Por Tania Chacón

En América Latina y el Caribe, 36 millones de personas carecen de agua potable. Además, 110 millones de habitantes de zonas rurales en la región no cuentan con acceso a servicios de saneamiento aceptables. Esto ocurre a pesar de que el acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano, reconocido por la ONU como un componente esencial para el disfrute de todos los derechos humanos. Es solo gracias al trabajo de 145 mil organizaciones comunitarias que 70 millones de personas en Latinoamérica y el Caribe tienen acceso al agua para consumo humano y doméstico. A estas pequeñas organizaciones les dan vida los gestores y gestoras comunitarios del agua.

En este contexto, llega el VIII Encuentro Latinoamericano de Gestión Comunitaria del Agua, el cual se llevará a cabo en Oaxtepec, Morelos. El evento tiene el objetivo de continuar el diálogo y las propuestas enfocadas a mejorar la gestión comunitaria del agua, y de esta manera más personas en América Latina puedan tener acceso al servicio para mejorar su calidad de vida. El Encuentro también tiene la intención de crear vínculos, aprendizajes, y apoyo entre gestores y gestoras comunitarios de todo el continente.

La gestión comunitaria del agua es la labor que ejercen miembros de una comunidad para administrar su sistema de agua, volverlo sustentable, y proteger sus fuentes de agua. De acuerdo con Fundación Avina, uno de los organizadores del VIII Encuentro, este trabajo contribuye a disminuir la brecha de acceso al agua y al saneamiento que existe en las poblaciones rurales y periurbanas.

La Asamblea General de la ONU estableció desde el 28 de julio de 2010 que toda persona tiene derecho al acceso, disposición, y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible, y asequible. Con físicamene accesible se refiere a que los servicios de agua potable y saneamiento deben encontrarse dentro o cerca del hogar, centro académico o de trabajo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la fuente de agua debe encontrarse a menos de mil metros o estar a menos de 30 minutos de tiempo de desplazamiento.

Sin embargo, sobran ejemplos de que esto no es así. Por ejemplo, en la zona rural del municipio de Rionegro, ubicado en Santander, Colombia, las escuelas cancelan constantemente sus clases porque los niños no pueden utilizar los baños. Para abastecer Rionegro y otros municipios de la zona, el cuerpo de bomberos debe acudir diariamente a la localidad para llevar agua potable. Durante la temporada de sequía, cuando las olas de calor llegan a esta comunidad, se secan las fuentes de agua que surten los sistemas de acueducto.

En México, los habitantes de las comunidades que viven en el municipio Felipe Carrillo Puerto, en el estado de Quintana Roo, han tenido que realizar sus propios pozos para abastecerse de agua, debido a que instalar tuberías es imposible porque la zona es de difícil acceso. Y en Iztapalapa, en la Ciudad de México, donde hay un problema de desabasto grave, en muchas ocasiones las mujeres deben esperar durante la noche para poder tener recipientes con agua.

El Artículo 4º de la Constitución Política Mexicana establece el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable, y accesible. El mismo artículo decreta que el Estado será responsable de garantizar este derecho.

Escenarios como estos se repiten a lo largo de la región, y es en este marco que el VIII Encuentro Latinoamericano de Gestión Comunitaria del Agua se realizará el 15, 16 y 17 de noviembre de este año en Oaxtepec, Morelos. Se trabajará a partir de cuatro mesas temáticas y la realización de seis talleres. Contará con la participación de 40 empresas vinculadas al agua, y gestoras y gestores comunitarios de al menos 17 países.

El evento es organizado por la Confederación Latinoamericana de Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento (CLOCSAS), la Fundación Cántaro Azul, El Colegio de México (Colmex), El Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua (IMTA), la Fundación Avina; coorganizado por el gobierno del Estado de Morelos, la Comisión Estatal del Agua de Morelos (CEAGUA), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA); y auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Avina Americas, Cooperación Española Agua y Saneamiento, Nestlé y Grupo Modelo.