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Una mujer camina por el largo de un pasillo en un hospital psiquiátrico en Uruguay. Foto de Alessandro Maradei

Se llaman “Colonias de Alienados” ¿Alienados para quién? “Locos y dementes”, se los encierra dentro de cuatro paredes altas y grises. Desde 1912, las Colonias de Asistencia Psiquiátrica Bernardo Etchepare y Santín Carlos Rossi, pertenecientes al Estado uruguayo, le han dado techo, comida y psicofármacos a miles de internos. Muchos no conocen más que las cuatro paredes. El modelo asilar para la salud mental tiene las horas contadas.

A Carlos Grecco la vida se le hizo larga y pesada. 50 años de encierro y monotonía. Su familia lo dejó en la Colonia Etchepare a los 18 años, y no lo pudieron volver a buscar. Nunca recibió visitas. Quienes lo conocieron cuentan que “era un hombre tranquilo y respetuoso, con una rutina diaria como cualquiera”. A los 72 años murió por los daños que le causó una jauría de perros. La única compañía de los usuarios se lo llevaron con la violencia propia de quien no hace más que pasar hambre.

Grecco no es la primera ni última muerte que se cobra el modelo asilar. El 9 de mayo de 2014, la Colonia Etchepare amaneció con otro interno muerto. El movimiento social La Salud Para Todos, integrado por usuarios de salud mental, denunció a la justicia “omisión de asistencia”. El fallecido habría sido golpeado por otros usuarios, y además, permaneció entre seis y 24 horas en la cama antes de ser encontrado.

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) se defendió negando lo denunciado por el movimiento social, y afirmó que el cuerpo no presentaba signos de violencia, según consignó el periódico uruguayo La Diaria.

Ese mismo día, en la colonia Santín Carlos Rossi, fallecía otro interno atado a una silla y con quemaduras. La Academia Nacional de Medicina del Uruguay lanzó un comunicado que tilda de “aberrantes” los hechos ocurridos. La presidenta de ASSE, Susana Muñiz, y el director de las colonias, Osvalo Do Campo, fueron entonces convocados por la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los fallecimientos.

En el Medioevo

La muerte de Grecco, a fines del mes de marzo, corrió como reguero de pólvora en los medios de comunicación nacionales y locales. Las autoridades actuaron inmediatamente. Se erradicó a los cerca de 100 perros que había en las colonias y se trasladaron a los pacientes más vulnerables a pabellones recientemente restaurados. Manotazos de ahogado necesarios, pero insuficientes.

Tanto en las colonias, como en el Hospital Psiquiátrico Vilardebó ubicado en Montevideo, la vulneración de los derechos de los usuarios son moneda corriente.

Mordeduras de perros, condiciones poco higiénicas, sobremedicación, aplicación de tratamientos invasivos sin consultar a los usuarios, muertes violentas, entre tantas otras, encabezan la lista de las denuncias que las organizaciones sociales realizan hace años.

Ubicadas en el departamento de San José, a 70 kilómetros de Montevideo, las colonias en cuestión albergan a 850 internos que comparten la ausencia de familia, casa y trabajo. Ergo: son pobres y están totalmente aislados de la sociedad. El promedio de estadía es de 20 años, tal es así, que llegan a considerar a la institución como su casa. Una vez que les dan el alta, no tienen a dónde ir.

Ángel Valmaggia, psiquiatra jubilado y ex director de las colonias en el 2005, contó que “todos los pacientes terminan pareciéndose”. La institución los uniformiza a través de la “internación prolongada”, “la desidia” y “la desocialización”. Adentro de las colonias, el paciente psiquiátrico “siempre empeora su situación”, remató Valmaggia. Según él, del total de internos, sólo 20 deberían realmente estar allí. El resto es apto para vivir en comunidad.

Las colonias fueron concebidas como centros de rehabilitación, pero más bien son centros de castigo. Por estadística, la mayoría de los internos mueren allí.

Los olvidados

Según los expertos, los funcionarios también se las ven negras. Las colonias cuentan con 1.050 funcionarios, y un ausentismo muy elevado. “Están trabajando en un ambiente siniestro, la gente se enferma y no va más”, sentenció el psicólogo Sebastián Batista, integrante de la organización social Asamblea Instituyente por la Salud Mental, Desmanicomialización y Vida Digna (AI).

Con el revuelo mediático que generaron las muertes violentas, las colonias ya tienen la marca de vergüenza nacional. A la sociedad uruguaya no le quedó más remedio que enterarse de lo que padecen los “locos” y olvidados. Esos que es mejor tenerlos lejos de la ciudad y del centro de atención. Valmaggia lo resumió así: “en diez años de gobierno de izquierda, Tabaré Vázquez y Pepe Mujica le han dado derechos a todas las minorías, menos a los pacientes psiquiátricos”.

Desde la AI, integrada por psicólogos, usuarios y familiares, coinciden en que los usuarios de salud mental no son contemplados dentro de las políticas de discapacidad. “Si te fijás en las leyes internacionales que ratifica Uruguay, hay como un acuerdo tácito de no hablar del tema”. A pesar de que las colonias le cuestan al Estado uruguayo 2.400.000 dólares mensuales, ninguno de los expertos reconoce que en estos últimos años se hayan realizado cambios realmente significativos en la calidad de vida de los usuarios. Como declararon los integrantes de la AI: “estas instituciones responden a una búsqueda sanitarista. No son terapéuticas, por lo que no han resuelto el problema de los pacientes”.

¡Qué locura!

La Organización Mundial de la Salud dio plazo hasta el año 2020 para que se cierren las colonias psiquiátricas del mundo entero. Uruguay todavía tiene vigente la Ley de Asistencia al Psicópata de 1936; y una puja de larga data entre intereses de los diferentes sectores del área por el cierre de las colonias, y el uso de tratamientos invasivos.

Según Valmaggia, “ha faltado voluntad política de cambio”. El psiquiatra relató que para encarar una transformación efectiva los usuarios se deben internar en hospitales generales, porque los hospitales psiquiátricos de atención monovalente no hacen más que estigmatizar al paciente. Además, tienen que vivir en residencias de no más de 15 personas, y formar cooperativas de trabajo y vivienda. En resumen: la rehabilitación va de la mano con su inserción en la comunidad. Esto implica necesariamente “una transformación cultural que nos abarca a todos”, agregó la psicóloga Susana Burgos, integrante de la AI.

Así mismo, un nuevo paradigma de la atención en salud mental debe permitir alternativas a la rehabilitación, una visión más integral y priorizar los derechos de los usuarios. Con el cierre de las colonias, el presupuesto que tienen podría ser derivado a “tratamientos comunitarios”, ejemplificó Valmaggia.

A partir de la muerte de Grecco, el Ministerio de Salud Pública de Uruguay está trabajando con profesionales del área, usuarios y familiares de cara a la nueva Ley de Salud Mental. Las organizaciones sociales no dan tregua: exigen un cronograma de cierre de las colonias psiquiátricas y del Hospital Viardebó; así como la creación de un órgano revisor que vele por los derechos de los usuarios. Hasta que no lo vean con sus propios ojos, no van a parar.

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El Cambur

Confidencial Colombia

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