Montes de María es un territorio en disputa desde hace décadas en Colombia. Paramilitares, guerrilla y fuerzas estatales se han enfrentado por el control de esta región, dejando a su paso numerosas víctimas, muchas de ellas mujeres. Aquí el subregistro en el número de víctimas por violencia sexual es alto. Muchas mujeres no denuncian porque conviven literalmente con los perpetradores de estos crímenes y porque la cultura institucional aún está lejos de atender estos delitos con perspectiva de género. 

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Violar a mujeres de una familia que hubiera apoyado a la guerrilla o en el caso contrario, a los paramilitares, era una forma de demostrar la fuerza y el control ejercido por el actor armado. Si la mujer había militado en alguno de los dos bandos, la acción era mucho más violenta. Robar fincas y terminar en crímenes de violencia sexual que no se denunciaron por miedo o porque era más importante denunciar lo robado se convirtió en una escena recurrente en estos cálidos parajes. “Aquí la que denuncie se muere” era la sentencia impartida por los perpetradores a sus víctimas. Hablar era una condena a muerte.

Desplazamiento masivo y selectivo, desaparición forzada, fosas comunes, masacres, despojo de tierras y violencia sexual son los crímenes que hacen parte del repertorio de horrores que ha dejado numerosas víctimas en esta región compartida por los departamentos (estados) de Bolívar y Sucre al noroccidente de la geografía colombiana. De esta lista de crímenes sobresale la violencia sexual ejercida por los actores armados, legales e ilegales, sobre mujeres, niños y hombres.

Los Montes de María ha sido una de las regiones de Colombia que más ha sido azotada por el flagelo de la violencia asociada al conflicto armado. Su ubicación geoestratégica la han convertido en un corredor para el tráfico de drogas y armas de la costa atlántica. La existencia de cultivos ilícitos y la minería ilegal han llevado a que esta zona sea un territorio por el cual diferentes actores armados disputan su control desde mediados de la década de los 80

Si bien las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, ahora en proceso de reintegración a la vida civil, después de 5 años de negociaciones de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Ejército Popular de Liberación (EPL) tuvieron presencia en la región desde esos años, no eran los únicos actores armados que se disputaban el control territorial. La presencia del paramilitarismo en la región comenzó a ser notable en la década de los 90 cuando las agrupaciones paramilitares que se habían conformado en los 80 en la región buscaron apoyo en las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), a cargo de los hermanos Carlos y Fidel Castaño Gil. El primero de éstos sería el máximo líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) hasta 2004, año de su muerte.

Este apoyo se concretó en la inclusión del departamento de Sucre en el proyecto paramilitar de las AUC y en la conformación del Bloque Héroes de los Montes de María, comandado por Edward Cobos Téllez, alias Diego Vecino, uno de los pocos paramilitares condenados en el marco del proceso de Justicia y Paz por el cual se desmovilizaron alrededor de 30.000 paramilitares a partir de 2005 y durante el primer mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002- 2006/ 2006- 2010).

Con el proceso de desmovilización de las AUC y el actual proceso de desarme y reinserción de las FARC, actualmente en la región sólo hacen presencia el Clan Úsuga y Los Rastrojos, ambos grupos de bandas criminales, reciclados del paramilitarismo, dedicados al narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

Violencia sexual como un arma de guerra: las particularidades en los Montes de María

A pesar de que la región se encuentra en un “proceso de pacificación” que inició en 2005 con la desmovilización de las AUC, los Montes de María siguen siendo una zona en conflicto. “Hoy con los nuevos grupos armados y con las bandas criminales es una región que sigue estando en disputa pues el conflicto armado no ha parado y la violencia sexual sigue siendo una forma de agredir a las mujeres”, comentó Adriana Benjumea, directora de la Corporación Humanas.

Jael Moya, representante en Colombia del Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL) que opera en esta zona del país, destacó que en zonas y municipios de los Montes de María como San Onofre, María la Baja, Colosó, Chalá y Ovejas, tanto la guerrilla como los paramilitares en su momento, emplearon la violencia sexual como arma de guerra y como una forma de posicionar su poderío ante los otros actores.

En relación con los crímenes de violencia sexual en el marco del conflicto armado, los relatos de crueldad ligados al auge de la época paramilitar en esta región, no han desaparecido del todo. La situación no ha variado y todavía persisten los vacíos institucionales para que la mayoría de las mujeres que han sido víctimas de estos delitos puedan acceder a la justicia.

“Hoy las víctimas de violencia sexual siguen enfrentando temores y violencias de distinto tipo. Se podría decir que la región es sobrediagnosticada, pero cada vez que vamos a los Montes de María, al Carmen, a San Onofre, a María la Baja, uno puede descubrir nuevos casos de violencia sexual de mujeres que nunca han podido acceder a la justicia y de mujeres que tampoco han podido narrar sus relatos porque todavía el conflicto permanece”, señaló Adriana Benjumea.

En su momento, los casos de violencia sexual ejercida por los paramilitares que más resonaron en la región fueron los de Libertad (ver “la barbarie de Cadena en San Onofre“). Con la desmovilización de las AUC se hace la transferencia del modus operandi a bandas criminales de la región que robaban en fincas el alimento, el mercado y los animales y de paso violentaban a las mujeres allí presentes. Sin embargo, los hechos de violencia sexual quedaban minimizados, “lo menos importante era el acto de violencia sexual cometido por el actor armado”, señaló Julia Cogollo, encargada del componente de género y derechos de las mujeres del MPDL que opera en esta zona del país.

Cogollo, quien lleva ya varios años trabajando con mujeres víctimas de violencia sexual en la región de los Montes de María, señaló que en el caso del paramilitarismo, los hechos terribles del conflicto como las masacres y los desplazamientos forzados terminaban opacando los casos de violencia sexual.

En el caso de las FARC, estos hechos de violencia sexual se presentaron en tres escenarios: con la toma de menores de edad para que prestaran ciertos servicios, “se llevaban a las menores de edad los viernes y las devolvían los domingos, les hacían esclavitud doméstica y sexual”. Cuando los guerrilleros se enamoraban de mujeres que no les hacían caso y por eso las violaban. Y cuando mujeres de la región iniciaban procesos organizativos porque a sus esposos los desplazaban o los mataban y comienzan a ser tildadas por la guerrilla como colaboradoras de la Fuerza Pública. “Las violan en un lugar de Ovejas donde las FARC tenían un campamento”.

En el caso de las bandas criminales, su escenario se encontraba en fincas en donde ha habido resistencia a sembrar monocultivos de palma aceitera. Estas fincas se ubican entre los corredores de San Cayetano y San Onofre, y de Zambrano y El Plato (Magdalena). El modus operandi es similar, las bandas criminales entran a las fincas a robar cosas insignificantes, pero siempre terminan con actos de violencia sexual, aclaró Julia Cogollo.

Obstáculos para acceder a la justicia

Los obstáculos para que estas mujeres víctimas de violencia sexual accedan a la justicia son variados. La mayoría de las víctimas viven en zonas veredales, alejadas de las cabeceras municipales, hecho que implica un alto costo de desplazamiento. “El tema de la gratuidad del acceso a la justicia es una farsa para ellas”, afirmó Benjumea.

Impera a su vez el desconocimiento de la ruta de acceso a la justicia, no sólo por parte de las propias víctimas, sino también de los administradores locales de justicia. Dentro de este desconocimiento, muchas mujeres tampoco reconocen que la violencia sexual a la que fueron sometidas es un delito. Cuando por fin acceden a las instancias de justicia, muchas mujeres que han sufrido estos abusos prefieren declarar otros hechos victimizantes como el desplazamiento forzado, la desaparición de un hijo o el asesinato del esposo.

“La experiencia con Justicia y Paz demuestra que las mujeres cuando hacen parte de un proceso judicial hacen parte porque a sus esposos, a sus padres, a sus hijos, les ocurrió algo, no porque a ellas les haya ocurrido algo y cuando se leen los casos, en la descripción de los hechos en el marco de un conjunto de hechos como la muerte del esposo y posterior desplazamiento se reconoce la violencia sexual de la cual fue víctima, pero ellas no sienten que ante la gravedad del hecho eso merezca ser denunciado”. Las barreras para acceder a la justicia se encuentran en las propias víctimas, en los funcionarios y en el mismo contexto, expresó una consultora que ha trabajado el tema y que prefirió la reserva de su nombre.

En otros casos, acceder a la justicia es difícil porque las mujeres víctimas que fueron violentadas en el marco del conflicto armado siguen conviviendo con los actores que perpetraron esos hechos. Las mujeres todavía tienen miedo de hablar y aquellas que han denunciado los crímenes lo hacen en un escenario complejo que tampoco les permite tener mayor información sobre sus procesos.  En varios casos las denuncias se quedan estancadas porque en el mismo proceso de recolección de las pruebas hay fallas.

Los operadores de justicia y las barreras culturales

En el caso de los operadores de justicia también se presentan obstáculos considerables. Uno de estos es de carácter estructural, en donde se evidencia un desborde en la capacidad institucional de la Fiscalía para hacer frente a la magnitud de estos hechos. “. La Fiscalía por ejemplo tiene la estructura piramidal al revés, la cúpula es más ancha que la base, el número de investigadores judiciales que debería estar disponible para hacer la investigación judicial de los procesos en curso es considerablemente menor que del que debería existir. La Fiscalía no cuenta con recursos humanos para llevar a cabo esos procesos”, señaló la consultora y especialista en el tema de justicia.

Otro de los obstáculos institucionales señalados por la Defensora delegada para los derechos de las mujeres y asuntos de género de la Defensoría del Pueblo, Susana Rodríguez, está asociado con la falta de sensibilidad de los servidores públicos para atender estos casos. “Los servidores públicos han perdido la sensibilidad para esto y para poder entender qué le pasa a una mujer en esta situación”.

También existen obstáculos de naturaleza cultural, que se presentan en los funcionarios y funcionarias de la Fiscalía que reciben estos casos. Desde estas instancias, la violencia cometida contra las mujeres se legitima, se normaliza y más aún se justifica. “La violencia sexual es una violencia que avergüenza, que estigmatiza y se tiende a justificar esa violencia porque estaban solas de noche, porque se lo buscaron”, comentó la Defensora delegada.

El riesgo que aún persiste en estas instancias es ser revictimizada nuevamente por funcionarios y funcionarias que creen que las mujeres están mintiendo al denunciar hechos de este tipo. Aún predomina la idea de que la culpa de este tipo de crímenes debe recaer en la víctima y no en el victimario. “Siempre se sospecha de una víctima de violencia sexual”, puntualizó Adriana Benjumea de Humanas.

¿Últimos avances?

En cuanto a la legislación colombiana, las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual reconocen que ha habido algunos avances. Por ejemplo, desde 2011 existe un protocolo de investigación de violencia sexual en el país y en 2014 se comenzaron a implementar mecanismos para facilitar el acceso a la justicia a las víctimas de violencia sexual dentro y fuera del conflicto armado. No obstante, en términos de impacto de esta normatividad no hay mucho que mostrar, varios de los delitos que ocurrieron en los Montes de María son anteriores, por lo tanto, hay dificultades al momento de aplicarla, comentó la directora de Humanas.

En relación con la verdad, los avances tampoco han sido significativos. Las mujeres víctimas de violencia sexual son víctimas invisibles en los relatos de guerra. Hoy hay más verdad que hace diez años, pero en estos temas de violencia sexual imperan los silencios por parte de los perpetradores que prefieren confesar otros crímenes como las masacres, los secuestros y la desaparición forzada. “Se relata cómo se masacra, cómo se parte a la gente en pedazos, pero no se reconoce que se violó y que esa violación en muchos momento tuvo lugar en la guerra y fue utilizada para callar a las mujeres para expropiarles la tierra o para castigarlas”, afirmó Benjumea.

En el actual marco del proceso de paz entre las FARC y el gobierno Santos una preocupación que surge entre las organizaciones que acompañan a las víctimas de violencia sexual es la incertidumbre sobre cómo la jurisdicción especial para la paz va a tratar el tema de los crímenes cometidos por el paramilitarismo. Ahí el vacío es grande. Además, como lo comentó Adriana Benjumea, se ha avanzado en investigar delitos de violencia sexual de las FARC, pero no ha sucedido lo mismo con los casos de la fuerza pública.

“Con el proceso de paz, probablemente se querrá parar con el tema de las denuncias nuevas precisamente para demostrar que Montes es un referente de posconflicto en el país”, puntualizó Cogollo.