Somos muchas es un movimiento que aglutina a 15 organizaciones de mujeres y feministas de Honduras que propone la despenalización del aborto por tres causales:

  • Cuando el embarazo es producto de una violación sexual o de un incesto,
  • cuando pone en grave riesgo la salud y la vida de la mujer embarazada,
  • cuando existen malformaciones congénitas incompatibles con la vida.

Esta petición se da en el Congreso Nacional de Honduras, cuando se discute un nuevo Código Penal que se ha catalogado como más respetuoso de los derechos humanos. Sin embargo, hasta ahora el tema del aborto queda intacto.

Honduras, a pesar de ser un estado laico, tiene una fuerte influencia de la iglesia tanto católica como evangélica y de grupos que se denominan Pro Vida por estar en contra del aborto.

El diputado nacionalista Antonio Callejas, vicepresidente del Congreso Nacional, ha dicho que personalmente él no cree que se logre aprobar la despenalización del aborto porque, “Dios da la vida y solo Dios la puede quitar”. Estas declaraciones las dio en la emisora Radio Progreso, aduciendo que él respeta el derecho de petición de las mujeres, y que habrá debate pero que muy difícilmente se logrará aprobar.

Honduras es de los pocos países en Latinoamérica que prohíben la anticoncepción de emergencia por considerarla abortiva. Dos diputadas crearon un decreto en 2009 que prohíbe su promoción, uso, venta, compra y cualquier política o programa relacionado con la misma. “A quien contravenga las disposiciones del presente Decreto, se le aplicarán las penas establecidas para el delito de aborto conforme a lo estipulado en el Código Penal”, reza la ley.

El Código Penal de Honduras establece en su artículo 126 que el aborto es la muerte de un ser humano en cualquier momento del embarazo o durante el parto. Y establece una pena de 3 a 6 años de prisión a la mujer que lo consienta y produzca, con 6 a 8 años de reclusión a la persona que lo provoque con violencia; de 8 a 10 años de reclusión a quien lo provoque con engaño y violencia y de 4 a 6 años a la persona que lo ocasione con violencia pero sin el propósito de causarlo.

Hasta ahora no hay mujeres en prisión por este delito en Honduras. Carmen Haydeé López Flores, del movimiento Somos Muchas asegura que aunque no hay personas presas aun, siempre existe la incertidumbre que puede llegar a suceder por una sencilla potestad individual de un médico que denuncie a una mujer que necesite el aborto.

Según el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), de 50 a 80 mil abortos se realizan cada año en Honduras, la mayoría de mujeres jóvenes entre 15 y 24 años.

El año pasado, más de 2,000 niñas y mujeres denunciaron ser víctimas de violación, incesto o estupro. La mayoría de las denuncias quedó en la impunidad. Muchas de las mujeres que sufrieron estas agresiones sexuales quedaron embarazadas y algunas decidieron interrumpir su embarazo en la clandestinidad, esa clandestinidad que mata generalmente a las más pobres.

Según el actual Código Penal, las 15 mil mujeres que llegan anualmente a los Hospitales Públicos con diagnóstico de aborto son criminales y no víctimas y esto es lo que hay que corregir. “Es por esto que exigimos la despenalización  del aborto por las circunstancias antes planteadas”, dice el movimiento en un comunicado.

López cree que la necesidad de despenalizar el aborto ha sido y es latente siempre. El asunto es aprovechar la coyuntura de discusión sobre el nuevo Código Penal, en la cual cada punto se discute y el delito de Aborto obligatoriamente tiene que ser discutido.

El Comité contra la Tortura (CAT) de Naciones Unidas, que es el órgano de aplicación y el intérprete más autorizado de la Convención contra la Tortura de 1984, ha estipulado que los Estados que tienen una prohibición absoluta del aborto en cualquier circunstancia exponen a mujeres y niñas a la situación de ser humilladas y tratadas con crueldad. En América Latina esos países son siete: República Dominicana, El Salvador, Chile, Nicaragua, Honduras, Haití y Surinam. En conjunto, la región posee el porcentaje más alto de aborto inseguro en el mundo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).