¿El acceso a internet como elemento de justicia? Probablemente no como tal, pero sí tiene que ver con la igualdad como un elemento de la justicia y la democracia, es decir, el acceso igualitario a una infraestructura que permite el libre flujo de información, el acceso a compartir y generar conocimiento, y la posibilidad de enlazar nodos de participación ciudadana a través de herramientas colectivas. Estos elementos sin duda contribuyen a una sociedad más justa.

Mi generación en el continente conoce el internet, pero también la desigualdad. Latinoamérica se ha maquillado de democracia en el siglo XXI. Veamos: de la población total de América Latina, 36.5% vive en pobreza y 13.4% en pobreza extrema (CEPAL 2006). Sabemos,  por ejemplo, como lo ha dicho el Presidente Calderón, que 20 millones de mexicanos viven en condiciones de pobreza extrema. Otro dato: el coeficiente de Gini,  que mide los niveles de desigualdad entre las sociedades, revela que en nuestra región se encuentran contrastes superiores a los de África subsahariana. Aunado a estas cifras, mi generación  ha logrado -como ninguna otra- presenciar el ascenso, en un contexto violento y desigual,  de las fortunas de supercapitalistas como las de Carlos Slim en México o Gustavo Cisneros en Venezuela.

Si bien es cierto que ninguna conexión mitigará lo anterior, también es verdad que una sociedad con información y conectada entre pares tiene más posibilidades de cambiar sus condiciones.

La mayoría de los países de América Latina reconocen el valor de internet como una parte integral de la vida moderna en todos los ámbitos. Por ejemplo, numerosos grupos en Chile han recomendado a la legislatura equiparar el acceso a internet como un derecho, así como garantizar la neutralidad de la red; es una legislación  con lagunas, pero que, además de sentar precedente, va por la dirección correcta.

El alto precio que tiene el acceso a internet no ha dado como resultado un acceso sin trabas y uniforme. Por ejemplo, el gobierno cubano declaró el acceso a internet como un “derecho fundamental” del pueblo cubano, sin embargo, el acceso a la red requiere la autorización del gobierno y la supervisión por el Ministerio cubano de Informática y Comunicaciones en todo momento: un intento del gobierno de Castro por disfrazar lo que no es. Recordemos, en este sentido, la historia de la bloguera cubana Yoani Sánchez y preguntémosle si ha tenido garantía de ese “derecho fundamental”.

Aunque los cálculos varían, de acuerdo a cifras del Banco Mundial la tasa de penetración regional es de aproximadamente 12%. Más de la mitad de los usuarios de internet en América Latina están en Brasil y México. Jamaica, Chile y Argentina tienen las mayores tasas  con 44%, 34% y el 26%, respectivamente. Las tasas de penetración en Argentina, Brasil y México están agrupadas cerca de 17%. En Bolivia sólo una persona de cada 20 está conectada y en Cuba la proporción es de menos de una persona por cada 50.

En 2004 Cuba tenía la menor tasa de penetración en la región, por detrás incluso de  Nicaragua (2.3%) y Paraguay (2.5%). Brasil, México, Argentina y Chile también son los líderes en acceso a internet de alta velocidad, lo que representa el 90% de todos los suscriptores de banda ancha en 2006 y la formación de los cuatro principales mercados de ADSL en la región. A pesar de que la penetración de internet en la región es baja en cuanto a internet de “tierra”,  la suscripción de los datos a través de la telefonía móvil ha ido  creciendo a un ritmo anual del 50%.

Los límites físicos, jurídicos y económicos del acceso a internet pueden constituir la forma más significativa del control gubernamental y lo que puede verse en la región como la brecha digital más grande. Cabe decir que cada vez más, salvo los casos de Cuba y Venezuela, el acceso a internet no sólo crece sino que permea en los estratos socioeconómicos más bajos, gracias al abaratamiento de la telefonía móvil;  no sin decir que se tienen precios caros y mal servicio respecto de los proveedores de Estados Unidos y Europa.

Al mismo tiempo, muchos gobiernos de América Latina se han comprometido a invertir en la ampliación de puntos de acceso público, y en la creación de telecentros comunitarios donde la mayoría de los usuarios de la región puedan acceder a  internet. En países como Honduras, los cibercafés y los centros de acceso público han sustituido a las cabinas de teléfono. Aunque VoIP[1](voz sobre IP) está disponible en toda la región, el panorama de la regulación aún está en evolución, a veces con informes contradictorios sobre la legalidad del servicio. Por ejemplo VoIP es ilegal en Cuba, no sólo ahí sino en países con restricciones más severas como Guyana, Paraguay y Costa Rica.  En Chile y Brasil los mercados funcionan como VoIP si no se regula. En octubre de 2006, incluso después de la desregulación, Telefónica Chile fue multada con casi 1 millón de dólares para la defensa de violaciones en el bloqueo de llamadas sobre VoIP.

Existe un peligro mucho más preocupante que el acceso o las restricciones que tienen que ver con la tecnología: las censuras que desde la ley se aplican al internet debido al profundo desconocimiento del funcionamiento de la red por parte de los legisladores, y el excesivo lobbying de las empresas de entretenimiento para preservar monopolios culturales. Son las mayores amenazas a un escenario donde más personas conozcan el internet libre y neutral.

Cada vez existe un consenso mucho más amplio acerca del acceso a internet como un derecho fundamental. A pesar de este consenso y de las políticas públicas en el mundo encaminadas a darle cumplimiento, parece que en otros terrenos sigue creciendo la brecha digital, ya no por el acceso sino por las limitaciones a éste. Al interior de la ONU se ha impulsado la visión del internet como derecho, así como en países como España y Finlandia, que han declarado el acceso a la banda ancha dentro de su cartera de derechos. Sumado a lo anterior, en las metas de la agenda digital europea se contempla como meta el acceso universal.

Estas propuestas suenan muy bien y la mayoría de los comentócratas-expertos se han focalizado en los beneficios del acceso a la banda ancha, y no los culpo, siempre hay que recordar la importancia de los temas en los que creemos. Sin embargo, existen por lo menos dos aspectos mucho menos alegres: el primero tiene que ver con los desconectados (el lado oscuro de la ley de Metcalfe), el tema de la exclusión; en palabras de Tongia y Wilson “entre más personas dentro de la red disfruten sus beneficios, los costos de exclusión crecen de manera exponencial para los excluidos”. El segundo se puede identificar como el reconocimiento de que no toda la conectividad es creada igual, ni genera las mismas oportunidades; dónde, cómo y qué dispositivos y tecnología uses determinará tu experiencia de acceso.

Así, el concepto de igualdad digital nos resulta más complejo.  El acceso por sí mismo es condición necesaria pero no suficiente para lograr una cancha igualada en las oportunidades digitales. Es incluso paradójico, pues la revolución que ha significado el internet (más información para más personas) supondría la abolición de estas brechas; sin embargo, nuestra red vive apenas su edad media y está sufriendo una suerte de involución cuyo motor es el principio de querer controlar lo incontrolable.

Muchos países de América Latina, incluyendo Argentina y Brasil, han tratado de reforzar los derechos de propiedad intelectual  mediante la elaboración y actualización de leyes y la ratificación de acuerdos internacionales en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). Otros países, como Chile y México, han sido criticados por tener leyes anticuadas o débiles que no cumplen con los requisitos internacionales, umbral establecido por la ONU y la OMPI: regulación desigual de los derechos de propiedad intelectual, junto con un nivel de aplicación caracterizado como insuficiente de acuerdo a los estándares de la industria. Por ejemplo, uno de los objetivos del gobierno de EE.UU. en la firma de un acuerdo de libre comercio con Chile era  mejorar la protección de derechos de autor, también EE.UU. propuso que los titulares de marcas tuviesen más derechos contra el lucro de terceros por obras ajenas como parte de los tratados internacionales.

Como una propuesta de sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se encuentran los Acuerdos de Libre Comercio de las Américas (ALCA) que incluye a todos los países de América Central, América del Sur y el Caribe (excepto Cuba). Aunque los Estados Unidos ha estado presionando para una mayor protección de la propiedad intelectual, las negociaciones de ALCA han estado estancadas desde 2005.

Al mismo tiempo, la unidad para mejorar los regímenes de derechos de propiedad intelectual, a menudo dirigidos por los Estados Unidos, han sido motivo de controversia por muchas razones, por la falta de apoyo público a la naturaleza del sistema de derecho civil en muchos países, por ejemplo, estos instrumentos internacionales han sido considerados como  “individualistas” y “excluyentes”, pues estos marcos han sido criticados como algo ajeno a muchas de las culturas únicas de la región, los derechos indígenas y las tradiciones de los derechos colectivos. Las leyes de propiedad intelectual de Panamá reconocen el folclore y los conocimientos indígenas,  en 2000 se convirtió en el primer país del mundo para concebir un sistema de propiedad intelectual sui generis para la protección de las artesanías indígenas y el conocimiento.

Mención aparte merece México, que fue el único país latinoamericano que ha negociado el Acuerdo Comercial anti-falsificación (ACTA) para legitimar a Estados Unidos en  su pretensión de negociar de manera inconstitucional un tratado de propiedad intelectual fuera de la OMPI. Brasil y Argentina se pronunciaron porque México no les pusiera una barrera de entrada en estos temas. El Gobierno Federal mexicano sigue pensando que es una buena idea firmar un tratado que protege monopolios culturales y pasa por encima de los derechos ciudadanos.

Internet no tiene dueño, y en nuestra región los hemos apropiado de manera muy natural acaso por brindarnos una infraestructura donde todos podemos actuar en el mismo nivel, fenómeno que significa mucho en una región con la historia social y política de América Latina.

Falta camino por recorrer, empezando por cubrir con acceso a más personas, pero también generando incentivos para la innovación tecnológica a través de una reforma integral al régimen de propiedad intelectual, que ponga en el centro nuevos modelos de negocios, que sea flexible y abierta a nuevas tecnologías, que reconozca y promueva licencias alternativas de atribución de creaciones y, sobre todo, que destierre la idea de querer controlar lo que sucede en internet para aprovechar esa energía en explotar su potencial.

Así, nuestra región es un terreno fértil para las infraestructuras que generen autonomía entre los individuos, un buen lugar para experimentar con nuevas tecnologías y para convencer desde la ciudadanía que éste debe ser un espacio libre, que garantice una plataforma para ejercer derechos fundamentales en este reino de la desigualdad. Por una cultura de promoción de la ciudadanía conectada, gran reto para nuestra América Latina en el siglo XXI.



[1]          Voz sobre Protocolo de Internet, también llamado Voz sobre Ip o VoIP (por sus siglas eninglés, Voice over IP), es un grupo de recursos que hacen posible que la señal de voz viaje a través de Internet empleando un protocolo IP (Protocolo de Internet). Esto significa que se envía la señal de voz en forma digital, en paquetes de datos, en lugar de enviarla en forma analógica a través de circuitos utilizables sólo por telefonía convencional como las redes PSTN (sigla de Public Switched Telephone Network, Red Telefónica Pública Conmutada).