Por Luis Barrientos desde El Salvador

La iglesia católica de El Salvador convocó a sus feligreses a manifestarse en las calles para exigir una ley que prohíba la minería metálica en el país. Al llamado se unieron miembros de grupos ambientalistas, defensores de derechos humanos; la concentración fue respaldada por el rector de la Universidad Centroamericana (UCA) y el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA). Acá la historia. 

País de luces y contrastes. Por increíble que pueda parecer, el 9 de marzo las calles de la capital salvadoreña fueron tomadas por miembros de la iglesia católica, encabezados el arzobispo de San Salvador, para exigir a la Asamblea Legislativa una ley que prohíba la explotación de la minería metálica en el país. Aproximadamente 2,000 personas se juntaron en una plaza céntrica y marcharon con rumbo al parlamento, donde fueron recibidos por una comisión de diputados de distintas fracciones políticas.

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“Sí a la vida, no a la minería”. Esa fue la principal consigna de la marcha que unió a la feligresía católica convocada por el arzobispo de San Salvador. A la manifestación se unieron grupos ambientalistas, defensores de derechos humanos y marcharon hasta la Asamblea Legislativa. (Fotografía Grupo Parlamentario FMLN).

Sin embargo, no todos los partidos políticos que integraban esta comisión, recibieron con entusiasmo la petición de la jerarquía católica. Los partidos de derecha, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el Partido de Conciliación Nacional (PCN) reflejaron desde el primer encuentro con los manifestantes distintos contrastes, desacuerdos y prórrogas para estudiar el anteproyecto de ley y argumentaron que de aprobarse una ley, la economía salvadoreña podría verse afectada. La derecha en El Salvador por años ha considerado que las críticas o visiones de la iglesia católica en el país, está influenciada por razonamientos liberales y ligados al pensamiento izquierdista.

Mientras eso ocurría, entre los asistentes a la marcha se escuchaban consignas como: “El agua es vida, la minería muerte”, “No a la minería metálica, sí a la vida”. El arzobispo capitalino presentó en febrero un anteproyecto a la Asamblea Legislativa para prohibir la minería metálica, con el fin de proteger al país de los irreparables daños al medio ambiente y a la salud de los salvadoreños a causa de la problemática señalada. Monseñor Escobar Alas presentó un documento en el que lograron recopilar más de 33 mil 588 firmas en contra de la minería metálica. “Todos estamos pidiéndole a Dios para que se obre este milagro de proteger nuestro país de esa agresión tan grave como es la minería metálica”, expresó monseñor.

Es importante anotar que durante décadas, en El Salvador la iglesia católica ha hecho duras críticas a los gobiernos en turno y ha señalado con severidad las serias problemáticas que las viven las clases bajas y menos favorecidas. Estos señalamientos empezaron a finales de la década de los años setenta, cuando monseñor Oscar Arnulfo Romero criticó los abusos que cometían los cuerpos represivos de seguridad y la desigualdad económica que vivía la mayor parte de los salvadoreños. También denunció y pido justicia por los asesinatos en contra de religiosos que alzaron su voz para hacer visibles las condiciones precarias de las comunidades pobres. Las críticas que elevó el arzobispo Romero lo llevaron a ser acusado de “agitador comunista” y fue asesinado por un escuadrón paramilitar guiado por el máximo líder de la derecha: Roberto d´Aubuisson.

A la iniciativa de aprobación de ley también se unieron sacerdotes jesuitas de la UCA y el director del Instituto de Derechos Humanos de dicha casa de estudios superiores; y el presidente de Cáritas El Salvador, monseñor Gregorio Rosa Chávez. Años atrás la UCA denunció los daños provocados por la minería metálica, específicamente en los departamentos de Chalatenango y Cabañas. Andreu Oliva de la Esperanza, rector de la UCA, externó que la minería metálica es realmente catastrófica.

Otra de las voces importantes en esta protesta fue la del presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, quien aplaudió la iniciativa de la Comisión Episcopal. “Nosotros esperamos que la Asamblea Legislativa lo apruebe lo más pronto posible (el proyecto de ley en contra de la minería) y va a ser sancionado por mi persona, creemos que esa también es una urgencia para el país”, sentenció Sánchez Cerén, del izquierdista Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). También añadió que ve muy bien el esfuerzo de la Iglesia católica de reunir firmas y movilizarse entorno a un tema tan esencial como es el de la minería.

Partidos políticos de derecha rechazan postura de iglesia católica

¿Cuántas veces se ve en América Latina que la derecha política y la iglesia católica tengan agendas distintas? Muy pocas, una de ellas en El Salvador. La marcha contra la minería metálica provocó reacciones desde los partidos Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y Partido de Conciliación Nacional (PCN), ambos de derecha, donde coinciden en que no toda la minería afecta la vida. El diputado arenero, René Cuadra, dijo que antes de aprobar una ley deben escuchar a las empresas mineras, pues existe el riesgo de que no haya inversión en el país. Similar fue la opinión del diputado del PCN, Antonio Almendáriz, quien expresó que no se puede prohibir la minería en su totalidad.

Sin embargo, los partidos FMLN, Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) y Partido Demócrata Cristiano (PDC) se pronunciaron en contra de la minería metálica y afirmaron que trabajarán para aprobar la ley que prohíba la minería metálica en El Salvador lo más pronto posible. El diputado del FMLN, Rolando Mata, dijo que los partidos de derechas son cínicos en sus posturas y que atentan contra la vida de los salvadoreños. “Han llegado al cinismo de decir que minería metálica es sostenible y responsable. Los daños en la zona norte del país son evidentes”, declaró Mata.

Una victoria contra la minería metálica

En el 2016 triunfó el Estado salvadoreño ante una demanda interpuesta por la minera canadiense Pacific Rim, que reclamaba la cantidad de 300 millones de dólares por negarles permisos para extracción en el año 2009. El arbitraje de esta demanda estuvo en manos del Tribunal del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial (BM), con sede en Washington. Dicho tribunal ordenó a la empresa pagar la cantidad de 8 millones de dólares al Estado salvadoreño, por los costos legales que implicó la demanda. La pugna entre El Salvador y la empresa canadiense surgió a raíz luego que Pacific Rim perdiera una disputa de inversión para explotar una mina en el departamento de Cabañas, al norte del país.

Municipios del norte de El Salvador dicen NO a la minería metálica

En El Salvador las municipalidades tienen la autoridad para convocar a sus habitantes a cabildos abiertos y discutir temas que afecten sus territorios. Luego de varias conversaciones y explicaciones técnicas a los habitantes de municipios de Chalatenango y Cabañas, sobre los riesgos y daños que puede ocasionar la minera de este tipo, se realizaron votaciones para aprobar o desaprobar la explotación minera en los municipios. Los municipios de San José Las Flores, San Isidro Labrador, Arcatao y Nueva Trinidad, de Chalatenango; y Cinquera en Cabañas, son territorios que se pronunciaron en contra de la explotación minera. Estas votaciones obligaron a las compañías a suspender trabajos de excavación. En 2006 nació en Cabañas la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, que logró trascender y poner en agenda nacional los daños de la minería metálica.

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Libres de minería metálica. Municipios de Chalatenango y Cabañas realizaron consultas populares para votar por un “Sí” o un “No”, respecto a la explotación de la minería metálica en sus territorios. El resultado de estas consultas detalló que los pobladores de seis municipios, de los dos departamentos del norte del país, se oponen a la explotación minera metálica y aprueban la prohibición de la misma en dichos municipios. (Fotografía Transparencia Activa).