Desde hace un par de semanas el caso Florence Cassez, ciudadana francesa condenada a 60 años de cárcel por ser cómplice del delito de secuestro en México, ha vuelto a ocupar los titulares de los principales periódicos en ambos lados del Atlántico. El reciente rechazo del amparo interpuesto por la joven ha sido motivo de duras críticas de parte del gobierno francés, que en voz de su ministra de asuntos exteriores, Michèle Alliot-Marie*, y del presidente de la República, Nicolás Sarkozy, ha condenado la decisión de las autoridades mexicanas al tiempo que ha cuestionado la naturaleza del sistema de justicia en México. Alliot-Marie declaró que su compatriota fue víctima de una “denegación de justicia” y que la decisión tendría consecuencias importantes para la relación bilateral. La canciller francesa se ha convertido en una de las principales defensoras del caso (fue ella quien provocó que el embajador mexicano, Carlos de Icaza, abandonará la tribuna del senado francés luego de que en una sesión de homenaje a América Latina evocará nuevamente el asunto) y tiene motivos de sobra para hacerlo. La oposición exige su dimisión desde hace un par de semanas, a raíz de la encendida polémica desatada tras la revelación de sus vacaciones navideñas en Túnez y sus presuntos vínculos con Aziz Miled, empresario tunecino con quien el padre de la funcionaria cerró recientemente un atractivo negocio inmobiliario y personaje cercano al ex dictador Zine el Abidine Ben Ali. Por su parte, el presidente Sarkozy insistió en que Francia “no abandonará” a la joven de 34 años y, desde su visita a México en marzo de 2009 ha ejercido una abierta presión diplomática sobre México para lograr que cumpla su condena en su país de origen según lo previsto en la Convención de Estrasburgo.[1]

Esta postura fue respaldada por una buena parte de la clase política francesa, que sostuvo la necesidad de explorar todas las alternativas jurídicas posibles a fin de ayudar a Cassez. Incluso líderes de oposición como Martine Aubry, dirigente del Partido Socialista, reprobaron el fallo. Aubry expresó su “consternación” por el caso y conminó a las autoridades locales encabezadas por su partido a no participar en las celebraciones del “Año de México en Francia”. Éste último es –o, mejor dicho, era– una feria cultural dedicada a México que incluía más de 350 manifestaciones a lo largo y ancho del hexágono. Después de que el presidente Sarkozy anunciará que las actividades celebradas en el marco del “Año de México” se dedicarían a su compatriota, el gobierno mexicano decidió suspenderlo. Desde entonces la situación se ha convertido en un auténtico drama en donde las declaraciones de ambas partes han contribuido a agravar la crisis diplomática.

El caso ha sido objeto de una amplia y bien orquestada campaña mediática en Francia; con frecuencia, Cassez es presentada como la víctima de un sistema de justicia caracterizado por la corrupción y la impunidad y se insiste en que las condiciones de su detención no están claras –un montaje televisivo reprodujo la irrupción de la policía en el rancho donde se encontraba la banda de secuestradores a la que pertenecía el novio de la francesa. No hay maquillaje que pueda ocultar el hecho de que el sistema de justicia mexicano está descompuesto: es parcial y elusivo, se cometen una gran cantidad de violaciones a los derechos humanos y prevalece la impunidad. Sin embargo, Francia se equivocó. La actitud “arrogante” –como la calificó el Nobel de literatura francés, Jean-Marie Le Clézio- del presidente Sarkozy hacia México en su reclamo sobre el caso es sumamente irresponsable pues toca fibras sensibles en materia de autonomía e, incluso, puede ser contraproducente para lograr su objetivo (al menos uno de ellos): la repatriación de Cassez. El gobierno francés ha adoptado una actitud de confrontación abierta que pretende doblegar a su contraparte mexicana –varios periódicos franceses se refieren al asunto como el “bras de fer entre la France et le Mexique”[2]-, que ha dañado su imagen internacional, lastimado la relación bilateral y, por supuesto, el “orgullo nacional” de México. El centrista François Bayrou advirtió que la postura de Francia era peligrosa para Cassez, pues “todos los mexicanos se sienten insultados” y, a mi juicio, tiene algo de razón. No sorprende que las reacciones del lado mexicano dejen ver una gran dosis de nacionalismo.

Las causas o motivaciones que explican la arrogancia y empecinamiento del mandatario galo con la situación de Florence Cassez parecerían casi incomprensibles de no ser por el momento electoral en el que se encuentra –de cara a los comicios de mayo de 2012 el presidente francés ha reactivado también otros temas con claras motivaciones electorales, como el rechazo a la inmigración y el debate sobre el Islam en Francia– y porque gusta de involucrarse en forma activa y a menudo personal en las decisiones de política exterior de su país. No es la primera vez que Sarkozy despliega importantes esfuerzos diplomáticos para lograr la liberación de sus conciudadanos; recuérdense, por ejemplo, los casos de Ingrid Betancourt, Clotide Reiss y Nazak Afshar –las últimas dos encarceladas en Irán– y su intervención para lograr la liberación de cinco monjas búlgaras y un médico de origen palestino después de ocho años de detención en Libia.

La incógnita más delicada de este caso se presenta en la ponderación de sus consecuencias para la relación bilateral, cuya primera víctima fue el extinto “Año de México en Francia”. Algunos analistas anticiparon la crisis afirmando que este fracaso era previsible pues desde hace casi dos años el affaire Cassez ha contaminado la relación bilateral, como lo muestra el que, durante la fase preparatoria de la celebración del “Año de México”, las autoridades francesas mostraron poca voluntad en relación con el proyecto –por ejemplo, en la negociación de los espacios que se otorgarían a México.[3] Predecible o no, lo cierto es que México hizo bien en retirarse –a pesar de los costos económicos que la decisión implica y de las críticas que le ha merecido. Lo más probable es que este diferendo diplomático no sea más que un episodio temporal y sin duda innecesario que enfriará la relación bilateral, por lo menos hasta las elecciones del próximo año. Por el momento, lo más conveniente es “darle tiempo al tiempo”: permitir que las aguas se calmen y avanzar en la reparación del daño, en la medida de lo posible.


*El 27 de febrero de 2011 Alliot-Marie renunció al cargo de Ministra de Asuntos Exteriores ante el escándalo público provocado por haber aceptado unas vacaciones regaladas por un empresario tunecino cercano al entonces presidente Zine El Abidine Ben Ali. [Nota del editor]

[1] Este recurso ha sido rechazado por las autoridades mexicanas, argumentando diferencias entre las legislaciones pues, en caso de ser repatriada, la pena se reduciría a 20 años, la condena máxima en Francia. Además la Convención de Estrasburgo estipula como uno de los requisitos para un traslado el consentimiento previo del Estado requerido. Véase el Comunicado de la SER al respecto, disponible en:

http://www.sre.gob.mx/csocial/contenido/comunicados/2011/feb/cp_047b.html

[2] La expresión bras de fer hace referencia al juego de las “vencidas”, que consiste en una competición de fuerza, brazo contra brazo.

[3] Jean Meyer, “La crisis era muy previsible” en Vanguardia. Disponible en: http://www.vanguardia.com.mx

y Gonzalo Almeyda Torres, “La cancelación del Año de México en Francia: crónica de un fracaso anunciado” en Los hijos de la malinche. Disponible en: http://www.loshijosdelamalinche.com