Es pronto para saber qué tanto se avanzará en Argentina en materia de Gobierno Abierto. Sin embargo, quienes han tratado de posicionar este tema, sienten que tras años de estancamiento finalmente el país está caminando un poco hacia el establecimiento de compromisos en este tema.

El pasado jueves 29 de setiembre, fue sancionada la ley de acceso a la información pública (número 27.275). Es la primera vez que el país logra tener una ley sobre este tema, luego de años de que cualquier ley similar quedara olvidada en los pasillos legislativos.

“No es la mejor ley del mundo, y tiene algunos problemas como no tener un organismo independiente que haga cumplir los pedidos, pero por lo menos ahora tenemos una”, dijo a Distintas Latitudes Andrés Snitcofsky, hacktivista y visualizador de datos de Cargografías.

Para Snitcofsky, en Argentina sufren del “síndrome de la vara baja” para temas como este, es decir, tras años de estancamiento, cualquier avance, por pequeño que sea, para “la gran cosa”. En su opinión, la administración anterior (Cristina Fernández de Kirchner) tuvo una política muy pobre en el área de transparencia, datos abiertos y gobierno abierto en general, por lo que esta nueva administración hizo avances en legislación y sobre todo en iniciativa política de avanzar hacia un gobierno abierto.

En esta visión coincide Agustina De Luca, Directora de Transparencia de la organización Directorio Legislativo, que trabaja en materia de gobierno y datos abiertos en Argentina.

“Entre 2003 y 2005, con la reciente asunción del presidente Kirchner, se tuvieron algunos gestos y avances en la materia, como el Decreto 1172/03, el 222/03 y ciertas prácticas que dieron confianza al nuevo gobierno. Sin embargo, con el tiempo esas se fueron desgastando, e incluso quedaron obsoletas. Y no se avanzó hacia mejoras normativas y políticas públicas en materia de gobierno abierto: se frenó dos veces una ley de acceso a la información en el Congreso, se retrocedió en el régimen de presentación y publicación de declaraciones juradas, se dejaron de publicar ciertos tipos de información, como auditorías internas o estadísticas de gestión, y con el ingreso de Argentina a la OGP (Alianza por el Gobierno Abierto, por sus siglas en inglés), no se contó con la voluntad política necesaria para llevar estas políticas hacia diversos estamentos de Poder Ejecutivo y construir un verdadero gobierno abierto”, dijo De Luca a Distintas Latitudes.

Este camino provocó, en la visión de De Luca, una situación en la que “peor no podíamos estar”. Ella cree que el nuevo gobierno, de Mauricio Macri, debía dar señales de avanzar en este sentido, y demostrar que no tenía nada para ocultar.

“Entonces, no tanto por convicción propia, sino incluso como estrategia de comunicación les servía. Y porque, verdaderamente, había mucha opacidad en los recursos que maneja el Estado y cómo se ejecutan los mismos”, agregó.

En donde Snitcofsky y De Luca difieren es sobre el compromiso que tiene esta administración con la real implementación de los acuerdos en gobierno y datos abiertos.

“Creo que el compromiso político es total, lo nombraron en su campaña política y lo refuerzan en cada discurso por lo que retroceder en esta área les (debería) dar un costo político muy caro. También, conociendo muchos de los que están liderando los equipos técnicos, sé que se está tomando con seriedad”, opinó Snitcofsky.

“Quienes llevan adelante este tipo de iniciativas, son muy comprometidos. Los funcionarios del Ministerio de Modernización (particularmente la Subsecretaría de Innovación y Gobierno abierto), y las diversas áreas de los ministerios que deben llevar adelante, como la Subsecretaría de Reforma Política del Ministerio del Interior, son empleados y funcionarios que tienen conocimiento del tema, que buscan concientizar y que otras áreas implementen políticas en este sentido, y que buscan un verdadero gobierno abierto a través de diversas iniciativas. Sin embargo, hay muchos otros que aún poseen una visión anticuada del Estado y las políticas públicas, y no consideran que el ciudadano deba estar en el centro de la gestión y tenga tanta injerencia en el proceso de elaboración de políticas públicas. Tal es así que las tradicionales áreas de legales y contaduría niegan información de forma sistemática, o no acceden a publicar ciertos tipos de datos que se encuentran obligados por las normativas”, dijo, por su parte De Luca.

“Incluso, en términos comunicacionales se dice una cosa, pero luego aparecen empresas offshore en Bahamas o Panamá; funcionarios que habían confirmado asistencia a la Cumbre de OGP en Nueva York este septiembre, no acudieron. Entonces, eso hace pensar que existe un compromiso fuerte por parte de quienes llevan operativamente estas políticas adelante, pero no así de los altos mandos. Pero, al mismo, tiempo, el Poder Ejecutivo envía una ley de acceso a la información al Congreso y es avalada por unanimidad. Por lo tanto, creo que existen altos y bajos en todo el proceso, y que es parte de un cambio cultural”, agregó.

No obstante, es muy pronto para saber qué tan real será la implementación de los avances con los que se van contando. De Luca dice que parece haber un cambio de paradigma, y el marco normativo ayuda a que el cambio cultural suceda.

“Pero sólo han pasado 6 meses, y no se podría saber hasta que los pedidos de información tomen su curso, a que estè todo el decreto 117 implementado, y demás. Sin embargo, el gobierno abierto no sólo implica avances y cambios normativos, sino un cambio cultural, nuevas prácticas de gestión y de considerar al ciudadano en el centro del diseño de las políticas públicas. En este sentido, si bien la normativa ayuda, se requiere de capacitación, concientización y, sobre todo, voluntad política para reinventar la forma en que el Estado funciona. Y ello sólo se logra con tiempo y con funcionarios comprometidos”, dijo.

Ahora, uno de los principales retos es lograr transformar estas políticas en algo de Estado y no de Gobierno de turno.

“Otro gran reto es que estas políticas de participación y apertura se expandan a otras áreas de gobierno. Mientras la administración de Macri hace grandes avances en el área de datos abiertos, el proceso de llevar adelante el voto electrónico, que además va en contra de los principios de transparencia y accountability, se hizo con mínima participación de las comunidades correspondientes. Es el gran elefante en la habitación del gobierno abierto argentino”, dijo Snitcofsky.