de “criminales detenidos” y la reducción de la violencia. Pero si pensamos que muchos de los detenidos son inocentes, que se cometerán injusticias y que se violarán derechos básicos en el proceso; si pensamos que cuando los gobiernos municipales, estatales o federales se hacen de la vista gorda con la tortura y la violación de garantías individuales, lo que están haciendo es fomentar una sicología de guerra entre la población con el fin de que las barbaridades que cometen parezcan razonables a los ojos del mexicano promedio, entonces quizá nos damos cuenta de que esos “resultados positivos” vienen con costos ocultos que hacen que no valgan la pena.

Cabe recordar que México es ya de por sí un país con una cultura democrática endeble y en el que es bien sabido que la impartición de la justicia es ineficaz. La violencia que nos aqueja y que los medios presentan de forma tan espectacular ha dado pie a que se radicalice el fanatismo de las masas: son cada vez más los ciudadanos que se manifiestan a favor de formas extremas de la justicia, incluyendo la pena de muerte y la aplicación extrajudicial de la ley. Entre los defensores de Leyzaola, y tal y como ha ocurrido en tantos países de América Latina en distintos momentos del siglo pasado, la brutalidad institucional es vista como el precio bajo a pagar a cambio del reestablecimiento del “orden social”.

Pero debemos recordar que, más allá de las secuelas que la represión deja en los cuerpos de sus víctimas, las heridas que dejan el discurso de guerra y la impunidad institucional en los valores democráticos de una sociedad son iguales de permanentes, iguales de dolorosas, iguales de brutales. Y que por esa razón, merecen todo nuestro rechazo.